Sobreseimiento Libre y Prueba Ilícita en el Proceso Penal Español: Presupuestos Procesales, Efectos y Doctrina del TC

Sobreseimiento y presupuestos procesales en el proceso penal

En el procedimiento penal español, el tribunal decidirá sobre el sobreseimiento a la vista de la solicitud que le formulen las partes. El artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece dos supuestos principales:

1. Cuando no resulte justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa. Para ser acordado, basta con la existencia de duda.
2. Cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivo suficiente para acusar a determinada persona, o autor desconocido (duda de participación).

Decisión y recursos

Si la petición proviene del Ministerio Fiscal y no hay acusación particular, el juez podrá:

• Acordar que la pretensión fiscal se haga saber a los interesados, por si quieren formular acusación.
• Si no hubo partícipe interesado en sostener la acción y el juez entiende improcedente la petición del fiscal, podrá remitir la causa al superior jerárquico del fiscal.

El tribunal podrá sobreseer cuando el hecho no sea constitutivo de delito, aunque las partes entiendan procedente la apertura del juicio oral. Frente al auto de sobreseimiento provisional en procedimiento ordinario no cabe recurso.

Presupuestos procesales

La falta de concurrencia de presupuestos procesales en el proceso penal podrá ser apreciada tanto de oficio como a instancia de parte, e impedirá la celebración del juicio oral. En tal caso, la sentencia que se dicte será válida.

Algunos de los presupuestos del artículo 666 LECrim son:

1. Declinatoria de jurisdicción: alegar la falta de jurisdicción; también puede alegarse la falta de competencia y sus clases.
2. Cosa juzgada: entra en juego el efecto de cosa juzgada material en sentido estricto, que impide, una vez resuelto el proceso por sentencia firme o similar, un nuevo procedimiento penal sobre los mismos hechos declarados probados y la misma persona. Si el tribunal entienda que concurre esta causa, acordará el sobreseimiento libre de la causa y la libertad del procesado.
3. Prescripción del delito: la responsabilidad criminal se extingue por prescripción del delito, lo que implica que, si se aprueba su concurrencia, dará lugar a que se dicte sobreseimiento libre de la causa.
4. Amnistía o indulto: la amnistía (suprimida en el Código Penal) y el indulto, previsto en el artículo 130.4 CP como causa de extinción de la responsabilidad criminal. Su concurrencia dará lugar al sobreseimiento libre de la causa.
5. Falta de autorización administrativa para procesar en los casos en que sea necesaria, conforme a la Constitución Española y las leyes, para procesar a Diputados y Senadores.

La prueba ilícita

La importancia que ocupan en el ordenamiento jurídico español los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Española se traduce en lo que el Tribunal Constitucional reconoce como la "necesidad de alcanzar un justo equilibrio entre la actividad encaminada a la investigación y descubrimiento de actividades delictivas y la salvaguardia del conjunto de garantías de que toda persona debe poseer en un Estado de Derecho". Ello llevó al Tribunal a declarar la "existencia de una exigencia constitucional de inadmisión e imposibilidad de valoración de pruebas motivada por la presencia de importantes irregularidades en el proceso de su obtención".

Queda consagrado en el artículo 11.1 de la LOPJ: "No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales".

Requisitos característicos de la prueba ilícita

1. Generada por la vulneración de un derecho fundamental. La prueba ilícita se identifica con aquella que resulta de la infracción de una norma de rango constitucional que consagra un derecho fundamental. La contravención de una norma distinta, de inferior grado, da en cambio origen a la que a nivel doctrinal se conoce como prueba "irregular", cuyos efectos en el seno del proceso son distintos; dependen de la naturaleza e intensidad de la infracción normativa y del momento en que tiene lugar la contravención jurídica.

2. Vulneración producida en la obtención de la fuente probatoria. Supuestos: desarrollo de diligencias de investigación en las que no son respetados los presupuestos y requisitos para limitar derechos fundamentales, empleo de métodos ilícitos o desconocimiento en la toma de declaración de testigos, o de la exención del deber de declarar, lo que puede afectar a derechos fundamentales. La prueba ilícita concebida de este modo queda bajo la cobertura del precepto y ha de ser objeto de sanción específica, esto es, de la falta de virtualidad probatoria que puede alcanzar.

La contravención de normas de rango infraconstitucional queda fuera del artículo 11.1 LOPJ y se ciñe, en sus efectos, al régimen de nulidad del artículo 238 de la LOPJ.

Efectos de la prueba ilícita

La nulidad de este acto ilegal impide que el material probatorio logrado sea incorporado al proceso a través de un medio de prueba ilícito. La expresión "no surtirá efectos" alcanza la obtención "directa o indirecta" vulnerando derechos fundamentales. Tanto la doctrina como la jurisprudencia española coinciden en que la falta de virtualidad probatoria del material obtenido impide su acceso al proceso, al resultar imposible configurar una auténtica prueba a valorar por el órgano jurisdiccional para fundamentar la sentencia.

Efectos reflejos: la teoría del fruto del árbol envenenado

La doctrina parece decantarse por admitir en el precepto los llamados "efectos reflejos" de la prueba ilícita. La expresión "teoría del árbol del fruto envenenado", acuñada por el Tribunal Constitucional español, expresa que la carencia de efectos de una fuente probatoria originalmente viciada (prueba "directa") se contamina a toda otra prueba obtenida, quizás lícitamente, pero que tiene en la anterior su causa (prueba "indirecta" o "refleja"). Si el árbol está envenenado, también lo estarán los frutos provenientes del mismo.

Una jurisprudencia oscilante

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es oscilante. Se pueden destacar dos líneas jurisprudenciales que se han sucedido en el tiempo, y que han marcado el rumbo teórico del orden procesal penal español:

• En una primera etapa, el Tribunal entendió que la imposibilidad de surtir efectos únicamente debía afectar a ese segundo resultado probatorio si se constataba entre ellos una conexión causal. Se exigía la existencia de una relación de causalidad directa entre la ilicitud de la adquisición de la prueba y el resultado logrado a partir de ella. Es "prueba derivada" aquella que no hubiera podido hallarse sin previo conocimiento del obtenido de forma ilícita.
• A partir de su pronunciamiento del año 1998, el Tribunal Constitucional se sirve de nuevos parámetros de ponderación, manteniendo su convicción acerca de la ineficacia de todo elemento probatorio deducido de un hecho que vulnera derechos fundamentales. Además del vínculo de origen y del nexo causal, concurre otro criterio: la "conexión antijurídica", que obliga a examinar si existe o no relación causal entre la prueba originaria ilícita y la segunda ("derivada"), y a apreciar entre ellas dicha conexión antijurídica.

Debe resolverse si la prueba derivada puede considerarse ajena a la vulneración, en cuanto que fue adquirida con medios autónomos y distintos de la primera (perspectiva interna), y comprobar si la prohibición de valoración exigida por las necesidades de tutela del derecho fundamental se cumple (perspectiva externa).