Transición Española: Constitución de 1978 y Crisis de la UCD (1979-1981)

Inicios de la Tercera Experiencia Democrática en España (1978-1982): La Constitución Española de 1978

La reforma política se hizo "de ley a ley". Las Cortes recibieron el mandato de elaborar una Constitución. Las elecciones del 15 de junio de 1977 fueron otro gran paso hacia la democracia. Se necesitaba cuanto antes una carta magna como base de la futura legislación. El texto constitucional fue consensuado entre UCD y PSOE. Por voluntad de la mayoría de los miembros de las Cámaras, del Gobierno y del Rey, Congreso y Senado se convirtieron en órganos constituyentes.

La primera iniciativa de gobierno fue encomendar al ministro de justicia, Landelino Lavilla, un proyecto de Constitución que fue sometido a tramitación parlamentaria. Ante las protestas de la oposición, Suárez decidió dar protagonismo a todas las fuerzas políticas. Esto se consiguió mediante la creación de una ponencia en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso, que se encargó de redactar un anteproyecto.

Entre agosto y septiembre de 1977, la ponencia elaboró un anteproyecto. Los grupos parlamentarios presentaron enmiendas y, entre febrero y abril, se elaboró el proyecto de constitución. El proyecto se sometió a debate primero en dicha comisión y después en el Pleno de ambas Cámaras. La Comisión Mixta Congreso-Senado cerró los últimos acuerdos del proyecto.

El 31 de octubre se votó en el Congreso de los Diputados el Dictamen de la Comisión Mixta y, más tarde, en el Senado. El proyecto fue sometido a referéndum el 6 de diciembre de 1978. Participó el 67,1% del censo electoral. El 87,9% votó afirmativamente y un 7,8% en contra. En el País Vasco, solo votó el 53,5% y el voto afirmativo se quedó en el 69,7%. El PNV pidió la abstención, no le pareció suficiente la disposición adicional, ni la cuarta disposición transitoria. El rey, el 27 de diciembre, sancionó la Constitución.

Principios del Sistema Constitucional

Establece un Estado social y democrático de derecho, en el que la soberanía reside en la nación y en el pueblo español, una extensa declaración de derechos y la igualdad ante la ley. En julio de 1981 se aprueba la Ley de Divorcio. Además, se fijó la mayoría de edad en 18 años y se suprimió la pena de muerte.

En el artículo 13 se establece que el Rey es el símbolo de la unidad y la permanencia del Estado. Sus actuaciones están condicionadas al presidente y su gobierno. Entre sus funciones figura sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver Cortes y nombrar al presidente del gobierno designado por las Cortes, ante las cuales se limita a proponer un candidato. Además, le corresponde la jefatura de las fuerzas armadas y puede presidir las sesiones del consejo de ministros.

Se establece un sistema bicameral, con un Congreso elegido por sufragio universal y un Senado de representación territorial con cuatro senadores por provincia. Al gobierno le corresponde el poder ejecutivo y, para favorecer la estabilidad gubernamental, quedan regulados de forma restrictiva los mecanismos de confianza y los de censura al gobierno por el Congreso, para que sea difícil derribar al gobierno.

La Organización Territorial del Estado

El Estado queda organizado territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas. La constitución reconoce a las comunidades el derecho a autogobernarse, por lo cual podrán dictar normas jurídicas dentro de su territorio. La constitución establece las competencias que pueden asumir las comunidades, las que son compartidas y las que son exclusivas del Estado. Las comunidades son entidades de ámbito regional con personalidad jurídica propia, formadas por agrupación de varias provincias, por territorios insulares o por una sola provincia con entidad regional histórica.

Las Herencias del Pasado

Las Cortes no tenían un mandato constituyente. Existía, para algunas cuestiones, una línea de continuidad con el régimen anterior. Por un lado, existió un tema que no fue debatido por los ponentes de la Constitución ni por los grupos parlamentarios, que era el de la monarquía. Esto es así como resultado de los límites fijados por la Ley para la Reforma Política al cambio que tendría lugar en España tras su aprobación y por la presión de distintos grupos de intereses e instituciones, como es el caso de las Fuerzas Armadas. Por otro, la derecha y el centro-derecha, fuerzas mayoritarias, impusieron la pervivencia de elementos que podrían ser interpretados como herencias del régimen anterior.

La monarquía es anterior a la Constitución, la cual constitucionaliza o legaliza la Corona, dándole carta de naturaleza democrática. El PCE no puso ningún problema a esta cuestión. Sí lo hace el PSOE, que trataba solo de contentar a sus bases y comer terreno a los comunistas.

Por otro lado, la Constitución otorga a la iglesia católica una relación privilegiada con el Estado. El artículo 16 garantiza en su primera parte la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. A su vez, en la parte tercera se dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero añade: "Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española". Por lo tanto, el Estado no es estrictamente laico. Además, en enero de 1979 el gobierno, en representación del estado español, y el Vaticano firman unos acuerdos que regulan las relaciones iglesia-estado. Este concordato impone a la sociedad una posición privilegiada de una determinada confesión religiosa, la católica: exenciones fiscales y financiación de esta iglesia por el estado, subvención a los centros religiosos concertados, y oferta obligatoria de la catequesis católica en los colegios públicos.

