El Procedimiento Administrativo Común: Fases, Principios y Normativa de la Ley 39/2015

Contexto Histórico y Marco Normativo

El Procedimiento Administrativo Común experimentó una profunda transformación tras 23 años de aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el marco del compromiso de la Administración Pública española con la modernización —a través de las nuevas tecnologías, herramientas informáticas y, fundamentalmente, telemáticas—, se hacía necesaria una reforma integral para impulsar y consolidar las relaciones electrónicas con la ciudadanía.

Con este objetivo se publicaron la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Debido a su complejidad técnica y organizativa, ambas normas entraron en vigor el 2 de octubre de 2016.

Concepto y Doble Función de Garantía

El procedimiento administrativo se define como el conjunto ordenado de trámites a través del cual la Administración dicta un acto administrativo.

Cumple una doble función de garantía:

• Para la propia Administración: actúa como instrumento para asegurar la eficacia, legalidad y objetividad de su actuación.
• Para los ciudadanos: comprende una serie de trámites destinados a proteger de forma efectiva los derechos e intereses legítimos de los interesados.

Principios Generales del Procedimiento

De acuerdo con la Ley 39/2015, tanto la Administración Pública como las personas interesadas deben actuar bajo el respeto de los siguientes principios:

• Publicidad.
• Oficialidad.
• Claridad y empleo de medios electrónicos.
• Simplificación administrativa.
• Carácter contradictorio e igualdad de las personas interesadas.
• Transparencia y derecho de información.
• Participación de la ciudadanía.
• Flexibilidad del procedimiento.
• Caducidad del procedimiento.

Fases del Procedimiento Administrativo

1. Iniciación

El procedimiento administrativo puede iniciarse de dos formas:

• De oficio: por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
• A solicitud de la persona interesada: mediante la presentación de la solicitud dirigida a la Administración Pública.

En la solicitud deberá especificarse el medio electrónico o, en su defecto, el lugar físico en el que se desea que se practique la notificación. Dicha solicitud puede presentarse a través del registro electrónico de la Administración a la que se dirija o en el de cualquier entidad integrada en el sector público.

Cómputo de Plazos

Los plazos en los procedimientos se computan por horas, días, meses y años. Como regla general, para el cómputo de plazos fijados por horas se consideran únicamente los días hábiles (cualquier día de la semana excluyendo sábados, domingos y festivos) y, dentro de ellos, las 24 horas que les correspondan.

Silencio Administrativo

Cuando la Administración Pública no resuelve de forma expresa ni notifica dentro del plazo legal frente a una petición o reclamación, se produce el silencio administrativo, el cual puede operar con carácter positivo o negativo.

2. Instrucción

Los actos de instrucción son aquellos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución. Para conocer de forma fehaciente el asunto, la LPAC regula las siguientes actuaciones:

• Alegaciones: argumentos esgrimidos por los interesados para sustentar y defender sus pretensiones.
• Prueba: actuaciones practicadas dentro del periodo fijado por el instructor con el fin de acreditar hechos relevantes.
• Informes: valoraciones técnicas o jurídicas dirigidas al órgano que debe resolver; pueden clasificarse en preceptivos (obligatorios) o facultativos (no obligatorios).
• Trámite de audiencia: fase que permite a las personas interesadas consultar el expediente íntegro antes de dictarse la propuesta de resolución, facilitando la formulación de alegaciones definitivas.
• Información pública: exposición general del expediente abierta a la consulta de cualquier persona, interesada o no, para que aporte observaciones o consideraciones jurídicas y personales.

3. Finalización

El procedimiento administrativo concluye por:

• Resolución: dictada de forma electrónica, contendrá la decisión motivada de la Administración e indicará los recursos pertinentes, el órgano ante el cual interponerlos y el plazo aplicable.
• Terminación convencional: acuerdos o pactos formalizados entre la Administración y los interesados.
• Imposibilidad material: derivada de causas sobrevenidas.
• Desistimiento: manifestación de voluntad que afecta únicamente a la solicitud planteada.
• Renuncia: dejación formal que extingue el derecho material en el que se sustentaba la solicitud.
• Declaración de caducidad:
  • En procedimientos iniciados de oficio: opera por el vencimiento del plazo máximo previsto sin notificación de resolución expresa.
  • En procedimientos iniciados a solicitud del interesado: se declara si se produce la paralización por causa imputable al solicitante durante un periodo de tres meses.

Tramitación Simplificada

La Ley 39/2015 incorpora como novedad la regulación de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, aplicable cuando concurran razones de interés público o una evidente falta de complejidad material en el asunto.