Separación de poderes en el Estado español

En mi opinión no hay una separación de poderes diferenciada en el Estado español ya que : El órgano de gobierno de los jueces es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es designado por el Congreso y por el Senado a partes iguales; diez representantes cada uno, más el presidente, que es el del Tribunal Supremo. Con el fin de ceñir al CGPJ al control absoluto hubo que modificar en varias ocasiones lo dispuesto en la Constitución a través de leyes orgánicas. El Tribunal Supremo se sitúa en la cúspide del Poder Judicial en España, puesto que es el tribunal superior en todos los órdenes y tiene jurisdicción en el conjunto del territorio nacional. Su posición es equivalente a la del Congreso de los Diputados y a la del Gobierno, como cabeza de uno de los poderes del Estado.

Supuestamente, el Supremo es un tribunal profesional sin dependencia política. Sin embargo, está sujeto a la supervisión del CGPJ, al que el propio Supremo aporta su presidente siendo esta una sutil forma de control. Más evidente es el control que ha ejercido sobre él el Tribunal Constitucional pues, aunque en teoría se trata de jurisdicciones diferentes, este último ha ejercido una suerte de tutela sobre aquel cuando ha sido necesario.Y es que el Tribunal Constitucional es completamente elegido por el parlamento. De los doce miembros que lo componen, cuatro son designados por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial…que a su vez, como hemos visto, es nombrado también por el Congreso y el Senado.Es decir, que el poder que tiene que velar por el cumplimiento de la ley tanto del ejecutivo como del legislativo no es que carezca de independencia, es que el poder que debe ser vigilado es quien determina quién tiene que vigilarle. Existe una justicia politizada .Ejemplos : la misma vicepresidente del ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, publicó un tuit en su cuenta personal donde decía literalmente “Acudimos al Tribunal Constitucional para evitar que Puigdemont siguiera con su espectáculo…”. Esto supone una prueba irrefutable de injerencias y control del poder judicial por parte del Gobierno español para que los jueces dictaminen resoluciones judiciales en su beneficio.