La Proclamación de la II República
Tras el fallido intento de establecer una dictadura entre 1923 y 1930 en España, las fuerzas republicanas comenzaron a ganar terreno político, particularmente en las áreas urbanas, como reacción a las restricciones impuestas durante el periodo dictatorial. Este cambio de dinámica política se consolidó con la unificación de diversos grupos políticos bajo el paraguas republicano, un fenómeno evidenciado por los acuerdos alcanzados en el Pacto de San Sebastián y reflejado en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931.
La transición hacia la República en este primer momento se caracterizó por un enfoque moderado, buscando llevar a cabo reformas que modernizaran la sociedad española sin desencadenar conflictos con las fuerzas tradicionales, como la Iglesia, el Ejército y los sectores monárquicos.
Este periodo inicial puede dividirse en dos fases claramente definidas: la del gobierno provisional, establecido mientras se convocaban las Cortes Constituyentes y se redactaba una nueva constitución, y la del gobierno social-azañista, que asumió el poder una vez que la Constitución fue aprobada.
Tras las elecciones del 12 de abril y la proclamación de la República el 14 del mismo mes, se constituyó un Gobierno provisional que en gran medida coincidía con el Comité Republicano establecido en San Sebastián. Este gobierno, liderado por Niceto Alcalá Zamora, incluía a representantes de diferentes corrientes republicanas.
La principal tarea de este gobierno provisional fue convocar elecciones generales para elegir las Cortes Constituyentes, con el objetivo de redactar una nueva constitución. Estas elecciones se llevaron a cabo conforme a la ley electoral de 1890, que reconocía el sufragio universal masculino.
La Constitución de 1931 estableció un estado parlamentario, democrático, laico y moderno, reconociendo la Soberanía Nacional. Introdujo importantes novedades, como el sufragio femenino, el reconocimiento de los matrimonios civiles y del divorcio, la igualdad educativa y el derecho al trabajo protegido por el Estado.
El poder legislativo se configuró como el más relevante, estableciendo un sistema unicameral con control sobre el ejecutivo. Se reconocieron tribunales mixtos, se proclamó un Estado laico y aconfesional, y se reconoció el derecho a la autonomía regional.
El debate sobre el sufragio femenino fue intenso, con Clara Campoamor defendiendo su implementación inmediata, mientras que otras diputadas proponían su aplazamiento. Finalmente, en octubre de 1931 se aprobó el sufragio femenino, aunque con divisiones entre las feministas.
Las primeras elecciones generales con sufragio femenino se celebraron en noviembre de 1933, donde las mujeres constituyeron más de la mitad del censo. Este proceso marcó un hito en la historia política de España, representando un avance significativo hacia la igualdad de género y la participación ciudadana en la vida política. Este periodo republicano inicial fue un momento de esperanza y cambio para España, pero también estuvo marcado por tensiones y desafíos políticos y sociales.
El Bienio Reformista
Tras la aprobación de la Constitución en 1931, se inició un nuevo capítulo en la historia política de España, marcado por la formación de un gobierno liderado por Manuel Azaña, en una coalición entre su partido y el Partido Socialista. Este gobierno buscaba continuar las reformas iniciadas durante el Gobierno Provisional, con el objetivo de modernizar el país y establecer un régimen republicano sólido. Una de las primeras medidas fue designar a Niceto Alcalá-Zamora como presidente de la República, en un intento por tranquilizar a los sectores católicos y conservadores del país.
El gobierno de Azaña se extendió desde el 16 de diciembre de 1931 hasta el 19 de noviembre de 1933. Durante este período, se implementaron una serie de reformas destinadas a transformar diversos aspectos de la sociedad española. Entre los objetivos principales de estas reformas se encontraba la creación de un Estado laico y civil, lo que implicaba una reestructuración de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, así como una modernización del Ejército.
