La Revolución Francesa: Del Jacobinismo al Directorio y el Liberalismo Económico
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La Convención Jacobina y el Directorio
El Reinado del Terror
Robespierre buscó legitimar la toma del poder por los jacobinos con una nueva constitución más radical. Esta incluía una Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la declaración de soberanía popular, pero no llegó a entrar en vigor. Se tomaron medidas en beneficio de las clases populares, como la limitación de precios en productos básicos como el pan, y se instauró un nuevo calendario revolucionario inspirado en los ciclos naturales.
Los jacobinos utilizaron las amenazas internas y externas a la revolución para justificar una campaña de represión masiva dirigida por el Comité de Salvación Pública, liderado por Robespierre.
Entre 1793 y 1794, 40.000 personas fueron juzgadas y ejecutadas sumariamente bajo la acusación de traición, incluyendo a antiguos colaboradores de Robespierre como Danton. Este periodo fue conocido como "El Terror".
El Directorio
El Directorio fue un gobierno colegiado de cinco miembros que actuó represivamente tanto contra las revueltas protagonizadas por las clases populares (como la Conjura de los Iguales liderada por Babeuf) como contra los realistas. Esta situación facilitó el ascenso al poder del joven general Napoleón Bonaparte, cuyo prestigio se había forjado en las guerras contra las potencias absolutistas en Italia y en la campaña de Egipto (1798).
El Liberalismo Económico
Adam Smith propuso que la iniciativa económica debe quedar en manos de los particulares que buscan en ella acrecentar su bienestar. Consideraba que la riqueza procede del trabajo humano y no de la acumulación de metales preciosos. La única regulación necesaria para la economía sería la ejercida por lo que él llamó "mano invisible del mercado", correspondiente a la ley de la oferta y la demanda.
David Ricardo defendió las ventajas del libre cambio y propuso una división internacional del trabajo, además de la libre circulación internacional de productos agrícolas, limitada en el Reino Unido hasta 1846.
John Stuart Mill defendió el librecambismo, advirtiendo que el Estado debería intervenir en algunos aspectos como la educación, la fiscalidad y la regulación laboral para evitar potenciales estancamientos de la actividad económica.