Nulidad de Pleno Derecho de los Actos Administrativos en España

La Nulidad de Pleno Derecho de los Actos Administrativos

En casos excepcionales, un acto administrativo antijurídico puede ser considerado nulo de pleno derecho, lo que implica una ineficacia radical. A continuación, se exponen las causas de nulidad según el artículo 47.1 de la Ley 39/2015:

Causas de Nulidad de Pleno Derecho

Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los siguientes casos:

1. Lesión de derechos y libertades constitucionales: Esta causa, exigida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, protege los derechos fundamentales.
2. Dictados por órgano manifiestamente incompetente: Se refiere a la incompetencia por razón de la materia o del territorio, no a la jerárquica, que es subsanable.
3. Contenido imposible: Se refiere a la imposibilidad material de cumplimiento, no a la jurídica, que equivaldría a la ilegalidad.
4. Infracción penal: Actos que constituyen o son consecuencia de una infracción penal.
5. Falta de procedimiento: Actos dictados sin seguir el procedimiento legalmente establecido o sin las reglas esenciales para la formación de la voluntad de órganos colegiados.
6. Adquisición de facultades o derechos sin requisitos: Actos que otorgan facultades o derechos sin cumplir los requisitos esenciales para su adquisición.
7. Disposición legal expresa: Cualquier otra causa establecida expresamente en una ley.

Efectos de la Nulidad de Pleno Derecho

La declaración de nulidad de pleno derecho tiene los siguientes efectos:

• Ineficacia desde el principio: El acto es ineficaz desde su origen, sin necesidad de declaración expresa.
• Recurrible en todo tiempo: La acción de nulidad no prescribe.
• Insubsanable: La infracción que causa la nulidad no puede ser subsanada, aunque el acto puede convertirse en otro distinto según el artículo 50 de la Ley 39/2015.
• Efectos retroactivos (ex tunc): La nulidad elimina cualquier efecto del acto, como si nunca hubiera existido.