Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 2014: Protección Jurídica del Salario y Garantías FOGASA

Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

27.1 ET: su fijación corresponde al Gobierno, que lo fija por Decreto aprobado por Consejo de Ministros, con periodicidad anual, y atendiendo a: (IPC), productividad media nacional, incrementos de la participación del trabajo en la renta nacional y coyuntura económica general. El Gobierno tiene margen de discrecionalidad, precepto único que manifiesta estas tenerlas en cuenta. Aunque la cifra así establecida lo es para 1 año, cabe revisión semestral para el caso de que no se cumplan previsiones sobre IPC. Su fijación se efectuará previa consulta con organizaciones sindicales y asociaciones empresariales representativas.

La normativa aplicable en la actualidad viene recogida en el RD 1046/2013, por el que se fija el SMI para 2014, y su importe es: mensual 645,30 €, referido siempre a jornada ordinaria de trabajo; diario 21,51 €, más complementos salariales.

Características

• Supone un nivel mínimo de retribución; la negociación colectiva o el contrato individual de trabajo pueden establecer cuantías superiores.
• Tiene carácter interprofesional, es aplicable a cualesquiera actividades.
• El SMI es inembargable en su importe íntegro, salvo que se embargue para pago de alimentos a favor del cónyuge e hijos.

Gratificación Extraordinaria

Las "pagas extraordinarias": el artículo 31 ET reconoce al trabajador derecho a 2 al año: Navidad y otra en el mes que se fije por Convenio, que también fija la cuantía de ambas y la posibilidad de disponer que su importe se prorratee a lo largo del año. Muchos Convenios, además, fijan otras a mayores.

7. Protección Jurídica del Salario. Privilegios. Inembargabilidad

1. Frente a acreedores del trabajador

Artículo 27.2: inembargabilidad del salario mínimo, que llega íntegro a manos del trabajador. Lo que excede del SMI es embargable en un 30 %; y hasta el triple del SMI en un 50 %, etc. Se exceptúa cuando se ejecute embargo para pago de alimentos a cónyuge e hijos.

2. Frente a acreedores del empresario

Ciertos salarios tienen preferencia absoluta (sobre cualquier otro crédito) o singular (sobre algunos créditos). Tras la promulgación de la LC, hay que distinguir preferencias en ausencia de concurso o en caso de concurso.

a) Empresario no declarado en concurso (art. 32 ET)

Salarios de los últimos 30 días: los trabajadores tienen preferencia absoluta sobre cualquier otro crédito, con límite del doble del SMI.

Además, los salarios impagados gozan de preferencia absoluta sobre cualquier otro crédito, respecto de objetos elaborados por trabajadores mientras sean propiedad o tengan en posesión al empresario (créditos refaccionarios).

Además, los salarios (y la indemnización por despido) están singularmente privilegiados (con límite del triple del SMI), sobre determinados créditos, excepto garantizados con derecho real (hipoteca) (art. 32.3 ET).

Limitación común a las tres reglas anteriores: el derecho de preferencia tiene plazo de prescripción de 1 año, a contar desde el momento en que debió percibirse el salario.

b) Empresario declarado en concurso

Los salarios no gozan de preferencia del art. 32 ET, quedan sometidos a la LC. Así, declarado el concurso por juez mercantil, los créditos salariales concurren con otros, quedando clasificados en 4 reglas:

• Créditos contra la masa: créditos por salarios de los 30 últimos días anteriores a la declaración de concurso (con límite del doble del SMI) y demás créditos laborales generados por ejercicio de actividad empresarial tras la declaración del concurso (y hasta que el Juez declare cese de la misma, apruebe convenio de acreedores o declare conclusión del concurso). Estos créditos se satisfacen deduciéndolos de la masa activa (conjunto de bienes y derechos que significan ganancia a la empresa; pasiva: deuda), bienes y derechos necesarios antes de pagar créditos concursales. Límites: no se pueden iniciar inmediatamente ejecuciones (salvo para salarios de los 30 últimos días) y el pago se hará con cargo a bienes no afectos a créditos con privilegio especial (art. 154 LC).
• Créditos con privilegio especial: créditos de trabajadores sobre objetos por ellos elaborados mientras sean propiedad o tengan en posesión al empresario concursado (art. 90.1.3.1 LC). Se pagarán con cargo a bienes subastados (con salvedades).
• Créditos con privilegio general: créditos por salarios que no tengan privilegio especial, indemnizaciones derivadas de extinción del contrato y demás créditos laborales devengados con anterioridad a la declaración del concurso (todos con ciertos límites) (art. 91.1 LC). Estos créditos se atienden con cargo a bienes no afectos a privilegio especial, en orden dentro del que esos créditos laborales son primeros (arts. 91 y 156 LC).
• Créditos ordinarios (art. 157 LC): se satisfacen con cargo a bienes y derechos de la masa activa que resten una vez satisfechos todos los anteriores; excepcionalmente, el juez puede autorizar su pago con antelación.

Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

Protección frente a insolvencia o concurso del empresario mediante la intervención del FOGASA, organismo autónomo que se financia con aportaciones del empresario (tipo del 0,4 % sobre base de contingencias profesionales). El artículo 33 ET atribuye al FOGASA responsabilidad:

• Subsidiaria: opera en supuestos de insolvencia y de concurso de acreedores. Aquí abonará el importe de salarios pendientes de pago, que hayan sido reconocidos en acto de conciliación o en resolución judicial, hasta un máximo de 120 días y con límite del doble del SMI, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias (a partir de 7/2012, antes 150). Alcanza a lo que sea salario. Indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de trabajadores a causa de despido o extinción de contratos conforme al artículo 50 (extinción a instancia del trabajador por causa justificada), 51 (autorizado en expediente de regulación de empleo) y 52 (extinción por causa objetiva), o de extinción conforme al artículo 64 LC (despido colectivo autorizado por el juez del concurso).

Límites: la indemnización por despido o por extinción por causa justificada se calculará a razón de 30 días/año (y no 45) y sin exceder el salario base de cálculo de la indemnización del doble del SMI, incluida la parte de pagas extraordinarias. En despido objetivo o colectivo el cálculo será de 20 días/año. En ambos, tope máximo anual.

• Directa: obligación de abono por parte del FOGASA, con independencia de que la empresa sea solvente: 1) En empresas de menos de 25 trabajadores, el FOGASA abona el 40 % (8 días) de la indemnización legalmente prevista (20 días/año), calculada con los límites antes señalados, en casos de extinción del contrato por: expediente de regulación de empleo (despido colectivo); causas económicas, técnicas, organizativas o de producción; o conforme al artículo 64 LC.

En casos de extinción del contrato por fuerza mayor, la Autoridad laboral que autorice los despidos puede decidir que la totalidad o parte de la indemnización la abone el FOGASA, aunque no haya insolvencia, etc. El FOGASA tiene posibilidad de subrogarse y reclamar al empresario. Responsabilidad subsidiaria (abono de salarios e indemnización en caso de insolvencia empresarial).