La Segunda República Española: Constitución, Reformas, Cultura y Guerra Civil (1931-1939)

La Segunda República Española: Constitución de 1931, Política de Reformas, Realizaciones Culturales y Reacciones Antidemocráticas

En abril de 1931, las fuerzas republicanas aglutinadas en el Pacto de San Sebastián accedieron al poder tras un clamor popular que convirtió unas elecciones municipales en un plebiscito de facto sobre la continuidad de la monarquía o la instauración de una república. La Segunda República fue recibida con gran entusiasmo por amplios sectores de la población, otorgando un protagonismo destacado a intelectuales y a las clases medias. El nuevo régimen intentó abordar problemas endémicos de España como la cuestión del ejército, el papel de la Iglesia, la reforma agraria y el caciquismo. Sin embargo, desde sus inicios, la República sufrió intensas presiones tanto desde la derecha conservadora como desde la izquierda revolucionaria, experimentando notables oscilaciones electorales (victoria de las izquierdas en 1931, de las derechas en 1933, y nuevamente de las izquierdas agrupadas en el Frente Popular en 1936). Esta creciente polarización política y social agravó la situación hasta culminar en una trágica guerra civil.

La Constitución de 1931

La Constitución de la Segunda República Española fue elaborada por una comisión parlamentaria presidida por el jurista e intelectual socialista Luis Jiménez de Asúa y fue aprobada por las Cortes Constituyentes el 9 de diciembre de 1931, tras aproximadamente tres meses de intensos debates. Este documento, de carácter progresista e inspirado en otras constituciones democráticas contemporáneas como la Constitución alemana de Weimar, consagró un amplio abanico de libertades democráticas y, por primera vez en la historia constitucional española, reconoció derechos sociales, incluyendo la educación, el trabajo y la previsión social.

El artículo primero establecía que "España es una República de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia". Los poderes de todos sus órganos emanaban del pueblo, y se contemplaba la posibilidad de autonomía para municipios y regiones. Asimismo, se consagraron derechos fundamentales como la propiedad privada (aunque con la función social como límite), la libertad religiosa y de conciencia, la libertad de expresión, de reunión y de asociación, así como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. La Constitución también abolió formalmente cualquier privilegio jurídico relacionado con la clase social o la riqueza, eliminando los títulos nobiliarios desde un punto de vista legal.

Se reconocieron el matrimonio civil y el divorcio. Se planteó la posibilidad de socializar la propiedad y los servicios públicos cruciales (como tierras, minas, bancos y ferrocarriles), aunque en la práctica solo se llegaron a expropiar y nacionalizar algunos latifundios. Un avance trascendental de la Constitución fue la inclusión de la igualdad legal entre hombres y mujeres, un concepto que aún no estaba plenamente aceptado en la sociedad española de la época. Este hito se logró, tras arduos debates parlamentarios, con la aprobación del derecho al voto femenino, en gran medida gracias a la apasionada y brillante defensa de la diputada del Partido Radical Clara Campoamor, quien logró superar la resistencia de importantes sectores políticos, incluyendo figuras de los partidos de izquierda como Victoria Kent. Otros líderes como Indalecio Prieto y Margarita Nelken también tuvieron roles destacados en las discusiones parlamentarias sobre estos derechos. La Constitución de 1931 marcó un hito en la historia de España por su enfoque democrático, progresista y social.

Victoria Kent y algunas figuras del entorno "azañista" se opusieron a que las mujeres españolas asumieran de inmediato el derecho al voto, argumentando que no estaban preparadas para tal responsabilidad o que su voto podría ser fácilmente influenciado por la Iglesia. Su resistencia se fundamentaba en el temor de que las mujeres, influenciadas por la moral de la Iglesia Católica, votaran mayoritariamente por partidos conservadores, lo que podría amenazar los proyectos reformistas de la joven República. Sin embargo, los partidos de izquierda no podían sostener abiertamente esta postura de forma generalizada, ya que contradecía los principios democráticos y la inclusión de mujeres en sus propias estructuras directivas. Eran conscientes de que la nueva Constitución necesitaba alejarse de la antigua legislación canovista, marcadamente conservadora.

Las Cortes eran unicamerales, y el Congreso de los Diputados, cuyos miembros se elegían cada cuatro años mediante sufragio universal (masculino y femenino a partir de los 23 años), era el depositario del poder legislativo. Este cuerpo legislativo tenía la potestad de elegir al Presidente de la República por un período de seis años (mediante un sistema mixto con compromisarios) y era responsable de nombrar y supervisar al Presidente del Gobierno y a su gabinete.

Cuestiones Clave: Iglesia-Estado y Autonomía Regional

Dos de las cuestiones más debatidas y que generaron mayor controversia fueron las relaciones entre la Iglesia y el Estado, así como la configuración de la autonomía regional, revelando profundas discrepancias ideológicas entre las fuerzas de izquierda y de derecha. En relación con la primera, el polémico artículo 26 de la Constitución establecía una clara separación entre la Iglesia y el Estado, definiendo a este último como aconfesional (laico) y neutral en asuntos religiosos. Se disolvían las órdenes religiosas que exigieran un cuarto voto de obediencia a una autoridad distinta de la legítima del Estado (como los Jesuitas), se les prohibía la enseñanza y se nacionalizaban sus bienes. Las demás órdenes quedaban sujetas a una ley especial, y se les prohibía ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. Se suprimía la financiación estatal del clero.

Respecto a la autonomía de las regiones, la Constitución (Título I, artículo 8 y ss.) indicaba que aquellas provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes que lo desearan podían optar por constituirse en región autónoma y presentar un Estatuto. Este debía ser aprobado por la mayoría de sus ayuntamientos, contar con el respaldo en referéndum de al menos dos tercios de los electores de la región, y finalmente ser validado por las Cortes de la República. Estas reformas eran consideradas críticas para la modernización y democratización del Estado español.

La Vida Cultural de la Segunda República

A fines de los años veinte, destacados intelectuales españoles como Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset se opusieron a la dictadura de Primo de Rivera y a la monarquía de Alfonso XIII, contribuyendo con su prestigio e influencia a la llegada de la Segunda República. Algunos de ellos, como el propio Ortega y el poeta Antonio Machado, apoyaron con entusiasmo el nuevo régimen, mientras otros, como el escritor y político Manuel Azaña, ocuparon importantes cargos políticos. Sin embargo, el apoyo inicial de algunos intelectuales se fue debilitando a medida que el régimen se radicalizaba y la polarización social aumentaba. La Generación del 27 (Lorca, Alberti, Cernuda, Aleixandre, etc.) encontró en la República un contexto de libertad y efervescencia favorable para su brillante producción literaria y artística, participando activamente en iniciativas culturales como las Misiones Pedagógicas. Estas, junto con el Teatro del Pueblo, buscaron acercar la alta cultura (bibliotecas, música, teatro, cine, exposiciones de arte) a la población rural y a las clases populares urbanas, tradicionalmente olvidadas.

El Museo del Prado, bajo el Patronato de las Misiones Pedagógicas, movilizó a miles de voluntarios. Ligado al espíritu de estas misiones, surgieron compañías teatrales universitarias e itinerantes que llevaron obras clásicas y contemporáneas a pueblos y aldeas remotas, destacando entre ellas La Barraca, dirigida por Federico García Lorca. En el ámbito educativo, entre 1931 y 1936 se impulsó un ambicioso plan de construcción de escuelas: se crearon casi 17.000 nuevas escuelas para atender a cerca de un millón y medio de niños que hasta entonces no estaban escolarizados, aunque se estimaba que faltaban aún unas 10.000 más, proyecto truncado por la Guerra Civil. Se contrataron miles de nuevos maestros, se mejoraron sus sueldos (con un aumento inicial del 15-25%) y se reformaron las Escuelas Normales (centros de formación del profesorado), introduciendo métodos de la pedagogía moderna y el principio de coeducación.

Evolución Política y Social de la Segunda República

El Gobierno Provisional, presidido por Niceto Alcalá Zamora, tuvo que enfrentar episodios de violencia anticlerical (quema de conventos) poco después de asumir el poder, incluso antes de la celebración de elecciones. Convocó elecciones a Cortes Constituyentes el 28 de junio de 1931, que dieron una clara mayoría a la coalición republicano-socialista.

a) El Bienio Reformista o Social-Azañista (1931-1933)

Bajo la presidencia del Gobierno de Manuel Azaña (y Alcalá Zamora como Presidente de la República), se emprendió un amplio programa de reformas. En 1932, se promulgó la Ley de Bases de la Reforma Agraria, destinada a modernizar el campo español, limitar los latifundios y redistribuir tierras a campesinos sin propiedad, pero su compleja tramitación y lenta implementación generaron frustración entre los campesinos y fuerte descontento entre los terratenientes. También se aprobó la Ley de Términos Municipales, que obligaba a contratar preferentemente a jornaleros del propio municipio, lo que perjudicó a los trabajadores itinerantes. Ese mismo año se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña (Estatuto de Nuria), otorgándole un gobierno (Generalitat) y parlamento propios, aunque no satisfizo las aspiraciones de los sectores más separatistas. El gobierno de Azaña, aplicando el artículo 26 de la Constitución, disolvió la Compañía de Jesús en España y prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza, lo que provocó una frontal oposición de la Iglesia Católica y de los sectores conservadores, a pesar del notable incremento del presupuesto destinado a la educación pública. Se intentó modernizar y democratizar el Ejército, reduciendo el número de divisiones y oficiales y ofreciendo el retiro voluntario con sueldo íntegro, lo que fue aprovechado por muchos, pero también desató el descontento en sectores militaristas y antirrepublicanos, que vieron mermado su poder e influencia y apoyaron la sublevación de 1936. En agosto de 1932, el general Sanjurjo lideró un fallido golpe de Estado en Sevilla, conocido como la "Sanjurjada", que, aunque tuvo escasa repercusión y fue rápidamente sofocado, sentó un peligroso precedente para futuros levantamientos. En enero de 1933, una insurrección campesina de inspiración anarquista en Casas Viejas (Cádiz) fue reprimida con extrema dureza por las fuerzas de orden público, lo que provocó un gran escándalo político y contribuyó al desgaste del gobierno y a la posterior dimisión de Azaña.

b) El Bienio Radical-Cedista o Conservador (1933-1936)

En las elecciones generales de noviembre de 1933, las primeras en las que votaron las mujeres en España, los partidos de derechas y de centro obtuvieron una clara victoria. Destacó la coalición de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), liderada por José María Gil Robles, que se convirtió en la minoría más numerosa con 115 diputados (el texto original dice 217, lo cual es incorrecto para la CEDA sola, era el bloque de derechas), seguida por el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux con 102 escaños. Los partidos de izquierda sufrieron una drástica caída. Al no obtener la CEDA mayoría absoluta y ante las reticencias del Presidente Alcalá Zamora a encargarle gobierno, esta apoyó un gobierno del Partido Radical presidido por Lerroux. Este nuevo gobierno se caracterizó por la paralización o rectificación de muchas de las reformas del bienio anterior (contrarreforma agraria, amnistía para los implicados en la Sanjurjada, acercamiento a la Iglesia), lo que provocó una fuerte contestación social y una oleada de huelgas, culminando en la Revolución de octubre de 1934. Destacaron los sucesos en Cataluña, donde el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española, revuelta que fue rápidamente sofocada por el ejército.

En Asturias, la situación fue especialmente grave: la UGT y la CNT, con el apoyo del PCE (Partido Comunista de España) y otros grupos obreros, bajo el lema UHP (Uníos Hermanos Proletarios), desencadenaron una auténtica revolución social. Alrededor de 20.000 mineros y obreros armados tomaron la cuenca minera y llegaron a asediar Oviedo. Para reprimir la sublevación, que se prolongó durante unos diez días, el gobierno envió a las tropas de la Legión y Regulares desde Marruecos, bajo la dirección del general Franco. La represión fue brutal, resultando en cerca de 2.000 muertos, miles de heridos y más de 30.000 detenidos. La Revolución de 1934 fue un sangriento anticipo de la polarización y la violencia que desembocarían en la Guerra Civil de 1936. El gobierno de Lerroux se vio debilitado por varios escándalos de corrupción, como el del "Straperlo" (un caso de sobornos relacionados con el juego), y su sucesor, Portela Valladares, convocó elecciones para febrero de 1936.

c) Del Triunfo del Frente Popular al Estallido de la Guerra Civil (febrero-julio 1936)

