La Ley de Responsabilidades Políticas de 1939: Represión y Legado Franquista

Clasificación del Documento

Este es un texto de naturaleza jurídico-política, una fuente primaria y un documento público. Fue promulgada el 9 de febrero de 1939, en un momento en que Cataluña había caído en manos de los nacionales y la Guerra Civil estaba prácticamente terminada. Fue publicada unos días después en el BOE del bando nacional de Burgos.

El autor es colectivo: el gobierno del nuevo Estado totalitario, aunque el impulsor principal de la ley fue el propio Franco. El objetivo de la ley era establecer y sancionar las responsabilidades políticas y penales de todos aquellos que habían pertenecido o colaborado con el bando republicano, o que no habían apoyado la sublevación del 18 de julio. Estaba dirigida a todos aquellos que habían estado en el bando de la República (los llamados «rojos»).

Examen Detallado de la Ley

En febrero de 1939, a punto de finalizar la guerra, el bando nacional promulgó esta ley con la intención, como se señala en el preámbulo, de ajustar cuentas con todos aquellos que en su momento defendieron la legalidad republicana o no apoyaron el golpe militar.

Se indicaba, además, la composición de los tribunales encargados de juzgar a estas personas: miembros del ejército, jueces afines y miembros del partido único. En el artículo primero, se señalaba a todos los responsables de actuar en contra del llamado Movimiento Nacional.

Esta ley violaba el principio jurídico de no retroactividad, ya que consideraba punibles actuaciones anteriores a su promulgación que en ese momento no constituían delito alguno. Más aún, pretendía encausar a todos aquellos que no se adhirieron al golpe del 18 de julio o no se mostraban entusiasmados con el nuevo régimen.

En el artículo 2º declaraba ilegales todas las organizaciones políticas y sociales que no habían contribuido al inminente triunfo del Movimiento Nacional, haciendo especial mención de las que integraban el Frente Popular o se consideraban separatistas. Por último, las consecuencias para los anteriormente citados serían la pérdida de todos sus derechos y bienes.

Contexto Histórico

Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936, se abrió un período de absoluta inestabilidad, marcado por el enfrentamiento y la violencia política. Al mismo tiempo, desde Pamplona, el general Mola, en contacto con el general Sanjurjo, exiliado en Lisboa, y otros generales, estaba preparando un golpe de Estado contra la República.

El alzamiento tuvo lugar el 18 de julio y contó con el apoyo de la Falange, los tradicionalistas y los monárquicos. Ante el fracaso del golpe en las principales ciudades españolas y la imposibilidad de tomar Madrid, el enfrentamiento derivó en una larga y cruenta guerra civil que duró casi tres años, y en la que los sublevados fueron ocupando la mayor parte del territorio nacional.

En esos momentos (febrero de 1939), la guerra estaba llegando a su fin. Cataluña había caído; días antes, las principales autoridades republicanas, encabezadas por el presidente Manuel Azaña, habían cruzado la frontera francesa, seguidas de varios cientos de miles de personas rumbo al exilio. Contra ellos, el propio presidente del Gobierno, el doctor Negrín, que unos días después regresó en avión a Alicante en un último e inútil intento por vincular la guerra de España con la que estaba a punto de comenzar en Europa: la suerte de la República estaba ya echada.

Valoración Crítica

El final de la guerra no trajo la paz a todos los españoles, sino la imposición de la victoria militar que sirvió de justificación para promulgar leyes como esta, la cual fue la base jurídica en la que se fundamentó la represión ejercida por el nuevo régimen contra todos sus adversarios políticos.

Su ambigüedad permitió encarcelar y ejecutar a miles de personas por el simple hecho de haber estado comprometidas con organizaciones no afines al Movimiento Nacional, antes y durante la guerra, y presentaba la paradoja de considerar «rebelión militar» la no adhesión al golpe de julio de 1936.

Esta ley fue derogada en 1969, pero su espíritu siguió vigente hasta la muerte del dictador en 1975, porque la represión fue un elemento consustancial al régimen franquista.