Textos constitucionales españoles: historia, evolución y organización territorial del Estado
1.1. Textos constitucionales españoles
A lo largo de los siglos XIX y XX se han promulgado un total de 7 Constituciones: 1812, 1837, 1845, 1869, 1876, 1931 y 1978. El objetivo inicial de nuestros primeros textos constitucionales era desarticular el modelo de Estado propio del Antiguo Régimen y concentrar todo el poder en las instituciones del nuevo Estado nacional y liberal. Para ello, debía suprimirse las anteriores jurisdicciones, tanto las locales como las territoriales, e integrar las instituciones de Derecho público territoriales en el aparato estatal, siendo este proceso más traumático en unos territorios que en otros.
En las distintas constituciones se recogen, además del contenido propio de toda constitución (soberanía, separación de poderes y derechos y deberes), se suele reflejar el modelo de Estado (Monarquía o República) y la organización territorial (Estado centralizado, autonómico o federal).
1.2. De la soñada “unidad constitucional de la Monarquía” a la actual organización territorial del Estado español
2.1. Supresión de las instituciones públicas de la Corona de Aragón (siglo XVIII): la Guerra de Sucesión Española (1701-1715) y los Decretos de Nueva Planta
A lo largo de casi ocho siglos fueron formándose los distintos reinos y territorios que conformarán la llamada Monarquía Hispánica: el Reino de Castilla y León, las Tres Provincias Vascongadas, el Reino de Navarra, el Reino de Aragón, el Principado de Cataluña, el Reino de Mallorca y el Reino de Valencia. Paralelamente a este proceso político, fueron surgiendo los distintos ordenamientos de estos reinos que constituyen el núcleo de nuestros Derechos históricos o territoriales, conformando conjuntos normativos completos que, si empleamos términos actuales, abarcaban materias tanto de derecho público como de derecho privado.
De esta forma, tenemos un Derecho histórico castellano, un Derecho histórico vizcaíno, un Derecho histórico guipuzcoano, un Derecho histórico alavés, un Derecho histórico navarro, un Derecho histórico aragonés, un Derecho histórico catalán, un Derecho histórico mallorquín o balear y un Derecho histórico valenciano.
Este mapa jurídico se mantendría en términos generales hasta principios del siglo XVIII, independientemente de los deseos centralizadores que, más o menos acentuadamente, manifestaron los monarcas de la Dinastía Habsburgo a lo largo de la Edad Moderna. El detonante de este cambio lo encontramos en la Guerra de Sucesión Española (1701-1715), tras la cual se va a producir la castellanización de las instituciones públicas de los distintos reinos de la Corona de Aragón, salvo en el Reino de Valencia, cuyo Derecho fue íntegramente suprimido por el Decreto de Nueva Planta de 1707.
Sin embargo, este tipo de medidas no afectaron al Reino de Navarra ni a las Tres Provincias Vascongadas, cuyas instituciones jurídicas, tanto públicas como privadas, fueron respetadas por Felipe V debido al continuo apoyo prestado por estos territorios al monarca durante la guerra. No obstante, esta decisión no se fundamentó tanto en el agradecimiento a unos súbditos fieles, como en los compromisos adquiridos por el monarca al comienzo de su reinado. En efecto, Felipe V, al contrario de lo que le sucedía en los reinos de la Corona de Aragón, no tenía título alguno para despojar a estas provincias de sus privilegios, por lo que estos se mantuvieron intactos hasta llegar al siglo XIX.