Resolución de conflictos de atribuciones en la Administración Estatal, autonómica y local

Resumen

El documento explica quién resuelve los conflictos de atribuciones entre órganos de la Administración Pública según el nivel al que pertenezcan. Distingue los casos de la Administración Estatal, la Autonómica y la Local, indicando en cada uno el superior jerárquico común competente. Sirve para entender cómo se aplican estos criterios en la práctica administrativa.

Puntos clave

Entre órganos del mismo Ministerio resuelve el superior jerárquico común, que en el caso del ministro es él mismo para sus órganos.
Entre órganos de distintos Ministerios de la misma Administración Estatal resuelve el Presidente del Gobierno (Ley 50/1997, art. 2, letra L).
En la Administración Autonómica, entre órganos de una misma Conselleria resuelve el Consejero o Conseller; entre órganos de distintas Consellerias, el Presidente del Gobierno autonómico.
En la Administración Local, la Ley 7/1985 (art. 50) distingue tres supuestos de resolución de conflictos.
Entre entidades locales de distinta Comunidad Autónoma resuelve la Administración Estatal a través del Ministro para las Administraciones Públicas.

Ponte a prueba

Conflictos respecto a órganos de la Administración Estatal

Se establece que, cuando el conflicto se plantee entre órganos que pertenecen al mismo Ministerio, quien resuelve es el órgano superior común. El superior jerárquico común lo disponen las propias normas que regulan la Administración Estatal. Por ejemplo, al ministro le compete la resolución de conflictos de atribuciones en órganos que sean del mismo Ministerio.

Si el conflicto se presenta entre órganos que forman parte de distintos Ministerios, pero que pertenecen ambos a la misma Administración Estatal, resuelve el superior jerárquico común, que en este caso es el Presidente del Gobierno (Ley 50/1997, art. 2, letra L).

Conflictos de la Administración Autonómica

Si el conflicto se presenta entre órganos de una misma Conselleria, resuelve el superior jerárquico común que en las leyes autonómicas se establece, que es el Consejero o Conseller como máximo órgano jerárquico común.

Entre órganos de distintas Consellerias, resuelve el superior jerárquico común, en este caso, el Presidente del Gobierno de esa Comunidad Autónoma.

Conflictos de la Administración Local

La Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, en su artículo 50, establece los criterios de resolución de los conflictos de atribuciones. Se distinguen tres supuestos:

Conflictos entre órganos de la misma Administración Local: Resuelve el Pleno o el Alcalde/Presidente de la corporación, dependiendo de si el conflicto se presenta entre órganos colegiados de la misma Administración Local o entre miembros de esos órganos colegiados o entidades locales. En estos casos resuelve el Pleno; en el resto, el Alcalde o Presidente.
Conflictos entre órganos de distintas Administraciones Locales de la misma C.A.: Si las entidades locales pertenecen a la misma Comunidad Autónoma, serán resueltos por la Administración de la C.A., es decir, por el Presidente del Gobierno de dicha Comunidad.
Conflictos entre dos o más Administraciones Locales de distinta C.A.: Resuelve la Administración Estatal, a través del Ministro para las Administraciones Públicas, quien se encarga de las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Preguntas frecuentes

¿Quién resuelve un conflicto de atribuciones entre órganos del mismo Ministerio?

Lo resuelve el superior jerárquico común que establecen las normas que regulan la Administración Estatal. Por ejemplo, el ministro es quien resuelve los conflictos entre órganos de su mismo Ministerio.

¿Quién resuelve un conflicto entre órganos de distintos Ministerios?

Resuelve el superior jerárquico común, que en la Administración Estatal es el Presidente del Gobierno, según la Ley 50/1997, art. 2, letra L.

¿Quién resuelve un conflicto entre órganos de la Administración Local?

Según la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, art. 50, resuelve el Pleno o el Alcalde/Presidente, dependiendo de si el conflicto afecta a órganos colegiados o a miembros y entidades locales.