Ciudadanía y globalización: orígenes, evolución y retos del ciudadano en el mundo actual

Globalización y ciudadanía

Para conseguir una globalización justa es necesario reducir las desigualdades económicas y sociales, apostar por un modelo económico más justo y sostenible, atrevernos a resolver los problemas mediante el diálogo en vez de la fuerza, aprender a gestionar la diversidad cultural de nuestras sociedades y fomentar una democracia global verdaderamente inclusiva y participativa.

Raíces de la ciudadanía

La idea de que los miembros de una comunidad puedan ser ciudadanos que se gobiernan a sí mismos en igualdad apareció de la mano de la polis griega (siglos V-VI a. C.). Siglos después, los romanos introdujeron la noción de ciudadano (sujeto de derecho). Las raíces de nuestro ordenamiento político y jurídico son grecolatinas.

Politeía griega

Aristóteles dijo que el término politeía (ciudadanía) era necesario para que todos los ciudadanos se implicaran en el gobierno de la ciudad. La participación directa en los asuntos públicos formaba la esencia de la ciudadanía. Lo que se desentendía de sus obligaciones cívicas para ocuparse solo de sus asuntos privados no era considerado polités (ciudadano), sino que se consideraba un idiotés o no ciudadano (incívico). La esfera pública y privada eran inseparables: ser buena persona equivalía a ser buen ciudadano.

Durante un par de siglos funcionó un sistema en el que todas las decisiones políticas eran sujeto de deliberación y votación en la Asamblea; todos los ciudadanos podían participar en igualdad. Este sistema tenía una limitación: su carácter excluyente. Ni mujeres, ni esclavos, ni metecos (extranjeros) tenían derechos políticos, aunque tenían ciertos derechos económicos y la obligación de pagar impuestos. La ciudadanía griega se entiende como igualdad ante la ley (isonomía), lo que supone un avance respecto a la situación anterior (carácter político).

Civitas romana

En Grecia solo formaban parte del dêmos (pueblo) los integrantes de las tribus autóctonas; solo los nacidos en la polis de padres ciudadanos podían ser ciudadanos. En Roma, la condición de ciudadano (civis) se fue extendiendo a todos los hombres libres del Imperio, independientemente de su origen. Un ejemplo es Séneca, que nació en Córdoba y llegó a ser senador. La ciudadanía abandona el carácter étnico y particularista que tenía en Grecia para llegar a ser cada vez más universalista e integradora.

La ciudadanía romana tenía carácter jurídico, que consistía en vivir bajo el derecho romano y gozar de la protección de la ley. Ser ciudadano de Roma era un estatus legal que incluía derechos y deberes a partes iguales.

Obligaciones: servicio militar, pagar impuestos, respetar leyes, contraer matrimonio con personas ciudadanas, votar en la asamblea...

La ciudadanía continuaba restringida a los hombres libres, excluyendo a los esclavos y, en la práctica, a las mujeres. Fueron los que inventaron las leyes quienes sustituyeron a la fuerza.

Transición al feudalismo

La caída del Imperio Romano (s. V) supuso la desaparición de un modelo sociopolítico y de un concepto de ciudadanía. Durante el feudalismo, las relaciones sociales experimentan una transformación: los vínculos que unen a los individuos no son horizontales, de reciprocidad entre iguales, sino verticales (de subordinación de inferior a superior). El ciudadano se convierte en súbdito de un señor, que le presta protección a cambio de trabajo y obediencia.

Autonomía de la ciudad

En la Baja Edad Media, la revitalización del comercio y de la vida urbana favoreció la recuperación de cierta conciencia cívica. El ciudadano o burgués no era solo el habitante del burgo (núcleo urbano alrededor del castillo), sino el hombre libre asociado a un gremio y comprometido con el gobierno de su ciudad. Surgen los ayuntamientos y las comunas, muchas de las cuales gozaron de un considerable grado de autogobierno y de participación ciudadana.