El Tercer Gobierno de Suárez: La Nueva Mayoría Centrista y la Crisis de UCD (1979-1981)

La fase del consenso se dio por terminada una vez cerrado el proceso constitucional y superada la fase de transición. Los graves problemas que afectaban al país y la dificultad del Gobierno para llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas en las Cortes impulsaron a Suárez a convocar elecciones anticipadas. La televisión fue, por primera vez, el medio de comunicación estrella de la campaña.

Otra novedad de estas elecciones fue la aparición de la denominada Coalición Democrática, formada por los partidos considerados de derechas, aunque con la ausencia de las antiguas y más defensoras del franquismo. El partido predominante era Alianza Popular y la cabeza de cartel de la Coalición, Fraga Iribarne. Por primera vez en unas elecciones generales votaban los mayores de 18 años, tal y como establecía la constitución.

Celebradas estas en marzo de 1979, con una alta abstención debido a la alta cantidad de convocatorias a las urnas, dieron la victoria a UCD. La UCD acrecentó su ventaja sobre el PSOE. Este resultado dio lugar a una crisis interna en el PSOE de la que su secretario general, Felipe González, saldría fortalecido. Por detrás quedaron el resto de fuerzas políticas, destacando el descalabro de Coalición Democrática y la entrada en el Congreso de Blas Piñar, representante de Unión Nacional que aglutinaba el voto franquista y de extrema derecha.

Suárez presidió su tercer gobierno. Gutiérrez Mellado ocupó el puesto de Vicepresidente primero para asuntos de la Defensa, y Abril Martorell la Vicepresidencia segunda para Asuntos de Economía.

Las más graves dificultades a las que se enfrentó este gobierno fueron el terrorismo de ETA, la crisis económica y el paro, sobre todo el juvenil.

La situación económica interna no pudo beneficiarse de una coyuntura exterior favorable porque una nueva crisis motivada por los precios del petróleo no solo sacudió el mercado internacional, sino que influyó negativamente en el interno. Las víctimas del terrorismo eran cada vez más (más de 70 muertos en 1979 y casi 100 en 1980). El gobierno no se enfrentaba exclusivamente a los atentados de ETA, sino también a los de otros grupos de extrema izquierda y de extrema derecha, como el GRAPO.

En mitad de esta situación de descontento, se celebraron elecciones municipales, las primeras tras el establecimiento de la democracia. La suma de votos socialistas y comunistas en Madrid otorgó la alcaldía a Enrique Tierno Galván, líder del Partido Socialista Popular. Poco a poco se reflejó el ascenso del PSOE y la pérdida de apoyos a UCD.

El gabinete Suárez fue erosionándose debido a la crisis económica, la escalada terrorista, las dificultades surgidas en la construcción del Estado de las Autonomías por las exigencias de los nacionalistas y el muy poco entusiasmo del Gobierno por ese tema, así como por el descubrimiento de sucesivas tramas golpistas para acabar con la democracia. Tampoco la política exterior llevada a cabo por este gobierno había atraído demasiados apoyos. Otros actos de Suárez despertaron el temor sobre las intenciones reales de Suárez en relación con la posición internacional, como el consentimiento de la visita del líder palestino, a lo que se sumaba la invitación que había recibido España para acudir como observador a la Cumbre de los Países No Alineados. Otros problemas eran el de la negación de Suárez a la entrada de España en la OTAN y los pactos con Estados Unidos.

La cuestión heredada del Sáhara también era problemática, territorio descolonizado deprisa y mal. Marruecos y Mauritania prosiguieron con su política para apoderarse del territorio sin atender a la posición de la ONU, favorable a la independencia. Además, Marruecos reivindicaba de forma intermitente Ceuta y Melilla. Por otro lado, los viajes pasaron a tener un protagonismo relevante en la nueva forma de hacer política exterior. Suárez prestó especial atención a Hispanoamérica, intentando cambiar la tradicional política exterior (enfocada en EEUU) y encontrar una tercera vía que le permitiera situar a España como puente entre Europa y América. Independientemente de las sombras que hubo, es innegable que durante los gobiernos de Suárez se consiguió volver a colocar a España en el escenario internacional y se normalizaron las relaciones exteriores con el resto de países.

El 30 de mayo de 1980, aprovechando la difícil situación interna de la UCD, el Partido Socialista decidió presentar una moción de censura contra el Presidente y su gobierno, con Felipe González como protagonista. Aunque el PSOE perdió la moción en términos numéricos, con la abstención de Alianza Popular y Convergencia y Unió, la ganó de cara a la ciudadanía y sobre todo se consolidó como alternativa de gobierno. La tramitación de la ley de divorcio, preparada por el ministro de justicia, Fernández Ordóñez, soliviantó al sector democristiano de UCD.

La UCD no contaba con una ideología coherente y definida. Suárez perdió capacidad de liderazgo, lo que fue aprovechado por los "barones" del partido para exigir mayores cuotas de poder y una dirección colegiada. Suárez acabó dimitiendo el 29 de enero de 1981, consciente de las presiones por parte de las Fuerzas Armadas. Las reacciones de otros líderes políticos ante la dimisión fueron diversas (“me lo esperaba”). El líder del PC apostaba entonces por un gobierno de coalición entre la UCD y PSOE, en el que, en caso de haber programa pactado con su partido, este lo apoyaría en todo.