Organización Territorial y Terrorismo en la Transición Española
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El Estado de las Autonomías en la Transición Española
La Constitución recogía y regulaba la nueva organización autonómica, aunque contenía muchos aspectos ambiguos porque dejaba sin resolver la distribución de competencias.
La descentralización del Estado dio paso a un nuevo mapa político formado por 17 comunidades autónomas más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La Constitución contemplaba dos vías de acceso a la autonomía: la del artículo 151 para las nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia). Esta vía permitía alcanzar mayores cuotas de autogobierno y a ella podían acceder otras comunidades si lo respaldaba la mayoría de la población. Este fue el caso de Andalucía. El artículo 143 sería el usado por el resto de las regiones cuyo techo competencial sería menor. El paso del tiempo ha dado lugar a problemas cada vez más complejos que se han reflejado en los recursos constantes al Tribunal Constitucional por parte del Estado central y de las Comunidades.
El Terrorismo Durante la Transición Española
La transición no fue pacífica. La violencia estuvo presente durante todo el proceso a través de grupos de extrema derecha y de extrema izquierda. La extrema derecha actuó contra personas e intereses de la izquierda y de ETA con el apoyo encubierto de la policía. Destacaron los Guerrilleros de Cristo Rey, la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista) y el Batallón Vasco Español. La extrema izquierda estuvo representada por ETA, FRAP y GRAPO, aunque también hubo grupos locales de carácter terrorista en Canarias, Cataluña, Galicia, Asturias y Andalucía. Estos grupos practicaron todo tipo de asesinatos, atentados y secuestros que hicieron coincidir con los momentos clave de la transición. Entre diciembre de 1976 y febrero de 1977 el GRAPO mantuvo secuestrados al teniente general Villaescusa y a Oriol y Urquijo (carlista) mientras ETA intensificaba su actividad en coordinación con Herri Batasuna y la extrema derecha asesinaba a cinco abogados laboralistas en la calle Atocha de Madrid.
Entre 1975 y 1983 murieron cientos de personas, algunas víctimas de la represión institucional; pero la gran mayoría por la violencia terrorista, especialmente de ETA.
El ministro de UCD, Juan José Rosón, facilitó la reinserción de presos y el gobierno negoció con ETA, cuya rama político militar se disolvió en 1982. La acción de las fuerzas de seguridad del Estado se reforzó con la policía autónoma vasca y con la legislación antiterrorista, pero falló la colaboración con Francia.