En las elecciones del 16 de febrero de 1936, los partidos de izquierda (republicanos, socialistas, comunistas, POUM, Esquerra Republicana) se agruparon en la coalición denominada Frente Popular. Esta alianza tenía significados y objetivos distintos para sus integrantes: mientras para Azaña y los republicanos de izquierda significaba la restauración de las reformas del primer bienio y la consolidación de la democracia, para líderes socialistas como Indalecio Prieto era un paso necesario para frenar el fascismo, y para el sector más radical del PSOE, liderado por Largo Caballero, así como para los comunistas, se veía como un medio táctico para avanzar hacia una revolución de corte socialista o marxista. Las derechas, por su parte, estaban más divididas, organizándose en torno al Bloque Nacional (CEDA, monárquicos) pero sin un programa unitario claro; Lerroux y su Partido Radical estaban desprestigiados por los escándalos, y Gil Robles perdía apoyo. El Frente Popular ganó las elecciones, aunque con un margen de votos más estrecho de lo que el reparto de escaños (278 diputados frente a 138 de las derechas y 52 del centro, según datos comunes) podría sugerir, evidenciando la fuerte polarización y la considerable fuerza de ambos bandos. Manuel Azaña fue nombrado Presidente de la República tras la destitución de Alcalá Zamora por las Cortes. El nuevo gobierno, presidido por Santiago Casares Quiroga (de Izquierda Republicana), implementó rápidamente medidas como la amnistía para los presos políticos de la Revolución de 1934 y la reactivación de la reforma agraria. Azaña intentó designar a Prieto como Presidente del Gobierno para formar un ejecutivo fuerte, pero el PSOE, cada vez más radicalizado bajo la influencia de Largo Caballero, se opuso a entrar en el gobierno, dejándolo en manos de los republicanos en minoría. El clima social se enrareció progresivamente, con un aumento de la agitación, huelgas, ocupaciones de tierras y violencia política por parte de grupos de extrema izquierda y extrema derecha. La Falange Española, a pesar de ser un partido minoritario, incrementó su actividad violenta; fue ilegalizada tras un atentado y su líder, José Antonio Primo de Rivera, encarcelado. En julio de 1936, el asesinato del teniente de la Guardia de Asalto José Castillo (simpatizante socialista) por pistoleros de ultraderecha, y la subsiguiente represalia con el secuestro y asesinato del destacado líder monárquico y diputado derechista José Calvo Sotelo por un grupo de guardias de Asalto y militantes socialistas, actuaron como detonantes finales, exacerbando las tensiones hasta un punto crítico y facilitando el ya planeado alzamiento militar. El general Franco, que hasta entonces había mantenido una postura más indecisa, se unió definitivamente a la conspiración.

La Sublevación Militar y la Guerra Civil (1936-1939)

1. Los Preparativos del Alzamiento

Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, se aceleró la conspiración para un golpe de Estado, principalmente por parte de la Unión Militar Española (UME), una organización clandestina de oficiales del ejército con una ideología antirrepublicana y conservadora. El Gobierno republicano, aunque intuyó el peligro, no logró neutralizar la trama y se limitó a trasladar a algunos de los generales considerados más proclives a la sublevación, como Emilio Mola (a Pamplona), Francisco Franco (a Canarias) y Manuel Goded (a Baleares), a destinos periféricos, lo que paradójicamente facilitó la organización del golpe en algunos casos. Ya en marzo de 1936, la UME tenía un proyecto de alzamiento bastante definido, con el general Mola ("El Director") coordinando las operaciones desde Pamplona, mientras el general José Sanjurjo, exiliado en Portugal, estaba previsto como el líder máximo del movimiento. El golpe de Estado se inició el 17 de julio de 1936 en el Protectorado Español de Marruecos y se extendió a la península el 18 y 19 de julio. El fracaso parcial del golpe, que no triunfó en las principales ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, ni en importantes zonas industriales, dividió a España en dos zonas irreconciliables: la que permaneció leal al gobierno republicano y la controlada por los militares sublevados (el autodenominado "bando nacional"). Los sublevados contaban con el apoyo de una parte significativa del Ejército, especialmente las tropas de África, y de grupos civiles de derechas.

