Reformas Territoriales, Agrarias y Educativas en la Segunda República Española
Reformas Territoriales y Estatutos de Autonomía
La aprobación de un Estatuto de Autonomía en Cataluña el 9 de septiembre de 1932 concedió una gran autonomía política, dentro del Estado español, a dicho territorio, estableciendo instituciones históricas y propias como el Parlament y la Generalitat.
Por otro lado, se produjo la elaboración de un proyecto de Estatuto de Autonomía para el País Vasco entablado entre el PNV y los carlistas en junio de 1931, similar al catalán, pero que no se vería aprobado hasta octubre de 1936.
Oposición a las Reformas Territoriales
Las reformas territoriales de estos Estatutos de Autonomía suscitaron la frontal oposición de los partidos de derecha y la desaprobación de intelectuales como Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset. Además, el sentimiento anti-autonomista se vio más arraigado en el Ejército, que consideraba que la unidad de la patria empezaba a estar amenazada.
El gobierno republicano de derechas aplicó con rigor su modelo centralista y unitario, paralizando la tramitación parlamentaria de los proyectos de estatutos vascos, gallegos y andaluces.
La Cuestión Social y Agraria (CSA)
Para el primer gobierno republicano, otra de las tareas inaplazables y prioritarias era la resolución del problema social y agrario que arrastraba el país. Históricamente, los intentos de resolver el problema social se habían realizado con una condición previa: el mantenimiento de los intereses de las oligarquías.
En 1931, la población activa era de 8,5 millones, de las cuales más de la mitad trabajaban en la agricultura, sometidas a las nuevas condiciones laborales injustas. La injusta distribución de la propiedad de la tierra se había convertido en un problema estructural en un país predominantemente agrario.
Medidas Laborales y Agrarias
- Aprobación del Decreto de Términos Municipales el 20 de abril de 1931, que obligaba a los patronos a contratar a jornaleros del propio término municipal, según el orden de inscripción en el registro de desempleo; de ese modo se intentó mejorar de inmediato las condiciones de trabajo de los asalariados, especialmente de los temporeros.
- Aprobación de la Ley de Contratos de Trabajo de 1931, que reguló la negociación colectiva sindicato-patronal, y la Ley de Jurados Mixtos, que instauró la mediación vinculante entre empresarios y trabajadores cuando hubiera falta de acuerdo.
- Implantación de la semana laboral de 40 horas; creación y potenciación de la Seguridad Social; reforzamiento del papel de los sindicatos agrícolas en la contratación de los jornaleros.
- En 1932 se aprobó la Ley de Bases de la Reforma Agraria, que permitía la expropiación sin indemnización de las tierras (las deficientes, cultivadas y regadas, o las arrendadas sistemáticamente) de una parte de la nobleza, y su entrega a los campesinos que previamente habían solicitado y pujado a través del IRA (Instituto para la Reforma Agraria).
Fracaso y Oposición a la Reforma Agraria
La ley de la reforma agraria resultó un fracaso por la lentitud de su aplicación y sus escasos resultados: se expropiaron muchas menos hectáreas de las previstas y se asentaron muchos menos campesinos de los que se precisaban. El resto de la legislación reformista de carácter laboral contó con la radical oposición de los grandes propietarios agrícolas, que realizaron acciones de boicot con tal de dificultar el proceso expropiador.
El resultado fue una decepción generalizada entre el campesinado y un creciente enfrentamiento en vías de la República ante la no satisfacción de la prometida Reforma Agraria.
Posteriormente, se paralizó la ley de Reforma Agraria y se redujo drásticamente el presupuesto del IRA, anulando las expropiaciones que se habían hecho a los campesinos, y se aprobó un Decreto de libertad de contratación que supuso un descenso de los salarios de los jornaleros.
La Cuestión Educativa y Cultural (CE)
La reforma educativa y cultural del primer gobierno de la República trataba de extender por primera vez en nuestra historia el derecho a la educación de toda la población española, estableciendo un modelo de escuela mixta, obligatoria y gratuita.
A comienzos de los años 30, la tasa de analfabetismo era del 40%, y la educación estaba en manos de la Iglesia católica, que monopolizaba prácticamente la enseñanza primaria y secundaria.
Logros y Conflictos Educativos
- Impulso del Programa de construcción de escuelas y contratación de maestros, incrementándose el Presupuesto de educación en un 50%.
- Supresión de la religión como asignatura obligatoria en el currículo escolar.
Se construyeron cerca de 10 000 escuelas y se crearon más de 7000 plazas nuevas de maestros con mejores salarios. Además, el establecimiento de la religión como asignatura voluntaria agudizó el soterrado enfrentamiento del régimen republicano con la Iglesia católica.
Finalmente, se paralizaron las reformas educativas, anulando la enseñanza mixta, amén de devolver a las órdenes religiosas sus atribuciones en la enseñanza.