Marco Jurídico de la Responsabilidad Empresarial y Recargo de Prestaciones de Seguridad Social
Incompatibilidad entre Responsabilidad Penal y Administrativa
El principio de Non bis in ídem rige la imposibilidad de sancionar los mismos hechos en diferentes órdenes jurisdiccionales, siempre que exista identidad de sujeto, de hecho y de fundamento.
- No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento. Este principio se conoce como Non bis in ídem.
- En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la Administración remitirá las actuaciones al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador.
- De no haberse estimado la existencia de ilícito penal, la Administración continuará el expediente sancionador.
Recargo de Prestaciones de Seguridad Social
Marco Normativo
El recargo de prestaciones se regula principalmente por:
- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), específicamente en sus artículos 123.1 y 123.2.
- Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (REPROSOS).
Características del Recargo
- Es una responsabilidad exclusiva del empresario.
- Consiste en un recargo de entre un 30% y un 50% de las prestaciones de Seguridad Social que tengan causa en contingencias profesionales, debido a defectos o faltas de medidas de seguridad en la empresa.
- No es mercantilmente asegurable.
- Posee una naturaleza mixta: actúa como indemnización para el trabajador y como sanción para el empresario.
Artículo 164 LGSS: Recargo de las Prestaciones Económicas Derivadas de Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional
El Artículo 164.1 de la LGSS establece que:
Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por:
- Equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones.
- Cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.
Requisitos para la Aplicación del Recargo de Prestaciones
Para que proceda la aplicación del recargo de prestaciones, deben concurrir los siguientes requisitos básicos:
- Se debe producir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.
- Que la víctima tenga derecho a percibir prestaciones económicas por la Seguridad Social, como la Incapacidad Permanente Total (IPT) o la Incapacidad Permanente Absoluta (IPA).
- Existencia de un incumplimiento en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) por parte del empresario.
- Relación causal entre la omisión de medidas de seguridad y el resultado lesivo.
Determinación del Porcentaje y Procedimiento de Recargo
Procedimiento de Imposición
El procedimiento para la imposición del recargo de prestaciones sigue los siguientes pasos:
- Se inicia con un informe-propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que debe contener:
- a) Los hechos y circunstancias concurrentes.
- b) Las disposiciones infringidas.
- c) Las causas concretas de las enumeradas en el artículo 164 de la LGSS.
- d) El porcentaje que considere procedente aplicar.
- Se da traslado del informe al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en calidad de órgano competente para la imposición del recargo de prestaciones. El INSS seguirá el procedimiento administrativo pertinente, confirmando, modificando o dejando sin efecto el recargo propuesto.