La Proclamación de la Segunda República Española: Crisis y Transformación
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La situación histórica que precedió a la proclamación de la Segunda República en España estuvo marcada por una serie de acontecimientos que incluyeron la dictadura de Primo de Rivera y la crisis económica mundial de los años treinta.
La Dictadura de Primo de Rivera y la Crisis Económica
La dictadura de Primo de Rivera, que se mantuvo hasta 1930, se apoyó inicialmente en un período de prosperidad económica durante la segunda mitad de la década de 1920. Sin embargo, esta política de modernización económica llevó a una gran generación y acumulación de deuda pública, lo que resultó en una mala coyuntura económica cuando la crisis de 1929 golpeó a nivel mundial.
La retirada del apoyo de Alfonso XIII a Primo de Rivera en 1930 condujo a su dimisión, pero los intentos de restaurar el sistema parlamentario fracasaron con los gobiernos sucesivos de Berenguer y Aznar. Mientras tanto, los partidos de oposición, bajo el Pacto de San Sebastián en 1930, incluyeron a republicanos, autonomistas catalanes, socialistas y anarquistas, buscando un cambio político en el país.
La caída de la monarquía se precipitó tras las elecciones municipales de abril de 1931, donde los partidos monárquicos fueron derrotados y las candidaturas republicanas triunfaron en las grandes ciudades. Este movimiento popular llevó a la proclamación de la República el 14 de abril de 1931, con la abdicación de Alfonso XIII y su exilio en Italia.
Impacto de la Crisis Internacional en España
La crisis económica internacional de los años treinta, especialmente evidenciada por el crack de la bolsa de Nueva York en 1929, tuvo impactos en España, aunque menos severos que en otros países debido a su economía relativamente cerrada. Sin embargo, la contracción del comercio exterior, el colapso de las inversiones extranjeras y la interrupción de los flujos migratorios contribuyeron a la situación de desempleo y crisis interna.
Desafíos de la Segunda República
Durante la Segunda República, los principales desafíos internos incluyeron el descontento de terratenientes y capitalistas, así como la radicalización y conflictividad social de campesinos y obreros. Las políticas gubernamentales de reducción del gasto público y reformas laborales afectaron la industria pesada y la confianza empresarial, aunque beneficiaron a los trabajadores en términos de salarios y condiciones laborales.
La Constitución de 1931: Un Hito en la Democracia Española
Las nuevas Cortes designaron una Comisión Constitucional encargada de redactar un proyecto de constitución. Tras tres meses de debates intensos, especialmente en temas como el sufragio femenino y cuestiones religiosas, se aprobó el nuevo texto constitucional el 9 de diciembre de 1931, con la oposición de los partidos de derechas, los sectores católicos y los grupos republicanos más moderados. La nueva Constitución tuvo un marcado carácter democrático y progresista.
Principios Fundamentales de la Constitución
- Definió al Estado español como "una República de trabajadores de toda clase".
- Estableció un Estado integral, no federal, que permitió a algunas regiones obtener un estatuto de autonomía.
- Consagró el principio de soberanía popular, una forma republicana de gobierno y una clara división de poderes.
Organización del Poder
- Ejecutivo: Conformado por el gobierno, elegido cada 4 años. Introdujo el cargo de presidente de la República, elegido cada 6 años, con atribuciones limitadas.
- Legislativo: Representado por una sola Cámara elegida cada 4 años.
- Judicial: En manos de los tribunales de justicia, con garantías constitucionales.
Derechos y Libertades Fundamentales
La declaración de derechos fue extensa, incluyendo:
- Libertad de expresión, reunión y asociación.
- Igualdad de género.
- Derecho al voto de las mujeres (sufragio universal, secreto y directo).
- Separación Iglesia-Estado y libertad de culto.
- Prohibición de la participación de la Iglesia en la industria, comercio y enseñanza.
- Reconocimiento de los matrimonios civiles y el divorcio.
Con esta Constitución desaparecieron los títulos nobiliarios y los privilegios de clase. El Estado dejó de financiar a la Iglesia en un plazo de dos años.