Reformas y Tensiones Religiosas en España a Inicios del Siglo XX

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El Fracaso del Revisionismo y la Ley del Candado

El sistema de la Restauración entró en crisis tras el desastre colonial de 1898, dando lugar al Regeneracionismo. Desde dentro del sistema, los partidos políticos adoptaron posturas regeneracionistas. Antonio Maura defendió la idea de hacer “una revolución desde arriba” para evitar que se la hicieran desde abajo. José Canalejas, por su parte, abogó por una política reformista de corte más social. Sin embargo, su prematura muerte dejó al Partido Liberal sin liderazgo y sin la posibilidad de profundizar en las reformas que había propuesto.

Reformas de Maura y Canalejas

Los gobiernos de la primera década del siglo XX habían iniciado una política revisionista, tratando de solucionar los problemas del sistema de la Restauración, pero defendiendo su validez. Maura, del Partido Conservador, inició en 1902 una serie de reformas entre las que destacan:

  • Legislación laboral sobre accidentes.
  • Condiciones de trabajo de mujeres y niños.
  • Descanso dominical.
  • Ley de huelga.
  • Creación del Instituto Nacional de Previsión, que iniciaría la implantación de seguros sociales colectivos.

El gobierno de Maura también aprobó la Ley de Reforma Electoral, que establecía que en las circunscripciones con un solo candidato, este quedaría proclamado sin necesidad de celebrar elecciones, una reforma que terminó facilitando la manipulación electoral. Tras su dimisión, como consecuencia de la represión ejercida tras la Semana Trágica de Barcelona y el fusilamiento de Francisco Ferrer i Guardia, Canalejas emprendió una serie de reformas de contenido más social:

  • Aprobación de la jornada de 9 horas.
  • Regulación del trabajo de la mujer.
  • Eliminación de los impuestos de consumos.
  • Ley de Reclutamiento, que hacía el servicio militar obligatorio en caso de guerra.
  • Propuesta de Ley de Mancomunidades.

La Ley del Candado y la Controversia Religiosa

Otra ley propuesta por Canalejas fue la Ley del Candado. Esta ley desató una fuerte controversia social, liderada por el abogado y periodista Ángel Herrera Oria desde la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, fundada en 1909 para movilizar a los católicos, y su periódico El Debate. En realidad, los ataques a Canalejas habían comenzado antes de proponer esta ley, cuando el gobierno autorizó a otras confesiones religiosas a exhibir sus símbolos en sus sedes y cuando propuso regular el matrimonio civil. Se acusó a Canalejas de querer descatolizar España y de estar al servicio de la masonería. En realidad, lo que él pretendía era “una regulación jurídica que separe la esfera propia del Estado de la esfera propia de la Iglesia”, es decir, unas relaciones más modernas entre la Iglesia y el Estado.

El Fin del Turno Pacífico

El intento de revisionismo llevado a cabo durante estos primeros años del siglo XX fue un fracaso. Los dos partidos dinásticos, tras la muerte de sus líderes, no fueron capaces de ponerse de acuerdo y el turno pacífico, que les había mantenido en el poder desde 1875, se rompió definitivamente a partir de 1912. La muerte de Canalejas impidió que se aprobara la Ley de Asociaciones y, por tanto, la Ley del Candado quedó sin vigencia en dos años.

Conclusiones: La Iglesia y el Estado en el Siglo XX

La Ley del Candado es un ejemplo de secularización “templada” que fracasó tanto por la muerte de Canalejas como por la intransigencia de los católicos y la Santa Sede, cuyo enfrentamiento con el gobierno llevó a la retirada del embajador español ante el Vaticano. Este fue solo el primer capítulo de otros enfrentamientos sobre el papel de la Iglesia que se repetirían, con mucha más virulencia, en el siglo XX: la Segunda República y la Guerra Civil. Durante el franquismo, la Iglesia volvió a tener ese predominio social e ideológico que la confesionalidad religiosa del Estado le había proporcionado durante la Edad Contemporánea en España. Hubo que esperar a la Constitución de 1978 para limitar ese papel, aunque el conflicto a propósito de la educación, el divorcio, el aborto y el matrimonio homosexual sigue abierto, y se sigue manteniendo un presupuesto estatal para sostener el culto y el clero católicos.

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