Transición Española: de la Dictadura a la Constitución de 1978
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Transición a la Democracia Española
Tras la muerte del general Franco en España, surgieron dos posibles vías de desarrollo para el país: mantener el sistema franquista sin cambios, abogado por los franquistas puros o inmovilistas conocidos como el Búnker, o avanzar hacia un sistema democrático. La transición hacia la democracia planteaba dos enfoques: una ruptura democrática, promovida por la Junta Democrática liderada por el PCE, o una reforma gradual de las instituciones franquistas, apoyada por la Plataforma de Convergencia Democrática liderada por el PSOE.
En la primavera de 1976 se formó la Plataforma de Coordinación Democrática (Platajunta), integrando a las dos corrientes democráticas mencionadas, con el objetivo de alcanzar la democracia mediante una ruptura pactada. Dos días después de la muerte de Franco, las Cortes franquistas proclamaron a Juan Carlos como rey, quien se convirtió en el motor del cambio hacia la democracia.
El presidente del primer Gobierno de la monarquía fue Arias Navarro, pero fue sustituido por Adolfo Suárez en julio de 1976. Suárez, a pesar de sus vínculos con la Falange, impulsó reformas democráticas y lideró la aprobación de la Ley de Reforma Política en 1976, que condujo a la liquidación del sistema dictatorial.
En las primeras elecciones democráticas en junio de 1977, la Unión del Centro Democrático (UCD) de Suárez ganó, seguida por el PSOE. El gobierno de Suárez enfrentó desafíos, incluida la violencia terrorista y la crisis económica internacional, lo que llevó a la firma de los Pactos de la Moncloa en 1977.
Tras la aprobación de una nueva Constitución en 1978, se celebraron nuevas elecciones legislativas en marzo de 1979, nuevamente ganadas por la UCD, aunque sin mayoría absoluta. Sin embargo, el gobierno de Suárez enfrentó divisiones internas y desafíos como el intento de golpe de Estado en 1981 liderado por el teniente coronel Antonio Tejero.
En 1981, Calvo Sotelo sucedió a Suárez como presidente del Gobierno, pero enfrentó problemas similares y disolvió las Cortes en agosto de 1982, convocando nuevas elecciones para octubre del mismo año. Durante su mandato, aprobó la Ley de Divorcio y solicitó la adhesión a la OTAN.
La Constitución Española de 1978
La Constitución de 1978, fruto de un consenso entre diversos grupos políticos tras las elecciones de 1977, es un documento progresista que refleja cierta ambigüedad debido a la diversidad de fuerzas que participaron en su elaboración. Aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, sigue siendo la base legal de España hasta hoy. Inspirada en la tradición constitucional española, busca resolver históricas dicotomías al establecer un estado plurinacional, una monarquía parlamentaria y un estado laico. Con 169 artículos, destaca por definir a España como un estado social y democrático de derecho, con la soberanía nacional en manos del pueblo español y un sistema de representación a través de elecciones parlamentarias.
La Constitución ha experimentado tres reformas. En 1992 se permitió el sufragio pasivo a extranjeros en elecciones municipales por requerimiento de la Unión Europea. En 2011 se introdujo el concepto de estabilidad presupuestaria en respuesta a la crisis económica. La última reforma, en 2024, amplió los derechos de las personas con discapacidad y eliminó el término "disminuido".
El Estado de las Autonomías
El título VIII de la Constitución aborda el tema del Estado de las Autonomías, buscando integrar regiones con identidades culturales distintas, como Cataluña, el País Vasco y Galicia, que históricamente contaron con instituciones propias. Este título establece dos vías para la creación de Comunidades Autónomas: una vía rápida, que permitió la autonomía de Cataluña, el País Vasco y Galicia en 1979, y otra vía más lenta, para otras regiones que se configuraron como Comunidades Autónomas en 1983. Ceuta y Melilla fueron definidas como Ciudades Autónomas en 1995. Los Estatutos Autonómicos detallan las competencias de cada comunidad, limitadas por las del Estado, que incluyen temas como nacionalidad, inmigración, relaciones internacionales, justicia y hacienda, entre otros.