La Regencia de María Cristina: Transición del Absolutismo al Liberalismo en España (1833-1837)

La Regencia de María Cristina: El Difícil Camino hacia el Estado Liberal (1833-1837)

La regencia de María Cristina de Borbón, iniciada tras la muerte de Fernando VII en 1833, se vio marcada por un contexto de profunda inestabilidad política y social en España. Aunque inicialmente su gobierno se inclinaba hacia el absolutismo, la inminente Primera Guerra Carlista y la creciente presión de diversos sectores exigían reformas urgentes.

Primeros Intentos de Reforma y el Estatuto Real de 1834

Para afrontar la crisis, el jefe de gobierno, Francisco Cea Bermúdez, intentó reformar el Estado manteniendo los principios del absolutismo. Dentro de estas reformas, se replanteó la administración territorial de España, y Francisco Javier de Burgos llevó a cabo la célebre división provincial que aún hoy perdura.

Sin embargo, la demanda de una reforma política más profunda por parte de distintos sectores del Estado llevó a la regente a destituir a Cea. En su lugar, nombró a Francisco Martínez de la Rosa, un liberal moderado, con el objetivo de impulsar las reformas necesarias para asegurar el apoyo de los liberales.

El 19 de abril de 1834, se redactó el Estatuto Real, un texto articulado que regulaba la convocatoria a Cortes Generales del reino. Estas Cortes no eran tradicionales, pues representaban un punto intermedio entre el absolutismo y el liberalismo. El Estatuto establecía dos cámaras con carácter consultivo y sin iniciativa legislativa propia, aunque con derecho de petición. Estas cámaras, que limitaban el poder absoluto de la regente, eran:

• Estamento de Próceres: cuyos miembros (senadores) eran designados directamente por la reina.
• Cámara de Procuradores: elegidos por sufragio censitario.

Los procuradores pronto se diferenciaron en dos facciones políticas: los moderados y los progresistas.

La Presión Progresista y las Reformas de Mendizábal

La insatisfacción con el gobierno de Martínez de la Rosa creció. Los procuradores y otros sectores liberales, incluida la influyente Milicia Urbana, intensificaron la presión para poner fin a su mandato. María Cristina cedió a estas presiones y nombró un nuevo gobierno, encabezado por el moderado Conde de Toreno.

No obstante, las revueltas populares se extendieron, y la regente, nuevamente, optó por un cambio de gobierno, llamando a un progresista: Juan Álvarez Mendizábal. Mendizábal aceptó el cargo con el objetivo primordial de consolidar el Estado liberal. Para ello, implementó una serie de medidas cruciales:

• Medidas militares: destinadas a fortalecer el ejército y ganar la Primera Guerra Carlista.
• Medidas para desmantelar el Antiguo Régimen: entre las que destacó la desamortización eclesiástica, fundamental para financiar la guerra y crear una base social de apoyo al liberalismo.

Sin embargo, estas ambiciosas reformas encontraron una fuerte oposición por parte de los próceres y los moderados, quienes forzaron la dimisión de Mendizábal.

El Pronunciamiento de La Granja y la Constitución de 1837

Tras la caída de Mendizábal, la regente nombró a Francisco Javier de Istúriz, un moderado, cuya gestión volvió a polarizar la sociedad entre moderados y progresistas. La tensión culminó en una serie de levantamientos.

Los progresistas y la Milicia Nacional de Madrid se rebelaron contra la regente, destacando el célebre pronunciamiento de los sargentos de La Granja. Este levantamiento militar forzó a María Cristina a restablecer la Constitución de 1812 mediante el decreto del 13 de agosto de 1836.

Inmediatamente, María Cristina destituyó a Istúriz y nombró jefe de gobierno a un progresista, José María Calatrava. Calatrava se propuso eliminar definitivamente el absolutismo, restableciendo la legislación de 1812 y del Trienio Liberal. En septiembre de ese mismo año, se convocaron elecciones que culminaron en la promulgación de una nueva Constitución el 18 de junio de 1837.

Esta Constitución, de corte progresista, buscaba integrar a ambas tendencias liberales. Establecía una clara división de poderes: el ejecutivo residía en el monarca, y el legislativo era compartido entre el rey y las Cortes. Contaba con dos cámaras:

• El Congreso de los Diputados.
• El Senado, cuyos miembros eran nombrados por la Corona.

La Constitución de 1837 marcó un hito en la consolidación del Estado liberal en España, sentando las bases para el desarrollo político de las décadas siguientes.