La lucha por conseguir un fuero (norma para el territorio) que garantizase a los habitantes de los burgos derechos y prerrogativas frente al poder real fue una constante de esta época. Estas aspiraciones políticas de la clase burguesa fueron recogidas por filósofos como Marsilio de Padua (s. XIV), que denunciaban el poder tiránico de reyes, nobles y papas, y abogaban por dar mayor protagonismo al pueblo.

Surgimiento del Estado

En el Renacimiento se produce la consolidación de una nueva forma de organización política, nacida al final de la Edad Media: el Estado Moderno. Es un proceso de unificación de territorios cercanos bajo una misma jurisdicción, encarnada en la figura del monarca, sobre todo en Inglaterra, España y Francia. Esta centralización supone la subordinación de las diversas instancias de poder existentes (nobleza, clero) a una única autoridad suprema (el rey). Se establece un vínculo directo entre el individuo y el Estado. Los otros vínculos de fidelidad heredados de la época feudal desaparecen en la medida en que se reafirma lo que liga al súbdito con el monarca (encarnación del Estado).

Ciudadanía como pertenencia al Estado

Surge una nueva idea de ciudadanía que apenas tiene que ver con el ideal cívico del mundo clásico. El ciudadano es el súbdito que debe obediencia al Estado y recibe protección y ayuda de él; es un sujeto con derechos y deberes. La monarquía absoluta no es compatible con un estado de ciudadanía, porque, aunque puede ofrecer seguridad y garantizar igualdad de todos los súbditos, lo hace al precio de sacrificar la libertad individual e impedir cualquier tipo de participación política. Pueden surgir voces que reclaman un cambio de orientación en el sentido de otorgar un mayor protagonismo a los individuos en todo lo que afecta a su gobernación.

Ciudadanos ilustrados

Locke, Montesquieu, Kant, Rousseau y sus ideas dan lugar a la Ilustración, corriente filosófica e ideológica de importancia del siglo XVIII. Kant definía la Ilustración como la salida del ser humano de su minoría de edad intelectual. La crisis de la monarquía absoluta había empezado un siglo antes en Inglaterra. La Revolución Gloriosa (1688) instauró un régimen constitucional que establecía un equilibrio de poder entre el rey y el parlamento. Nace el Estado liberal.

Ciudadanía como posesión de derechos

Locke fue uno de los principales defensores de la teoría del contrato social. Según él, ningún poder es legítimo si no cuenta con el consentimiento y la participación activa de los gobernados, elevados de la condición de súbditos a la de ciudadanos. La función del Estado es asegurar los derechos individuales (igualdad, libertad y propiedad). Los individuos consienten someterse a un poder común, y si no se cumplen estas condiciones tienen derecho a romper el pacto y a recuperar su soberanía.

Locke defendía una concepción liberal del Estado y de la ciudadanía: ser ciudadano quiere decir gozar de derechos fundamentales e inalienables. Estas libertades solo pueden hacerse efectivas en un clima de tolerancia. La tolerancia, según Locke, era la libertad religiosa, como no interferencia del Estado en cuestiones de conciencia y como respeto por todas las confesiones por igual.

Resultado: un gobierno que se llame liberal no puede imponer a los ciudadanos ningún credo religioso, ninguna ideología política ni ninguna norma moral. Liberalismo y tolerancia son inseparables.

Ciudadanía como participación en la voluntad general

La Ilustración supuso el triunfo del Estado liberal de derecho. La Revolución francesa impulsó la creación del Estado democrático. Locke pedía unos derechos individuales y la no interferencia del Estado en la vida privada de las personas. Rousseau defendía la primacía del interés general por encima de los intereses particulares de los individuos. La forma ideal del Estado era aquella en la que las voluntades particulares convergieran en la voluntad general. Se trataba de una idea revolucionaria que atacaba los fundamentos del poder establecido y ponía las bases para la democracia.

El lema kantiano dice que las personas somos capaces de pensar por nuestra cuenta, también debemos ser capaces de decidir autónomamente lo que queremos hacer con nuestras vidas sin que nos lo imponga una autoridad superior. Hay que fomentar la educación cívica para evitar que nadie se desentienda de los asuntos comunes, además de fomentar los sentimientos de fraternidad entre los individuos y la conciencia de pertenecer a un mismo colectivo (nación). Hay que establecer una religión civil que fomente la participación ciudadana y la cohesión social.

