Acciones en responsabilidad patrimonial administrativa y procedimiento abreviado
Resumen
El documento explica los cuatro tipos de acciones para reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración: sucesiva, acumulada, subsidiaria e independiente. Además describe el procedimiento abreviado regulado en la Ley 39/2015, sus requisitos, trámites y plazos, así como el papel del dictamen del Consejo de Estado.
Puntos clave
- La acción sucesiva exige primero recurrir la actividad administrativa y luego ejercitar la responsabilidad tras una resolución o sentencia favorable.
- El plazo de prescripción de la acción sucesiva es de 1 año desde la notificación de la sentencia o resolución del recurso.
- La acción acumulada permite pedir en el mismo recurso la anulación del acto y la indemnización de daños.
- La acción subsidiaria solicita una indemnización en el contencioso-administrativo si no prospera la anulación del acto o norma.
- La acción independiente pide daños a la Administración sin impugnar el acto y exige seguir el procedimiento administrativo correspondiente.
- El procedimiento abreviado procede cuando la relación de causalidad, la valoración del daño y el cálculo de la indemnización son inequívocos.
- El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento abreviado es de 30 días.
Tipos de Acciones en Responsabilidad Patrimonial
A) Acción Sucesiva
Primero se recurre contra la actividad administrativa in genere, sin solicitar responsabilidad y, una vez que recae resolución administrativa favorable, en vía administrativa, o sentencia contencioso-administrativa favorable, en vía judicial, se ejercita la acción de responsabilidad.
El plazo de prescripción es de 1 año, que se contará desde la fecha de la notificación de la sentencia definitiva o de la resolución del recurso administrativo (art. 67.1, segundo párrafo, de la Ley 40/2015).
En relación con la responsabilidad del Estado legislador, el citado art. 67.1, tercer párrafo, establece que el derecho a reclamar prescribirá en el plazo de 1 año de la publicación en el BOE o en el DOUE, según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.
B) Acción Acumulada
Caben dos opciones:
- Opción a): En el mismo recurso se solicitan la anulación de los actos o normas reglamentarias y la indemnización de daños y perjuicios propios de la responsabilidad patrimonial.
- Opción b): Se inicia el procedimiento de recurso contra el acto o contra la norma reglamentaria y, sin terminarse éste, se ejerce la acción de responsabilidad patrimonial, con solicitud de su acumulación al citado recurso.
- Un sector doctrinal lo rechaza, al admitir sólo la acumulación desde la iniciación del procedimiento (J. LEGUINA VILLA).
- Otro sector doctrinal sí que la admite una vez iniciado (A. BLANCO ESTEVE, que invoca que el art. 65.3 LJCA posibilita que se solicite, en la vista o en el escrito de conclusiones, la indemnización de daños y perjuicios, si consta en autos la prueba de su existencia y cuantía).
C) Acción Subsidiaria
Consiste en solicitar, en el procedimiento contencioso-administrativo, en defecto de anulación del acto o norma reglamentaria, una indemnización subsidiaria. No requiere que se siga un procedimiento administrativo previo de esa acción de la responsabilidad (STS 23/10/2000 y sentencias que cita).
D) Acción Independiente
Supone solicitar a la Administración los daños y perjuicios, sin impugnar la invalidez o disconformidad a Derecho de la actuación administrativa de referencia. Exige seguir el procedimiento administrativo correspondiente. A estos efectos, debemos distinguir, siguiendo lo establecido en el art. 96.4 de la Ley 39/2015, entre el procedimiento general y el procedimiento abreviado.
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6. Procedimiento Abreviado
- a) Procede cuando el órgano instructor considera inequívocos:
- La relación de causalidad,
- La valoración del daño y
- El cálculo de la cuantía de la indemnización.
- b) El órgano instructor podrá, entonces, iniciar de oficio este procedimiento, con suspensión del general (art. 96.4 de la Ley 39/2015).
- c) El plazo máximo para resolver y notificar es de 30 días, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria (art. 96.6 de la Ley 39/2015).
- d) Se contemplan como trámites del mismo (art. 96.6 de la Ley 39/2015):
- Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado.
- Subsanación de la solicitud presentada, en su caso.
- Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de 5 días.
- Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado.
- Los Informes preceptivos.
En cuanto al Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver, desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste sea emitido.
El plazo será tal que permita cumplir el plazo de resolución del procedimiento, pudiendo ser emitido en el plazo de 15 días si así lo solicita el órgano competente.
En todo caso, se incluirá una propuesta de resolución, en el expediente que se remita.
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PDF Word HTMLPreguntas frecuentes
¿Cuál es el plazo de prescripción para reclamar responsabilidad patrimonial en la acción sucesiva?
El plazo es de 1 año, contado desde la fecha de notificación de la sentencia definitiva o de la resolución del recurso administrativo, según el art. 67.1 de la Ley 40/2015.
¿Cuándo procede el procedimiento abreviado de responsabilidad patrimonial?
Procede cuando el órgano instructor considera inequívocos la relación de causalidad, la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización. Puede iniciarse de oficio con suspensión del procedimiento general.
¿Cuál es el plazo máximo para resolver el procedimiento abreviado?
El plazo máximo para resolver y notificar es de 30 días, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, según el art. 96.6 de la Ley 39/2015.
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