La Transición Española: Hacia la Democracia

**Actuaciones Impulsadas**

El nuevo gobierno, presidido por Adolfo Suárez, tomó la iniciativa y estableció contactos con la oposición, además de proponer la Ley de Reforma Política, que reconocía los derechos fundamentales de las personas, otorgaba la capacidad legislativa exclusivamente a la representación popular y preveía un sistema democrático. Para lograr todo esto era necesario neutralizar a los inmovilistas del franquismo y atraer la participación de la mayoría de la oposición democrática.

**Objetivos de la Ley de Reforma Política**

El objetivo de la Ley era cambiar el sistema normativo seudoconstitucional, basado en las Leyes Fundamentales del Reino y en los Principios del Movimiento, por otro democrático que tuviera en cuenta:

1. La recuperación de la soberanía popular.
2. El establecimiento de unas Cortes bicamerales (Congreso y Senado) cuyos miembros fueran elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto.
3. La elaboración de una Constitución.
4. La declaración de adhesión a los derechos fundamentales inviolables de la persona.
5. La autorización al gobierno o a las Cortes para iniciar las reformas políticas necesarias.

Por otra parte, no eran negociables ni la monarquía ni la soberanía única (la soberanía reside en el pueblo español, en todo el pueblo español, no puede decidir sólo una parte de éste. Esto suponía que las nacionalidades como País Vasco o Cataluña no podían hacer referéndum sobre, por ejemplo, su separación del resto de España). No se exigirían responsabilidades políticas.

**Aprobación de la Ley de Reforma Política**

Desde el inicio se desplegó una gran actividad política para asegurar su aprobación, manteniendo contactos con el ejército, la Iglesia, los partidos de la oposición y los procuradores de las Cortes. El gobierno quería asegurar el control y el éxito del proceso. La ley fue aprobada por amplia mayoría. Las Cortes franquistas habían aceptado su autodestrucción.

**Medidas para la Transición a la Democracia**

El gobierno Suárez dictó una serie de disposiciones que significaban la desaparición de las instituciones del franquismo y negoció con la oposición las bases para la celebración de unas elecciones democráticas. Entre esas leyes estaba la de indulto a los presos políticos, libertad sindical, legalización de partidos políticos, ley electoral. El Partido Comunista de España se legalizó en abril de 1977. El PCE era la bestia negra del franquismo, pero Suárez asumió esa responsabilidad y aguantó las protestas del Ejército y de los inmovilistas.

**Nuevo Panorama Político**

Ante las primeras elecciones libres se fue configurando un nuevo panorama político: por un lado, los partidos de izquierdas, que habían destacado por la oposición al régimen de Franco (PCE, PSOE); por otro, una nueva organización de derechas, Alianza Popular, liderada por Fraga Iribarne y otros exministros franquistas; y desde el gobierno se constituyó la Unión de Centro Democrático (UCD), bajo la dirección de Adolfo Suárez. En torno a esta se unieron numerosas formaciones políticas en todo el territorio nacional.

**Elecciones de 1977 y Consenso Político**

Las elecciones, celebradas el 15 de junio de 1977, las ganó la UCD de Adolfo Suárez, siendo la segunda fuerza política el PSOE. El conjunto de la oposición forzó a que esta primera legislatura democrática desde la República, fuese constituyente, es decir, que su principal misión fuese elaborar una Constitución. La mayoría de las fuerzas parlamentarias acordaron una serie de medidas políticas, sociales y económicas (Ley de Amnistía, Pactos de la Moncloa, reforma fiscal, etc.) que exigían un amplio acuerdo, lo que inició la etapa del denominado “CONSENSO POLÍTICO”

**Ley de Amnistía**

Una de estas leyes fue la Ley de Amnistía, aprobada el 15 de octubre de 1977. Ésta proclamaba la amnistía de los presos políticos. Tenía como objetivo favorecer la participación de los que se opusieron al régimen de Franco y así lograr la consolidación del sistema democrático. Esta ley, apropiada en 1977, con el paso de las décadas, ha supuesto la imposibilidad de juzgar delitos pertenecientes a los periodos de la Guerra Civil y la Dictadura. Se ha generado una gran controversia y por ello distintas instituciones, como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han solicitado su derogación.