Revoluciones americana y francesa

La Revolución americana: el pensamiento de Locke impregna la Declaración de Independencia de EE. UU. (1776). Los antiguos súbditos de las colonias inglesas tenían la condición de ciudadanos de un nuevo Estado. Los fundamentos del nuevo Estado eran los derechos inalienables del individuo (libertad e igualdad); la mejor forma de preservarlos era con un gobierno liberal y democrático donde cada uno fuese libre de buscar su felicidad. La tolerancia resultó imprescindible en un país donde coexistían pacíficamente centenares de iglesias y religiones.

La Revolución francesa se inspiró en la teoría de Rousseau sobre el contrato social y la voluntad general. Eran ideas incompatibles con la monarquía absolutista del Antiguo Régimen, que quitaron para instaurar la República de ciudadanos libres e iguales. Había dos clases de ciudadanos: activos (propietarios con derecho a voto) y pasivos (privados de este derecho). Las revoluciones liberales del siglo XVIII, con sus declaraciones de derechos y su defensa de la soberanía popular, contribuyeron de forma decisiva a la consolidación del ideal de ciudadanía que ha durado hasta ahora.

Nuevo concepto de ciudadanía

Ciudadanía civil y social

Desde la polis griega hasta la Revolución francesa ha ido naciendo el concepto de ciudadanía entendida como la posesión de derechos políticos y civiles garantizados por el Estado. Es un concepto insuficiente porque excluye a la parte femenina de la sociedad y, además, estaba falto de los derechos económicos y sociales. El Estado liberal de derecho (siglos XVIII-XIX) garantizaba la libertad e igualdad entre ciudadanos. En la práctica, estos derechos se restringían a una minoría de la población.

Las contradicciones entre la teoría y la realidad, entre los supuestos derechos reconocidos por el Estado y su nula aplicación práctica para una gran masa de ciudadanos, contribuyeron a que surgiera la ciudadanía social. Sus raíces están en las reivindicaciones sociales por parte del movimiento obrero a lo largo del siglo XIX. Los gobiernos de Inglaterra y Alemania introdujeron mejoras progresivas en las condiciones de vida de sus ciudadanos. El sistema capitalista solo podía crecer y mantenerse con una elevada demanda, lo que exigía mejorar las condiciones económicas de las clases más desfavorecidas para que acabasen constituyendo una gran masa de consumidores.

Las graves consecuencias económicas y sociales de la Segunda Guerra Mundial impulsaron la creación de un sistema universal de lucha contra la pobreza. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la ONU (1948), incorpora los derechos económicos y sociales.

Estado social y Estado del bienestar

A partir de este momento, ser ciudadano no significaba solo tener igualdad ante la ley y participación activa en el gobierno por medio del derecho al voto, sino también disponer de unas condiciones económicas y sociales que permitan el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Surge el Estado social y democrático de derecho, que incorpora valores de libertad e igualdad (equidad), que se entienden como una cuestión de justicia social. Todos deben tener las mismas oportunidades para acceder a los bienes sociales; esto implica una redistribución de los recursos por medio de impuestos, ayudas y subvenciones.

El Estado del bienestar se basa en la existencia de un fuerte sector público que garantiza el acceso universal y gratuito a la educación y a la sanidad, a pensiones, prestaciones por paro... Forman parte del bienestar de los ciudadanos la cultura o el medio ambiente: es necesario invertir en el fomento de la cultura y en la preservación del medio.

El Estado del bienestar ha recibido críticas que le acusaban de ser demasiado intervencionista. Una parte de la gente cree que el bienestar es cosa de cada uno y que el Estado tendría que limitarse a garantizar la igualdad de oportunidades y unos mínimos vitales para todo el mundo; si no es así, se corre el riesgo de caer en el Estado paternalista, que trata a los ciudadanos como si fueran menores de edad o que actúa con fines electoralistas. Otros piensan que este modelo es insostenible por su elevado coste: si quienes generan riqueza ven que la carga fiscal que tienen no deja de aumentar, acabarán por cerrar su negocio o por trasladarlo a otros sitios donde se paguen menos impuestos, ya que si tienen más dinero pagan más impuestos.