3. La Intervención Internacional en la Guerra

La Guerra Civil Española trascendió rápidamente las fronteras nacionales, enfrentando no solo a dos bandos españoles con ideologías y proyectos de sociedad radicalmente opuestos (las élites conservadoras y católicas herederas en parte de la Restauración, junto con el fascismo emergente, contra los sectores republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas que buscaban consolidar la democracia o impulsar un Estado revolucionario), sino que también se convirtió en un campo de pruebas y un prólogo de la Segunda Guerra Mundial. Al internacionalizarse el conflicto, fue percibido por la opinión pública mundial como una lucha crucial entre fascismo y democracia (o entre fascismo y comunismo, según la perspectiva). El bando nacional (sublevado) recibió una ayuda militar y material decisiva de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini, así como el apoyo de Portugal y el reclutamiento de tropas en Marruecos. El bando republicano fue apoyado militarmente de forma principal por la URSS de Stalin y, en menor medida y de forma más irregular y tardía, por Francia (especialmente durante el gobierno de Léon Blum). También contó con la solidaridad de las Brigadas Internacionales, unidades de voluntarios antifascistas procedentes de más de cincuenta países. La intervención alemana fue muy significativa, con el envío de la Legión Cóndor (aviación y unidades terrestres) y abundante material bélico, motivada por intereses geoestratégicos, económicos y la oportunidad de probar nuevo armamento y tácticas de guerra. La ayuda italiana fue también muy abundante en hombres (Corpo Truppe Volontarie) y material. La URSS se convirtió en la principal fuente de suministro de armas, asesores militares y apoyo técnico para la República, aunque a cambio de las reservas de oro del Banco de España (el llamado "Oro de Moscú") y buscando aumentar su influencia política. En agosto de 1936, a iniciativa de Francia y Reino Unido, se creó un Comité de No Intervención con sede en Londres, al que se adhirieron formalmente 27 países, incluyendo Alemania, Italia y la URSS. Sin embargo, este comité fue en la práctica una farsa, ya que las potencias fascistas y la Unión Soviética continuaron asistiendo a sus respectivos aliados de forma más o menos encubierta, mientras que las democracias occidentales mantuvieron un embargo que perjudicó principalmente a la República, gobierno legítimo de España.

Consecuencias de la Guerra Civil

Las consecuencias de la Guerra Civil Española fueron profundamente devastadoras en todos los órdenes:

• Pérdidas humanas: Las cifras son objeto de debate historiográfico, pero se estima que hubo más de medio millón de muertos (el texto original menciona "más de un millón", cifra considerada muy elevada por la mayoría de los historiadores actuales para el total de víctimas directas e indirectas), incluyendo víctimas directas en los frentes de combate, la brutal represión ejercida en ambas retaguardias (paseos, fusilamientos), bombardeos sobre la población civil, y muertes por hambre y enfermedades derivadas del conflicto. A esto se suman unos 450.000 exiliados republicanos al finalizar la guerra y un número ingente de heridos, mutilados y encarcelados (el texto original menciona 1.500.000 heridos, cifra que también varía según las fuentes).
• Pérdidas materiales y económicas: Fueron gravísimas. Hubo una drástica reducción de la producción agrícola e industrial, y cuantiosos daños en infraestructuras (viviendas, ciudades enteras, puentes, carreteras, ferrocarriles). La cabaña ganadera disminuyó considerablemente. Las reservas de oro y divisas del Banco de España fueron utilizadas por la República para adquirir armamento o se perdieron, y el país quedó sumido en una profunda crisis económica que se prolongaría durante la larga posguerra.
• Heridas morales, sociales y políticas: La guerra dejó secuelas imborrables en la sociedad española, con una profunda fractura moral y una división entre vencedores y vencidos que perduraría durante décadas. Se impuso una cultura del miedo y el silencio.

El franquismo, un régimen dictatorial personalista, de carácter militar, antimarxista, antiliberal y nacionalcatólico, emergió como el sistema político imperante en España tras la victoria del bando sublevado, y se prolongaría durante casi cuarenta años (1939-1975).