La reforma religiosa, en particular, enfrentó una fuerte oposición por parte de sectores eclesiásticos y conservadores. Los artículos 26 y 27 de la Constitución, que establecían un Estado laico, provocaron críticas por parte de la jerarquía de la Iglesia, e incluso se produjeron disturbios antirreligiosos, como la quema de conventos e iglesias. A pesar de la resistencia, el gobierno promulgó una serie de medidas que buscaban secularizar la sociedad, como la prohibición de crear nuevas órdenes religiosas, la supresión de la financiación estatal a la Iglesia y la regulación del matrimonio civil y el divorcio. Además, se promovió una educación laica en los centros públicos, lo que generó tensiones con los sectores más conservadores de la sociedad. Estas reformas provocaron la unificación de los partidos conservadores en un bloque de oposición conocido como Acción Popular, que se opuso no solo al gobierno, sino también a la República en su conjunto. A pesar de la oposición, el gobierno continuó con su agenda reformista, incluyendo reformas militares lideradas por Azaña. Estas reformas tenían como objetivo modernizar el Ejército y reducir su influencia política, lo que incluía la reducción del número de oficiales y la actualización del armamento y el equipo militar.
Otro objetivo importante del gobierno era abordar los desequilibrios sociales y combatir el analfabetismo. Se promulgó una Ley de Contratos de Trabajo para regular las relaciones laborales y se implementaron medidas para mejorar la educación y reducir el analfabetismo, como la construcción de nuevas escuelas y la contratación de más maestros.
Además, se buscaba establecer un Estado de Autonomías, lo que se materializó con la concesión de un estatuto autonómico a Cataluña, presidido por Francesc Maciá. Este fue un paso importante hacia la descentralización del poder y el reconocimiento de la diversidad cultural y política de España. Sin embargo, este proceso también enfrentó resistencia por parte de sectores conservadores y nacionalistas españoles.
En cuanto al problema agrario, el gobierno adoptó medidas para mejorar las condiciones de vida de los campesinos y combatir la concentración de la tierra en manos de unos pocos terratenientes. Se promulgó una serie de decretos destinados a regular los contratos de arrendamiento y a fomentar el laboreo forzoso de las tierras abandonadas. Además, se estudió la posibilidad de expropiar los grandes latifundios y redistribuir la tierra entre los campesinos, lo que generó tensiones con los terratenientes y los sectores conservadores del país.
A pesar de los esfuerzos del gobierno por implementar estas reformas, la situación política en España seguía siendo precaria y marcada por la polarización y la violencia. La oposición conservadora se fortaleció, especialmente después de las elecciones de noviembre de 1933, en las que la Confederación Española de Derechas Autónomas (C.E.D.A.) obtuvo un importante triunfo. Esta situación condujo a la formación de un gobierno de coalición liderado por Alejandro Lerroux, con el apoyo parlamentario de la C.E.D.A., lo que marcó el fin de la etapa reformista iniciada por Azaña.
El Bienio de la CEDA y del Partido Radical
Durante esta etapa política, se observa una clara paralización de las reformas que se habían iniciado previamente. La reforma agraria, la reforma educativa y los debates sobre el estado de autonomías se detienen, y se restablece el presupuesto destinado al culto y al clero. A pesar de estas medidas, la Confederación Española de Derechas Autónomas (C.E.D.A.) decide ingresar en el gobierno en octubre de 1934, obligando a Alejandro Lerroux a admitir a tres ministros de este partido, lo que genera divisiones dentro del propio Partido Radical.
En respuesta a esta situación, las fuerzas de izquierda forman la Alianza Obrera, que incluye a la mayoría de los grupos marxistas y socialistas, con el objetivo de convocar una Huelga General. Esta acción desencadena la Revolución de octubre de 1934, también conocida como la Revolución de Asturias. La revuelta se caracteriza por una violenta huelga general, especialmente en el País Vasco y Cataluña, pero alcanza su punto álgido en Asturias, donde se produce una auténtica revolución social. Los comunistas, socialistas y anarquistas se sublevan en la cuenca minera asturiana, tomando la ciudad de Oviedo y proclamando la República Socialista, inspirados por el modelo soviético.