Modelo de crisis

Desde finales del siglo XX ha entrado en crisis el Estado del bienestar como consecuencia de una serie de factores vinculados a la globalización económica. Destacan la liberación de los mercados y capitales, la deslocalización de empresas, las oleadas migratorias, las políticas de ahorro y las privatizaciones dictadas por el Fondo Monetario Internacional. Si le añadimos el envejecimiento progresivo de la población en los países desarrollados, el aumento de las personas que necesitan prestaciones sociales y la consolidación de un modelo de ciudadano tan exigente en la reclamación de más y mejores servicios públicos, a pocos les extrañará que el Estado del bienestar esté en una situación difícil.

La globalización es un proceso de creciente integración del comercio, las finanzas, las comunicaciones y el conocimiento. Los mercados locales se unifican en un mercado de dimensiones mundiales. Como consecuencia, el mundo se hace más pequeño, más interconectado y más interdependiente. Este proceso está cambiando nuestras vidas de forma radical; constituye una realidad palpable que no tiene sentido tratar de negar u ocultar. La mayor parte de las decisiones que nos afectan se toman a nivel global, de la misma manera que las decisiones que tomamos nosotros a escala local tienen repercusiones a escala mundial.

Globalización en debate

Las discrepancias empiezan cuando pasamos de los hechos a las valoraciones, cuando convertimos lo que es un fenómeno objetivo en una ideología.

Defensores del modelo neoliberal

La caída del régimen comunista (última década del siglo XX) supuso el final de la división del mundo en bloques antagónicos y consolidó la hegemonía del modelo capitalista occidental. Algunos, como Fukuyama, celebraron este acontecimiento como el triunfo absoluto del liberalismo democrático, el único sistema capaz de proporcionar libertad y progreso a todos los ciudadanos, una vez comprobado el fracaso de todos los demás. La globalización es la extensión del modelo económico, social y político del mundo occidental a todo el planeta. El libre mercado, la democracia y los derechos individuales son los pilares sobre los que se asienta este modelo.

Críticas al modelo actual: problemas de la globalización

• Explotación de los países pobres.
• Incumplimiento de los derechos humanos.
• Desigualdades entre los países pobres y ricos.
• Transformación del ciudadano en consumidor, lo que nos convierte en seres más individualistas.
• Existe mayor contaminación por las emisiones radiactivas de las centrales nucleares.

Reorientar la globalización

Los países pobres están cada vez más empobrecidos, y el crecimiento económico de los Estados emergentes (China, Brasil, México) se produce con un alto coste social y ambiental. Crecen las desigualdades entre clases, la competencia por los recursos, la violencia organizada y la degradación del medio.

Conclusión: si el proceso globalizador no se puede parar, es posible reorientarlo para que sus ventajas lleguen a todos. Sería una globalización inclusiva, formada democráticamente desde abajo y no tanto desde las altas esferas económicas y mediáticas.

Amenaza del pensamiento único

McLuhan utilizó el concepto de aldea global para referirse a la creciente interdependencia entre las diferentes sociedades del planeta. La mejora en los transportes y las comunicaciones ha mejorado los flujos comerciales, de información, de transmisión de conocimientos, valores, costumbres y formas de vida, pero suele ir en un solo sentido: de la sociedad occidental hacia el resto de culturas. Con la televisión, la radio, la prensa e internet, Occidente difunde sus patrones sociales, sus valores políticos y morales, y su forma de ver el mundo. Toda crítica a esta uniformización cultural es rechazada como un ataque a la libertad.

Cada vez proliferan más las voces que reivindican la diversidad cultural como un valor que hay que preservar. La variedad de lenguas, valores, creencias y costumbres no es incompatible con el progreso de la modernidad.

