Marco Jurídico de la Libertad de Empresa y la Intervención Pública en la Economía Europea

La Libertad de Empresa en el Ordenamiento Jurídico

El modelo de economía de mercado se asienta en la libertad de empresa, la cual, junto a la propiedad privada, constituye un pilar fundamental del orden económico. La libertad de empresa se consagra en el artículo 38 de la Constitución Española (CE).

No obstante, esta libertad está condicionada y limitada por otros preceptos constitucionales, como la protección a los consumidores, la salvaguarda del medio ambiente, la distribución de la renta y la intervención de empresas por razones de interés general.

Se configura como una manifestación del derecho de libertad reconocido en el artículo 1.1 CE, gozando de una protección especial que se manifiesta en:

• El carácter restrictivo de las medidas limitativas de la libertad.
• La exigencia de que dichas medidas sean proporcionadas a los fines que se pretenden alcanzar.
• El sometimiento al principio de igualdad.

En todos los Estados miembros de la Unión Europea se observa la intervención pública en el ámbito económico. El derecho a la libertad de empresa se configura en una doble vertiente:

• Constitucional: Se garantiza la libertad empresarial para el mantenimiento del sistema de economía social de mercado.
• Individual: Se reconoce dicha libertad como un derecho subjetivo que asiste a todo ciudadano, oponible frente a los poderes públicos. Su regulación debe realizarse mediante ley, respetando siempre su contenido esencial. Asimismo, comprende la libertad de cesación de la actividad o de salida del mercado, incluyendo el cierre patronal.

Modelo Actual de Intervención Pública en la Economía

La crisis económica ha propiciado un nuevo modelo de intervención pública, caracterizado por la privatización y la liberalización de los servicios. Se observa un intervencionismo distinto, donde el Estado asume un rol de regulador del mercado y de sus reglas, si bien persisten muchas fórmulas del modelo anterior.

En este contexto, se habla de la desregulación (o desreglamentación), entendida como el conjunto de medidas orientadas a dinamizar la actividad económica mediante la eliminación de restricciones y limitaciones que obstaculizan el libre desarrollo empresarial.

La reestructuración normativa no implica la desaparición del Derecho, sino la sustitución de unas normas por otras, lo que a menudo incrementa la densidad normativa: más regulaciones para solventar las problemáticas que el mercado puede generar.

La reciente crisis económica ha puesto en tela de juicio muchos paradigmas. Herramientas de intervención casi olvidadas en Europa han sido recuperadas para evitar el colapso del sector financiero, lo que a su vez impone la modernización de la Administración pública.

El Mercado Interior Europeo y la Intervención Comunitaria

Las exigencias del Derecho comunitario han ejercido una influencia significativa en el modelo de Estado. La consecución de un auténtico mercado interior europeo demanda una política económica y monetaria común, así como una intervención normativa en la ordenación de actividades económicas para garantizar su correcto funcionamiento.

Los servicios públicos están adquiriendo una dimensión transnacional, correspondiendo a las instituciones de la Unión Europea la responsabilidad de garantizar su adecuado funcionamiento. El ordenamiento jurídico comunitario se caracteriza por su carácter intervencionista en la creación de normas.

La actual situación de crisis ha impulsado la creación de mecanismos propios de intervención en diversos sectores. Las medidas comunitarias, encaminadas a establecer un mercado único europeo, buscan eliminar las barreras que dificultan la efectividad de la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales.