Reserva de Ley y Principio de Legalidad en el Derecho Administrativo

Reserva de Ley y Principio de Legalidad

Reserva de Ley

La reserva de ley significa que la regulación principal de una materia debe ser establecida por el Parlamento a través de una ley, como respuesta a los abusos del poder ejecutivo. La remisión normativa es una llamada de la ley a la Administración para que esta dicte una normativa complementaria. El producto de la delegación es un reglamento con valor propio.

Algunos ejemplos de normas con reserva de ley recogidos en la Constitución Española son:

• El matrimonio (artículo 32.2 CE)
• El Estatuto de los Trabajadores (artículo 35.2 CE)
• El respeto del contenido esencial de los derechos y libertades del Capítulo II del Título I (artículo 53.1 CE)

Distinguimos dos tipos de reserva de ley:

• Reserva de ley material: establecidas por la Constitución.
• Reserva de ley formal: establecidas por la propia ley.

Tipos de Reservas de Ley

Existen dos tipos principales de reservas de ley:

• Reserva de ley absoluta: La materia debe estar regulada completamente por ley (ej. Derecho Penal, delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente). El Reglamento que comparte regulación con la ley se denomina complemento técnico indispensable.
• Reserva de ley relativa: La ley establece la regulación sustancial importante y puede autorizar al Reglamento para que colabore en la regulación. El Reglamento debe estar vinculado positivamente por la ley, es decir, la ley predetermina su contenido (ej. derecho administrativo sancionador).

Además, existen otros dos tipos de reserva:

• Reserva ordinaria de ley: La Constitución establece que una materia esté regulada por normas con fuerza de ley, que pueden ser leyes formales, Decretos leyes o Decretos legislativos.
• Reserva reforzada de ley: Las normas que regulan la materia deben estar contenidas necesariamente en una ley formal de las Cortes Generales.

La ley autonómica siempre debe cumplir con la reserva de ley.

Principio de Legalidad

El principio de legalidad establece que toda actuación del poder público debe estar habilitada por una ley. Se aplica al poder ejecutivo y judicial, ya que el Parlamento (poder legislativo) crea las leyes y no está vinculado a ellas. Para el Parlamento se aplica el principio de constitucionalidad. Los Parlamentos autonómicos están limitados por la Constitución, sus Estatutos de Autonomía y la legislación básica del Estado en materias de competencia compartida.

El principio de legalidad se entiende como principio de juricidad, lo que significa que el ordenamiento jurídico no está compuesto solo por leyes, sino también por otras fuentes del Derecho como los Reglamentos. Por tanto, la Administración está vinculada a las leyes y a los Reglamentos que habilitan sus actuaciones. El poder judicial también está vinculado a las leyes y a los Reglamentos.