La situación en Asturias se torna caótica, y el gobierno decide intervenir militarmente para sofocar la revuelta. El general Francisco Franco es nombrado jefe de las operaciones y emplea la fuerza para recuperar el control de la región, enviando tropas desde Marruecos. Tras intensos combates, las fuerzas gubernamentales logran retomar el control de Asturias, pero a un alto costo humano, con más de mil muertos y miles de heridos. La represión posterior resulta igualmente brutal, con decenas de miles de personas encarceladas.
Los efectos de esta revolución son significativos, ya que refuerzan las convicciones de la izquierda radical y profundizan las divisiones dentro del movimiento socialista. Sin embargo, el escándalo del estraperlo, que implica a políticos del Partido Radical en actividades corruptas, lleva a la dimisión de Lerroux y precipita la convocatoria de nuevas elecciones en febrero de 1936.
A partir de este momento, la polarización política se intensifica, con un Frente Popular formado por fuerzas de izquierda, que incluye al PSOE, republicanos de izquierda, el sindicato UGT, el PCE y partidos nacionalistas. En las elecciones de 1936, el Frente Popular obtiene la victoria, y Manuel Azaña es encargado de formar un nuevo gobierno. Sin embargo, la situación política se deteriora rápidamente, con enfrentamientos cada vez más violentos entre grupos de extrema derecha y extrema izquierda, lo que culmina en la sublevación militar del 17 de julio de 1936 y el estallido de la Guerra Civil Española.
La Guerra Civil: Aproximación
Para abordar de manera más extensa la Guerra Civil Española, es crucial comprender las complejas dinámicas políticas, sociales y económicas que llevaron al conflicto y sus impactos duraderos en la sociedad española. La guerra civil fue el resultado de una serie de tensiones acumuladas a lo largo de décadas, exacerbadas por el contexto internacional de la época y los conflictos ideológicos internos en España.
La polarización política en Europa durante el período de entreguerras influyó en gran medida en la situación en España. El ascenso de regímenes totalitarios en Italia y Alemania, junto con la amenaza del comunismo en la Unión Soviética, alimentó la radicalización de las posturas políticas en España. Esta polarización se reflejó en la creciente popularidad de movimientos extremistas de derecha e izquierda, así como en la agitación social y laboral en el país.
En España, las divisiones políticas y sociales se profundizaron debido a las desigualdades económicas y la inestabilidad política. La monarquía de Alfonso XIII fue derrocada en 1931 y se proclamó la Segunda República Española, marcando un período de reformas políticas y sociales. Sin embargo, las tensiones entre facciones políticas, incluyendo conservadores, liberales, socialistas y anarquistas, persistieron y se intensificaron.
El gobierno de la Segunda República implementó reformas significativas, como la reforma agraria y la separación de la Iglesia y el Estado, lo que provocó la resistencia de sectores conservadores y la Iglesia católica. La reforma agraria en particular generó tensiones en las zonas rurales, donde los terratenientes se oponían a la redistribución de tierras.
Además de las tensiones internas, la situación internacional también influyó en el estallido de la guerra civil. Las potencias extranjeras, como Italia y Alemania, apoyaron a las facciones derechistas, mientras que la Unión Soviética respaldó a los republicanos de izquierda. Este apoyo extranjero exacerbó el conflicto al proporcionar armas, financiamiento y asesores militares a ambos bandos.
El 17 de julio de 1936, un levantamiento militar liderado por generales conservadores y monárquicos, como Francisco Franco, José Sanjurjo y Emilio Mola, intentó derrocar al gobierno republicano. El levantamiento fue rápidamente sofocado en algunas regiones, pero se convirtió en una guerra civil a gran escala cuando fracasó en otras áreas y el país se dividió en dos bandos: los republicanos y los sublevados, también conocidos como nacionalistas.
