Sistema de Pensiones y Educación Universitaria en España

C. El Sistema de Pensiones de la Seguridad Social en España

España tiene un Régimen General y varios especiales, según la actividad desarrollada, cuyo número se ha ido reduciendo en los últimos años. Los funcionarios públicos tienen sistemas de pensiones diferentes divididos por grupos profesionales (Administración Civil del Estado, Administración Local, Fuerzas Armadas, etc.) gestionados por “entidades gestoras” independientes.

En el Régimen General, la pensión media es alta debido al más largo período de cotizaciones, pero esta diversidad hace que grave y proteja de forma desigual, sin estar tampoco justificado por las cotizaciones. El Régimen General y de Accidentes cotizan 5,71 más de lo que reciben por pensiones, mientras que el Régimen de Agricultura recibe 10,16 puntos más que sus cotizaciones.

D. Las dificultades financieras de las pensiones públicas

Con el Sistema de Capitalización, ya sea público o privado, se basa en aportaciones que se invierten y se capitalizan, por lo que el total acumulado da lugar a una renta vitalicia, cuyas anualidades son los pagos de pensiones. Un elemento clave es la rentabilidad de la inversión, por lo que existe el riesgo de volatilidad, de longevidad y de crisis financiera, que podría hacer quebrar los fondos.

Con el Sistema de Reparto, la carga de la financiación recae en los jóvenes, por lo que se producen transferencias intergeneracionales. Además, hay pensiones no contributivas, que aumentan las cargas. El principal problema de este sistema es el de los cambios demográficos. Además, la pensión es un porcentaje del salario promedio de los últimos años = tasa de sustitución (habitualmente indexada con la inflación, que serán mayores conforme aumente la productividad, en 1985 la Ley de racionalización pasó a exigir un mínimo de 8 años para cobrar.

Dificultades demográficas

Aspectos Conceptuales de la Educación Universitaria

La educación universitaria es diferente a la educación básica, principalmente en los efectos externos y en los aspectos de equidad. Los beneficios sociales son menores y los beneficios personales de quien cursa estudios superiores son mayores, a la vez que desde el punto de vista de equidad no todo el mundo está en las mismas condiciones para pagarse sus estudios.

La política universitaria requiere delimitar dos cuestiones fundamentales:

• El grado en que la financiación debe ser pública o privada.
• Establecer los criterios para dar ayudas públicas.

En general, suele haber financiación pública de los centros (tasas más baratas - actualmente denominadas precios públicos) y becas para estudiantes con ingresos reducidos, pero esta política tiene inconvenientes pues induce a un consumo ineficiente por excesivo de titulaciones superiores (suponiendo que no hay efectos externos o son insignificantes), y también inequitativo, debido a que toda la sociedad financia a los que se benefician de unas tasas bajas, sean ricos o pobres.

Financiar al estudiante con préstamos

Si los mercados de capitales fueran perfectos, tenderían a igualarse el beneficio marginal y los costes marginales; y funcionaría eficientemente el mercado de préstamos para financiar estudios superiores (pero en realidad no se suelen conceder préstamos para “inversiones intangibles”, no embargables y de rendimientos inciertos; aunque el sector público podría avalar y cubrir los impagados, como sucede en Estados Unidos, Australia, Reino Unido, etc.).

Financiar a la universidad para rebajar sus matrículas

Podría rebajarse mucho el coste de acceso y/o dar matrículas gratuitas, pero habría que exigir unos requisitos mínimos (en España las matrículas suponen no mucho más del 10% del coste por alumno). No obstante, esto puede tener un coste de oportunidad elevado de los recursos, en los casos en que quienes acceden no sean capaces de aprovechar sus estudios o no puedan emplearse después con su titulación.

Para mejorar la Universidad se ha defendido subir las matrículas, crear sistemas de créditos, aumentar las becas, impulsar la competencia entre centros, hacer evaluaciones de universidades, libre elección de universidades, vincular financiación de centros a indicadores de calidad y al número de estudiantes, y añadir incentivos individuales a la actividad investigadora y docente.

Aspectos Institucionales de la Educación en España

La educación en España entre 1970 y 1990 se pasó de 380.000 a 1.500.000 estudiantes universitarios, y luego ha descendido. La tasa de entrada desde las enseñanzas medias en 2006 (OCDE) era de 43% frente al 56% (UE), ahora se tiende a aproximarse. Según Calero y otros (2007) hay una correlación alta del 55%, el nivel de educación universitaria de padres e hijos (en el caso de las mujeres la correlación es más alta del 66,5%). El gasto en Educación Superior en España fue en el 2006 el 1,1% (25% de todo el gasto total en educación, mientras que en la OCDE es 1,5%, lo que es un 50% < OCDE; en Estados Unidos es 2,9% y el 40% del total, en Suecia el 1,7% que es el 25% del total).