Cuestiones Universitarias en el siglo XIX: libertad de cátedra y poder en España

Contexto Histórico: Las Cuestiones Universitarias en España

El siglo XIX en España estuvo marcado por importantes tensiones políticas y sociales, que se reflejaron directamente en el ámbito universitario. Las llamadas "Cuestiones Universitarias" son un claro ejemplo de la pugna entre la libertad de cátedra y el control estatal y religioso sobre la educación.

Cronología de las Cuestiones Universitarias

• 1864-1865: Primera Cuestión Universitaria, que culminó con la expulsión de Emilio Castelar y Nicolás Salmerón de sus cátedras.
• 1868: Revolución Gloriosa y aprobación de la libertad de cátedra.
• 1874: Restauración Borbónica.
• 1875: Segunda Cuestión Universitaria, con un Real Decreto que anuló la libertad de cátedra y decretó la enseñanza católica y monárquica.

El Artículo 170 de la Ley Moyano: Marco Legal del Profesorado

La Ley de Instrucción Pública de 1857, conocida como Ley Moyano, establecía el marco legal para el profesorado. Su artículo 170 era particularmente relevante en lo que respecta a la estabilidad laboral y la libertad de expresión de los docentes:

"Ningún Profesor podrá ser separado sino en virtud de sentencia judicial que le inhabilite para ejercer su cargo, o de expediente gubernativo, formado con audiencia del interesado y consulta del Real Consejo de Instrucción Pública, en el cual se declare que no cumple con los deberes de su cargo, que infunde en sus discípulos doctrinas perniciosas, o que es indigno por su conducta moral de pertenecer al Profesorado."

En la época de la Ley Moyano, prevalecían los derechos y deberes del profesorado en materia de educación. Sin embargo, la figura de la reina Isabel II se convirtió, a ojos de los intelectuales, en una monarca inadecuada. Además de estos rumores, como reina no se mostró imparcial en ningún momento, como se esperaba de los jefes de Estado, sino que se inclinó hacia las convicciones de los liberales moderados. Durante el gobierno de estos, se alió con ellos para tomar medidas que, a la larga, forzarían la revolución.

La Primera Cuestión Universitaria (1864-1867)

Durante la década de 1860, muchos catedráticos, ejerciendo su libertad de cátedra, expresaron críticas contra la reina y su postura parcial. Estas opiniones se publicaron en la prensa, creando un estado de opinión que molestó a los liberales conservadores, a quienes defendía la reina.

Las doctrinas de los krausistas, de los demócratas y de los llamados "economistas" habían generado una verdadera oposición liberal en la Universidad, desafiando el statu quo político y educativo.

El origen de la Primera Cuestión Universitaria se remonta a la Real Orden de 1864, dictada por Alcalá Galiano como Ministro de Fomento. Esta orden aludía a las numerosas quejas recibidas sobre la impartición de "doctrinas perniciosas" en la Universidad. La caída de Isabel II comenzaba a materializarse, y la monarca, junto con los liberales conservadores, pretendía prohibir a los catedráticos que participaran en cuestiones políticas, argumentando que eran funcionarios del propio Estado y, por lo tanto, no podían estar involucrados en temas políticos.

En 1866 se aprobó un Real Decreto que prohibía a los catedráticos participar en cuestiones políticas, reforzando la idea de que eran funcionarios del Estado. A principios de 1867, la campaña de progresistas y demócratas contra el trono se intensificó. El Gobierno, para contrarrestarla, promovió un movimiento de adhesión a la persona de la reina por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas.

Entre ellas, el rector y las autoridades del distrito universitario de Madrid enviaron un escrito de adhesión, instando a todos los catedráticos a unirse a este homenaje. Cincuenta y siete profesores se abstuvieron, argumentando que el Real Decreto de 1866 lo prohibía. El resultado fue la expulsión de estos hombres del funcionariado público, utilizando el artículo 170 de la Ley Moyano como argumento para justificar su cese.