Objeción de Conciencia Judicial y Desobediencia Civil: Límites y Justificación
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Objeción de Conciencia Judicial
La objeción de conciencia judicial es un caso especial de objeción de conciencia en el que los jueces pueden negarse a aplicar una ley con la que discrepan profundamente por motivos de conciencia.
Principio de Legalidad y Obligación de los Jueces
En un Estado de derecho, rige el principio de legalidad, que establece que todos los poderes públicos, incluidos los jueces, están sometidos a la ley y no pueden situarse por encima de ella. Para los jueces, esto implica la obligación de adoptar la ley como criterio para resolver las controversias que se les presentan.
Sin embargo, los jueces también están obligados a juzgar, sin poder rehusar el ejercicio de la función jurisdiccional, incluso en casos de oscuridad o insuficiencia de la ley.
Objeción de Conciencia y Autonomía Moral
Como agentes morales autónomos, los jueces pueden tener razones de peso para negar obediencia a un derecho que consideran injusto.
Desobediencia Civil
A diferencia de la objeción de conciencia, los actos de desobediencia civil pretenden un cambio en la norma en cuestión.
Características de la Desobediencia Civil
- Acto político con intención de cambiar políticas públicas.
- No busca evitar el cumplimiento de una norma, sino que nadie esté obligado a cumplirla.
- Eminentemente pública, con el objetivo de llamar la atención sobre la injusticia de la norma.
Estrategia de Lucha Política
La desobediencia civil es una estrategia de lucha política que se inscribe en el marco de los movimientos ciudadanos que propugnan un cambio de la legislación por medios no institucionales, pero pacíficos.
Justificación Jurídica de la Desobediencia Civil
La peculiaridad de la desobediencia civil frente a la objeción de conciencia es que apela a un sentimiento de justicia ampliamente compartido en la sociedad, que puede haber encontrado acogida en el orden jurídico como un principio constitucional básico.
Sin embargo, si la desobediencia civil no entra dentro de estos supuestos, es más difícil de justificar jurídicamente, ya que no se puede esperar que el ordenamiento jurídico permita la vulneración de sus preceptos como medio para conseguir su reforma.
La desobediencia a la ley normalmente acarrea perjuicios a otros o a la sociedad, y el Estado está legitimado para impedirlos, especialmente si existen suficientes posibilidades legales para instar un cambio en el orden jurídico.