La Transición Española: De la Dictadura Franquista a la Democracia Parlamentaria

Introducción: El Fin de una Era y el Comienzo del Cambio

Con la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos I es proclamado rey de España. Con su reinado, se instauró la democracia, y el país, que había estado sometido durante años a una dictadura, comenzó a transitar hacia un sistema que reconocía deberes y derechos para el ciudadano. Se iniciaría así un período de la historia de España que, como afirmó el historiador Juan Eslava Galán, «dejó sin aliento a los españoles» y cuyas consecuencias perduran hasta nuestros días.

Desarrollo de la Transición

Los Últimos Años del Franquismo y la Emergencia de la Oposición

Los últimos años del franquismo se convirtieron en una agonía para este régimen. Franco había nombrado a Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno tras el atentado que costó la vida a Luis Carrero Blanco. En este período, los organismos y partidos políticos en la clandestinidad comenzaron a ganar visibilidad y espacio. Tanto partidos de derechas como de izquierdas empezaron a crear organismos unitarios para fortalecerse políticamente, entre los que destacaron:

• Assemblea de Catalunya
• Junta Democrática (impulsada principalmente por el Partido Comunista de España, PCE)
• Plataforma de Convergencia Democrática (liderada por el Partido Socialista Obrero Español, PSOE)

El Inicio del Reinado de Juan Carlos I y las Primeras Reformas

Una incertidumbre planeaba sobre el régimen que sucedería al franquismo; finalmente, se optó por la monarquía parlamentaria y la democracia. El rey Juan Carlos I juró lealtad a las Leyes Fundamentales del Reino y a los Principios del Movimiento Nacional, buscando acceder al poder dentro del marco legal existente para transformarlo desde dentro. Por ello, inicialmente se mantuvo a Arias Navarro como presidente del Gobierno. Sin embargo, Arias Navarro no logró hacer frente a las huelgas y la creciente agitación social, lo que desacreditó a su gobierno y condujo a su dimisión en julio de 1976.

El rey contó con la figura clave de Torcuato Fernández-Miranda, entonces presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, quien fue fundamental para diseñar y encauzar las reformas. Como señaló Fernández-Miranda, España debía transitar hacia la democracia respetando la legalidad vigente del régimen franquista hasta la elaboración de nuevas leyes, un proceso resumido en su célebre frase: «de la ley a la ley, a través de la ley».

El Gobierno de Adolfo Suárez y la Ley para la Reforma Política

A pesar de cierta desconfianza inicial en algunos sectores, el 3 de julio de 1976, el rey nombró presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, un hombre procedente del propio régimen pero con voluntad reformista. Bajo su liderazgo, se procedió al desmantelamiento progresivo de las instituciones franquistas y se impulsó el camino hacia unas Cortes democráticas. Suárez se propuso llevar a cabo una reforma profunda, utilizando para ello el entramado legal franquista hasta la creación de uno nuevo.

Un instrumento crucial fue la Ley para la Reforma Política. Esta ley, formalmente la octava Ley Fundamental del Reino, establecía la soberanía popular, la instauración por sufragio universal de unas Cortes bicamerales (Congreso de los Diputados y Senado) con potestad para elaborar una nueva Constitución, y reconocía la inviolabilidad de los derechos fundamentales de la persona. Fue sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976, obteniendo una abrumadora aprobación (con un 94,17% de votos a favor). Su aprobación abrió el camino a:

• La legalización de los partidos políticos, incluido el decisivo y controvertido paso de la legalización del Partido Comunista de España (PCE) en abril de 1977 (conocido como el Sábado Santo Rojo).
• La disolución del Movimiento Nacional.
• La convocatoria de elecciones generales para junio de 1977.

Este proceso no estuvo exento de tensiones: generó protestas y violencia de sectores de ultraderecha franquista (como la Matanza de Atocha en enero de 1977) y se vivió un recrudecimiento del terrorismo, principalmente a manos de ETA y los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre). Paralelamente, Don Juan de Borbón, padre del rey, renunció a sus derechos dinásticos en favor de Juan Carlos I en mayo de 1977, consolidando así la legitimidad de la Corona.

El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas libres desde febrero de 1936, resultando vencedora la Unión de Centro Democrático (UCD), coalición liderada por Adolfo Suárez.

La Legislatura Constituyente (1977-1979)

Tras las elecciones, se inició la Legislatura Constituyente. La UCD, aunque fue el partido más votado, no obtuvo mayoría absoluta, lo que impulsó la búsqueda de consensos para abordar los graves problemas económicos (derivados en parte de la crisis del petróleo, alta inflación, paro) y políticos del país.

Los Pactos de la Moncloa

En este contexto de necesidad de acuerdos, en octubre de 1977, se firmaron los Pactos de la Moncloa entre el Gobierno, los principales partidos políticos con representación parlamentaria (UCD, PSOE, PCE, Alianza Popular, Minoría Catalana) y las organizaciones sindicales (Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, aunque esta última con reticencias iniciales). Estos pactos establecieron acuerdos fundamentales en materia económica (control de la inflación, reforma fiscal, moderación salarial) y social (reforma de la Seguridad Social, marco de relaciones laborales) que contribuyeron a estabilizar la economía y sentar las bases para la reforma social, aunque su plena aplicación se vio dificultada por la persistente crisis internacional del petróleo.

El Desarrollo Autonómico

Paralelamente, se avanzó en la descentralización territorial con la creación de regímenes preautonómicos, respondiendo a las históricas reivindicaciones nacionalistas y regionalistas. Se restableció la Generalitat de Cataluña de forma provisional con el regreso de su presidente en el exilio, Josep Tarradellas. En el País Vasco se constituyó el Consejo General Vasco y en Galicia la Xunta de Galicia preautonómica, sentando las bases para el futuro Estado de las Autonomías y abordando las demandas de autogobierno de estas regiones históricas.

Hacia una Nueva Constitución

Finalmente, una de las tareas primordiales de las nuevas Cortes fue la elaboración de una nueva Constitución democrática. Para ello, se designó una Ponencia Constitucional en el Congreso de los Diputados, compuesta por siete diputados (conocidos como los «padres de la Constitución») de diversas fuerzas políticas (Gabriel Cisneros, Manuel Fraga Iribarne, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Gregorio Peces-Barba, José Pedro Pérez-Llorca, Miquel Roca i Junyent, y Jordi Solé Tura), encargada de redactar el borrador que sentaría las bases del nuevo sistema político español.