La guerra civil se libró en múltiples frentes y se caracterizó por una brutalidad extrema por ambas partes. Se produjeron masacres, ejecuciones sumarias y represión política en todo el país. Las batallas más destacadas incluyeron la defensa de Madrid, la batalla del Ebro y la toma de Barcelona por las fuerzas franquistas.
El conflicto llegó a su fin el 1 de abril de 1939, cuando las tropas franquistas tomaron el control de Madrid y el gobierno republicano se rindió. La victoria de Franco estableció una dictadura autoritaria que duraría casi cuatro décadas y tuvo profundas repercusiones en la sociedad española.
Las consecuencias de la guerra civil fueron devastadoras. Se estima que entre 500,000 y 1 millón de personas murieron durante el conflicto, y muchas más fueron desplazadas, encarceladas o ejecutadas en los años posteriores. La represión política y la censura cultural se convirtieron en características prominentes del régimen franquista, que se mantuvo en el poder hasta la muerte de Franco en 1975.
En resumen, la Guerra Civil Española fue un conflicto complejo y trágico que surgió de una combinación de tensiones políticas, sociales, económicas e internacionales. Su legado perduró mucho después de su conclusión, dejando cicatrices profundas en la sociedad española y moldeando el curso de la historia del país en el siglo XX.
Evolución Política y Económica en las Zonas
La dimensión política del conflicto durante la Guerra Civil Española fue multifacética y compleja, reflejando las profundas divisiones ideológicas y sociales que existían en la sociedad española de la época. En la zona republicana, el estallido del conflicto llevó a la fragmentación del poder político, con la emergencia de comités locales y regionales que asumieron funciones gubernamentales en ausencia de una autoridad central efectiva. Estos comités, dominados en su mayoría por partidos y sindicatos de izquierda, llevaron a cabo reformas sociales radicales y se enfrentaron tanto a las fuerzas rebeldes como a las tendencias más moderadas dentro del gobierno central en Madrid.
El gobierno republicano, liderado sucesivamente por figuras como Largo Caballero y Juan Negrín, se vio constantemente desafiado por la presión militar y las luchas internas entre facciones políticas. A medida que la guerra avanzaba, el gobierno republicano se vio obligado a adoptar medidas cada vez más desesperadas para mantener la resistencia contra los sublevados. Estos desafíos políticos y militares contribuyeron al debilitamiento progresivo de la capacidad del gobierno para dirigir eficazmente la guerra y mantener la cohesión interna en la zona republicana.
En contraste, en la zona nacionalista, el liderazgo político quedó concentrado en manos de Francisco Franco, quien emergió como la figura dominante del bando sublevado. Franco estableció un régimen autoritario basado en la ideología falangista y el nacionalcatolicismo, que combinaba elementos del fascismo y el conservadurismo tradicional español. A través de una serie de decretos y medidas represivas, Franco consolidó su control sobre el Estado y la sociedad, eliminando cualquier forma de oposición política y estableciendo un sistema de partido único bajo el manto de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.
Las consecuencias de la guerra fueron profundas y duraderas. En primer lugar, la guerra dejó un rastro de destrucción y desolación en toda España, con ciudades y pueblos enteros devastados por la lucha y la violencia.
Económicamente, el conflicto tuvo un impacto devastador en la infraestructura y la producción, lo que resultó en una disminución significativa del nivel de vida para muchos españoles. Socialmente, la guerra exacerbó las divisiones existentes dentro de la sociedad española, dejando cicatrices profundas que tardarían décadas en sanar.
El coste humano de la guerra fue inmenso. Se estima que entre 500,000 y 1 millón de personas murieron durante el conflicto, y muchas más fueron desplazadas, encarceladas o ejecutadas en los años posteriores. La represión política y la persecución de disidentes políticos continuaron durante años después del final de la guerra, dejando un legado de miedo y opresión en la sociedad española. Además, la Guerra Civil Española tuvo importantes implicaciones a nivel internacional, al servir como precursora de la Segunda Guerra Mundial y atraer la intervención de potencias extranjeras que apoyaban a uno u otro bando en el conflicto.
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