Reforma Agraria de la Segunda República: expropiaciones y contexto histórico

Descripción del Documento

El documento presenta inicialmente tres artículos de la Ley de Reforma Agraria de la Segunda República Española. Estos artículos informan sobre el proceso de expropiación de tierras que se llevaría a cabo con el respaldo del Instituto de Reforma Agraria (IRA). Las tierras susceptibles de expropiación procederían de:

• Aquellas ofrecidas voluntariamente por sus propietarios, previa evaluación exhaustiva por parte del IRA.
• Aquellas tierras que no fuesen compradas para ser cultivadas, sino con fines especulativos o para percibir rentas.
• Aquellas tierras consideradas incultas o deficientemente cultivadas, cuya expropiación permitiría alcanzar un mayor y más permanente rendimiento.

Más adelante, el documento incluye fuentes historiográficas, concretamente unas tablas comparativas sobre las expropiaciones y asentamientos campesinos durante las dos fases principales de la Reforma Agraria:

• Primera fase (Bienio Progresista, bajo el gobierno de Azaña): Se expropiaron 116.837 hectáreas y se asentaron 12.260 familias campesinas.
• Segunda fase (Gobierno del Frente Popular, 1936): Se ocuparon 572.055 hectáreas y se asentaron 110.921 familias.

Las tablas muestran la contundente diferencia en el volumen de tierras expropiadas y campesinos asentados entre ambos períodos. Estas diferencias son aún más significativas considerando la distinta duración de ambas fases (la segunda fue mucho más breve pero intensa).

Valoración Histórica

Este documento aborda uno de los problemas estructurales de la Historia de España: la cuestión de la tierra y el acceso a su propiedad, fundamental dada la preponderancia de la economía agraria en España hasta mediados del siglo XX.

Contexto Histórico del Problema Agrario

La existencia de latifundios en España se remonta a la época romana, pero su consolidación se vio reforzada por procesos históricos como la Reconquista y la formación de los señoríos en la Edad Moderna. Ya el pensamiento ilustrado señaló la necesidad de una reforma agraria, aunque entonces no pasó de ser una propuesta teórica.

Durante los gobiernos liberales progresistas del reinado de Isabel II, la cuestión se planteó con mayor firmeza. Sin embargo, las reformas liberales (como las desamortizaciones) desaprovecharon la oportunidad de modernizar el sector agrario, consolidando el poder de los grandes latifundistas e impidiendo el acceso a la propiedad para muchos campesinos. Esto generó una profunda "hambre de tierras" y una enorme conflictividad social, manifestada en movimientos como el carlismo y el anarquismo agrario.

La Reforma Agraria Republicana y sus Consecuencias

Mejorar la situación en el campo era crucial, teniendo en cuenta que en 1931 todavía la mitad de la población activa española trabajaba en la agricultura. La proclamación de la Segunda República en 1931 despertó grandes esperanzas de cambio.

La Reforma Agraria, junto con la cuestión religiosa, fue uno de los proyectos republicanos que generó mayores oposiciones en las Cortes, pero también el que despertó más ilusiones entre amplios sectores de la población, especialmente jornaleros y pequeños arrendatarios.

Sin embargo, su lenta aplicación inicial no satisfizo las altas expectativas creadas, lo que favoreció la inclinación de los campesinos sin tierra hacia posiciones más radicales y revolucionarias. Paralelamente, su aplicación efectiva, especialmente en los latifundios del sur, provocó la firme oposición de las clases propietarias.

Esta tensión agraria fue, sin duda, uno de los factores que contribuyeron a la polarización política, al fin de la República y al estallido de la Guerra Civil (1936-1939). Durante el conflicto, en la zona republicana se impulsaron procesos de colectivización de la tierra.

Tras la victoria franquista en 1939, la legislación agraria republicana fue derogada y las tierras expropiadas fueron devueltas a sus antiguos propietarios, revirtiendo los cambios impulsados durante el período republicano.