La Potestad Jurisdiccional: Fundamentos y Legitimación en el Estado Democrático
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La Potestad Pública y la Legitimación de la Jurisdicción
La superación de la resolución de conflictos por la fuerza fue dando paso a una progresiva asunción por parte del Estado de la creación y el control de los órganos de resolución. Ha existido un desarrollo progresivo del Estado y de la jurisdicción que el mismo ha asumido. El fundamento o legitimación de la jurisdicción no puede buscarse en ideas teocráticas o autocráticas.
En la actualidad, el principio de división de poderes, como idea esencial del sistema democrático, la jurisdicción es por sí misma un auténtico Poder del Estado: el más alto poder de decisión dentro del Estado y el que sirve como control de la legalidad en las decisiones de los otros dos Poderes.
Si la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los Poderes del Estado, y si la justicia emana del pueblo, hemos de preguntarnos por qué el pueblo español ha otorgado a los Juzgados y Tribunales el monopolio de la justicia.
Modelos Históricos de Legitimación de la Jurisdicción
Históricamente se han desarrollado varias tesis:
A) La Justicia Popular
Con la aparición del Estado liberal, el primer sistema de designación popular fue el de la elección popular; para borrar la idea de una justicia de individuos dependientes del poder real y a su servicio, las primeras revoluciones fomentaron la participación popular directa o a través de representantes.
El sistema dio lugar a la creación del jurado y la justicia popular.
a) El Jurado
Constituye la fórmula más perfecta de participación popular en la justicia, pues a través de él los ciudadanos asumen directamente la función jurisdiccional. El jurado se encuentra previsto en el artículo 125 de la CE.
b) La Justicia Popular (Representativa)
Es una fórmula bastante menos democrática de participación, ya que el papel de los ciudadanos en la jurisdicción se realiza a través de la representación. Los integrantes del Poder Judicial son igualmente elegidos por quien ostenta la soberanía popular.
B) La Designación Ministerial
La legitimación democrática se establece confiando al Ministro de Justicia la selección y promoción de los jueces, ya que, en un sistema democrático, el Ministro es responsable de sus actos ante el Parlamento.
La independencia judicial no solo debe predicarse frente a la sociedad y a las partes, también respecto de los demás Poderes del Estado.
C) La Legitimación a Través del Proceso
El proceso no constituye la causa o fin en sí mismo de la jurisdicción, sino el instrumento para la correcta aplicación del Derecho objetivo a los conflictos concretos.