La Segunda República Española: Reforma Religiosa, Militar, Agraria, Territorial y Laboral
La cuestión religiosa.
1. Los objetivos de la República
El objetivo de la República era limitar la influencia de la Iglesia. Las intenciones se plasmaron en la Constitución: se permitieron el divorcio y el matrimonio civil. El proceso se completó con la Ley de Congregaciones Religiosas, que limitó la posesión de bienes a las órdenes religiosas.
La mayor parte de los sectores católicos percibió la nueva legislación como una agresión al catolicismo. En 1931 se incendiaron conventos y edificios religiosos en varias ciudades. Todo esto provocó que el Gobierno optara por la medida de fuerza.
La modernización del Ejército.
El Gobierno republicano estaba convencido de que el Ejército necesitaba una profunda transformación. Manuel Azaña impulsó la reforma para crear un ejército profesional y democrático. Para ello era necesario reducir los efectivos militares, asegurar su obediencia al poder civil y terminar con la tradicional intervención del Ejército en la vida política.
Se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad, que daba la posibilidad de retirarse con el sueldo íntegro a quienes así lo deseaban. Posteriormente, se creó la Guardia de Asalto, fiel a la República, como fuerza de Orden Público.
La reforma consiguió la disminución de los gastos del Ejército, aunque dificultó la modernización del material de armamento y de los equipamientos.
La reforma agraria.
Fue el proyecto de mayor envergadura. Pretendía poner fin al predominio del latifundismo y mejorar las condiciones de vida de los campesinos pobres (jornaleros). La reforma era social, teniendo en cuenta el papel de la agricultura en la economía española.
En la primera serie de decretos se protegió a los campesinos sin tierra, se estableció la prohibición de rescindir los contratos de arrendamiento y se fijó la jornada laboral de 8 horas en el campo.
Lo verdaderamente relevante consistía en la elaboración de la Ley de Reforma Agraria. Su aplicación se encomendó al Instituto de Reforma Agraria, que contaba con un presupuesto anual para indemnizar a los propietarios expropiados.
La reforma del Estado centralista.
En Cataluña, el 14 de abril de 1931, el presidente Macià había proclamado la República Catalana. Llevaba a un grave problema dado que el Pacto de San Sebastián determinaba que debía ser la Constitución la que estableciera el nuevo tipo de Estado, cuya primera tarea sería la elaboración del Estatuto de Autonomía.
La Constitución, aprobada en diciembre de 1931, ofreció el marco legal para el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La aprobación del Estatuto contó con la virulenta oposición de la derecha y de algunos sectores republicanos.
En el País Vasco se aprobó un proyecto de Estatuto debido a la oposición del republicanismo de izquierdas y de los socialistas, que consideraban el proyecto en exceso confesional, poco democrático e incompatible con la Constitución republicana.
En Galicia, la coalición nacionalista era acusada de conscuencia, por lo que el proceso estatutario fue mucho más lento.
Las reformas laborales.
El socialista Francisco Largo Caballero inició una serie de reformas para mejorar las condiciones laborales: la Ley de Contratos de Trabajo y la Ley de Jurados Mixtos. Se estableció también la semana laboral de 40 horas y se estimuló el aumento de salarios.