La Organización Política de las Dos Españas Durante la Guerra

La España Republicana: Revolución y Resistencia

La evolución política de la España republicana durante la Guerra Civil estuvo marcada por una compleja dualidad: por un lado, el esfuerzo por mantener las instituciones legales y ganar la guerra; por otro, una profunda efervescencia revolucionaria, especialmente en los primeros meses del conflicto, impulsada por diversas fuerzas políticas y sindicales (anarquistas de la CNT-FAI, socialistas de izquierda del PSOE y UGT, comunistas del PCE y POUM). Los sucesivos gobiernos republicanos, presididos por José Giral, Francisco Largo Caballero (quien formó un gobierno de amplia coalición con participación anarquista) y Juan Negrín (quien priorizó la resistencia militar), intentaron implementar reformas y organizar el esfuerzo bélico. Sin embargo, la falta de una dirección militar y política unificada, junto con la fragmentación ideológica y las tensiones internas en el bando republicano (como los "Hechos de Mayo" de 1937 en Barcelona entre anarquistas y comunistas/republicanos), dificultaron enormemente la cohesión y la eficacia en la lucha. Las organizaciones obreras, como el PSOE, PCE, UGT y CNT-FAI, ganaron un enorme poder territorial y económico a expensas de los partidos republicanos tradicionales y del propio Estado, especialmente al inicio de la contienda. Este periodo inicial se caracterizó por un amplio proceso de colectivizaciones de tierras e industrias, la creación de milicias populares y un ambiente de subversión del orden estatal en algunas áreas. También se desató una extendida violencia y terror en la retaguardia republicana, siendo la Iglesia Católica una de sus principales víctimas, con miles de religiosos asesinados y numerosas iglesias y conventos profanados, quemados o destruidos. El gobierno de Largo Caballero intentó aunar esfuerzos, aunque resistió la fusión de socialistas y comunistas en un partido único, propuesta por Moscú. En Cataluña, sí se produjo una unificación de varios grupos socialistas y comunistas que dio lugar al PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya), alineado con la Komintern.

La España Sublevada (Nacional): Hacia un Estado Autoritario

Por otro lado, en la zona sublevada (autodenominada "nacional"), se produjo un proceso mucho más rápido y eficaz de unificación del poder militar y político. Tras la muerte accidental del general Sanjurjo (en julio de 1936, al inicio del conflicto) y del general Mola (en junio de 1937), el general Francisco Franco fue acumulando progresivamente todo el poder, siendo designado Jefe del Gobierno del Estado Español (octubre de 1936) y Generalísimo de los Ejércitos. Posteriormente, se autoproclamó Caudillo de España, consolidando un control férreo y personalista sobre el nuevo Estado español en construcción. En abril de 1937, Franco impuso la creación de un partido único, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET y de las JONS), mediante un Decreto de Unificación que fusionaba a la Falange Española con los carlistas (Comunión Tradicionalista), y al que se adhirieron otros grupos que apoyaban la sublevación, como monárquicos alfonsinos y sectores de la antigua CEDA. Este partido único fue posteriormente denominado Movimiento Nacional. Manuel Hedilla, Jefe Nacional de Falange y sucesor de José Antonio Primo de Rivera (fusilado por los republicanos en Alicante en noviembre de 1936), se opuso a esta unificación impuesta desde arriba y al control supremo de Franco sobre el nuevo partido, lo que resultó en su detención, juicio sumarísimo y condena a muerte, pena que Franco finalmente le conmutó por veinte años de prisión. Tras cuatro años encarcelado, fue confinado en Palma de Mallorca desde 1941 hasta 1946, momento en que recuperó su libertad condicional, manteniéndose alejado de la política activa del régimen. El primer Gobierno de Franco propiamente dicho, constituido por civiles y militares, juró sus cargos en Burgos (capital de la España sublevada) en febrero de 1938. En marzo de ese mismo año, se promulgó el Fuero del Trabajo, una ley de inspiración fascista que sentó las bases de la política social y laboral del régimen, estableciendo sindicatos verticales y prohibiendo las huelgas. También se implementaron de inmediato medidas contrarrevolucionarias y represivas, como la derogación de toda la legislación republicana considerada hostil (incluyendo la Ley de Divorcio) y la implantación de una nueva y restrictiva Ley de Prensa (1938) que establecía una férrea censura previa. Estas acciones, junto con la restauración de los privilegios de la Iglesia, consolidaron la estrecha alianza del franquismo con la jerarquía de la Iglesia española (el llamado nacionalcatolicismo) durante los siguientes cuarenta años, en un contexto de fuerte represión ideológica, política y religiosa contra cualquier forma de disidencia.