Reformas y Política en España Durante la Segunda República (1931-1936)
Secularización del Estado
La Iglesia Católica, con una influencia considerable, experimentó una limitación de su poder durante la Segunda República. En 1930, el clero sumaba 114,000 personas, representando 1 religioso por cada 493 españoles, la cifra más alta del mundo después de Italia. El gobierno republicano destinaba el 2% del presupuesto nacional a la Iglesia, que además controlaba gran parte de la enseñanza primaria y secundaria.
El nuevo gobierno implementó una serie de medidas dirigidas a la secularización del Estado, que incluyeron:
- Libertad de culto.
- Supresión del presupuesto del culto y del clero.
- Ley del divorcio y matrimonios civiles.
- Secularización de los cementerios.
- Disolución de la Compañía de Jesús, dedicada a la educación, con obediencia exclusiva al Papa y propiedades susceptibles de ser nacionalizadas.
Política Autonómica
La Constitución de 1931 promovía la descentralización del Estado. En este contexto, se negoció y aprobó el Estatuto de Cataluña el 24 de septiembre de 1932. Este reconocía a Cataluña:
- Amplia autonomía administrativa, educativa y lingüística.
- Control de las administraciones locales, del orden público y las obras públicas.
En el mismo espíritu descentralizador, se inició la tramitación de los proyectos de autonomía para el País Vasco (aprobado en octubre de 1936, durante la Guerra Civil) y Galicia. Sin embargo, las fuerzas políticas de derecha, la Iglesia y el ejército percibieron estos estatutos como una amenaza a la integridad de España.
Política Económica
El gobierno de Azaña, a diferencia del presidente norteamericano Roosevelt, no tuvo una política económica definida para afrontar la crisis económica, posiblemente debido a la magnitud y urgencia de los problemas que enfrentaba.
No obstante, el ministro de Obras Públicas, el socialista Indalecio Prieto, desarrolló un ambicioso plan que incluía:
- La construcción de grandes estaciones terminales de ferrocarriles en Madrid.
- Numerosas obras hidráulicas, como el trasvase Tajo-Segura.
Las estaciones se construyeron, proporcionando empleo a los desempleados de la capital, pero los planes hidráulicos, que requerían más tiempo, no pudieron completarse.
Reformas Sociales y Laborales
Estas reformas fueron impulsadas por el ministro de Trabajo, el socialista Largo Caballero. Entre las medidas más destacadas se encuentran:
- Reducción de la jornada laboral en el campo.
- Extensión de los seguros sociales.
- Establecimiento de la jornada de 40 horas semanales.
- Ley de Términos Municipales: obligaba a los patronos a contratar trabajadores de la localidad, evitando así el recurso a esquiroles o a obreros de otros pueblos con salarios más bajos.
- Ley de Jurados Mixtos: herederos de los Comités Paritarios de la Dictadura, compuestos por patronos y obreros (de UGT) para mediar en conflictos y evitar huelgas.