La Segunda República en España
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El predominio de las Cortes sobre el Poder Ejecutivo
El presidente de la República era designado por 6 años y sus poderes quedaron muy limitados, a pesar de que podía disolver las Cortes dos veces y nombrar presidente de gobierno, que debía contar con la confianza de la cámara.
Gobierno de Manuel Azaña
Manuel Azaña constituyó un gobierno de republicanos de izquierda, independientes y socialistas que llevó adelante las siguientes reformas en el ejército:
- Modernización del ejército, subordinado al poder civil.
- Asegurar la lealtad a la República y adecuar sus efectivos a las necesidades reales del país.
- Cierre de la Academia General de Zaragoza.
- Ampliación de la justicia civil a costa de la militar.
- Prohibición de los tribunales de honor.
- Creación de la Guardia de Asalto.
- Mantenimiento de la Guardia Civil.
Leyes sobre materia religiosa
Las leyes sobre materia religiosa fueron percibidas desde el catolicismo como muestras del laicismo existente. En enero de 1932 se aprobaron leyes que autorizaban el divorcio, la secularización de los cementerios y la disolución de la Compañía de Jesús. También se limitó el ejercicio del culto católico en 1933 y se aprobó la decencia a las órdenes religiosas.
Reformas en la educación
Los afanes reformistas de la República se volcaron sobre la educación como instrumento de redención de las clases humildes y de modernización del país. Se crearon 5000 escuelas públicas al año, se formó y dignificó al profesorado y se implantó el laicismo, con la regulación de la enseñanza de la religión católica.
Reforma agraria
El injusto reparto de la propiedad de la tierra constituye uno de los problemas históricos de España. En septiembre de 1932 se aprobó la Ley de Bases para la reforma agraria que permitía la expropiación de determinados tipos de tierras con indemnización y su redistribución entre los campesinos que podían explotarlas de forma individual o colectiva. La aplicación de la ley fue lenta por su complejidad.
Estatuto de Autonomía de Cataluña
En septiembre de 1932 fue aprobado el Estatuto de Autonomía de Cataluña que dotaba a esta comunidad de un parlamento y un gobierno propios con amplias competencias sobre los gobiernos municipales, las obras públicas, el orden público y la universidad. La enseñanza era de competencia compartida y el castellano y el catalán eran lenguas cooficiales.
Conflictos sociales y violencia
Las reformas eran lentas y los conflictos sociales y los brotes de violencia se sucedieron por todo el país. La represión policial alejó a la clase obrera y parte de la izquierda de Azaña. La crisis del 29 y el aumento del desempleo generaron malestar social y conflictos, ante los cuales el gobierno se mostró impotente. Alcalá Zamora retiró su confianza a Azaña y se convocaron elecciones para noviembre de 1933.