Universalismo no es homogeneidad

Se confunde diversidad con desigualdad, y por eso dudan de que defender esta diversidad sea defender actitudes como la discriminación de la mujer o el autoritarismo. La aceptación de la diversidad como factor de enriquecimiento es compatible con el rechazo de actitudes que supongan la discriminación de los derechos básicos de las personas. En la defensa de la dignidad humana pueden congregarse todas las culturas, independientemente de su cultura. Esta propuesta tiene unos mínimos éticos comunes para todas las culturas, sin caer en la homogeneización indeseable (universalismo), que tiene diferentes formas (ética intercultural, diálogo interreligioso) y fomentan el encuentro entre todos desde el respeto.

Mundo en peligro

Aumenta el riesgo de conflictos

La globalización acentúa la degradación del medio y aumenta el riesgo de conflictos por los recursos naturales cada vez más escasos (petróleo, gas, agua). Estos combustibles fósiles, de los que depende nuestro estilo de vida, producen gases de efecto invernadero que son responsables del calentamiento del planeta. Las consecuencias son el cambio climático, que se nota en muchas zonas, y son: desertización de grandes áreas de cultivo, extinción masiva de especies terrestres y marinas, incremento de sequías, inundaciones, pobreza y guerras. Algunos piensan que el peligro del cambio climático se está exagerando y que no hay que asustar a la gente así. Pero todos los indicadores señalan que nos estamos acercando peligrosamente a un punto sin retorno y que la capacidad del planeta para absorber los residuos que generamos está cerca del límite.

Nueva relación con el medio

Tenemos que pensar no solo en nuestro futuro inmediato, sino en las próximas generaciones que tienen el derecho de vivir en un mundo habitable. Esto exige repensar seriamente nuestra interacción con el entorno para introducir criterios éticos y ecológicos además de económicos en el actual sistema de producción y consumo. Esta nueva actitud se tendrá que basar en un nuevo contrato entre el hombre y la naturaleza, según Serres. Este contrato tiene derechos y deberes, ya que nos permite extraer de la naturaleza los recursos necesarios para vivir y nos exige respetarla para asegurar su continuidad.

La idea de contrato tiene implicaciones éticas que no todo el mundo está dispuesto a asumir. Se trata de elevar a la naturaleza a la condición de sujeto de derecho. Pero como la naturaleza no es alguien dotado de razón y conciencia, no está capacitada para reclamar derechos ni para ejercerlos automáticamente. Jonas apostaba por el principio de responsabilidad como medio para no comprometer el futuro de la biosfera. Tenemos la responsabilidad de preservar la naturaleza desde el momento en que también somos capaces de destruirla, destruyendo el futuro de la humanidad. El principio de responsabilidad se convierte en un nuevo imperativo ético que nos obliga a considerar las consecuencias de nuestros actos para no comprometer la continuidad de la vida humana sobre la Tierra.

Conflictos y soluciones

Con la caída del Muro de Berlín y el final de la Guerra Fría, muchos pensaron que se inauguraba una larga era de paz y estabilidad. Los optimistas, como Fukuyama, hablaron del fin de la historia en un nuevo escenario presidido por la democracia liberal y el capitalismo. La tensión se desplazó del eje Este-Oeste al Norte-Sur. Ha disminuido el riesgo de un nuevo conflicto mundial, pero ha aumentado los conflictos regionales y locales.

Causas: de tipo económico y geopolítico, y también conflictos étnicos y religiosos entre culturas diferentes. Huntington popularizó la tesis del choque de civilizaciones. Decía que, una vez liquidada la política de bloques de la Guerra Fría, los factores de inestabilidad en el mundo ya no serían ideológicos, sino culturales, entre civilizaciones diferentes que luchan por la hegemonía mundial.

Sociedades multiculturales

Otro reto de la globalización es aprender a gestionar la diversidad en sociedades cada vez más heterogéneas. La mejora de los transportes y las comunicaciones, los desequilibrios económicos, el aumento de catástrofes ecológicas... empujan a miles de personas a emigrar en busca de mejores condiciones de vida. El fenómeno migratorio está convirtiendo las ciudades occidentales en lugares donde se congregan gentes de diferentes procedencias. La coexistencia de grupos humanos de diferentes culturas da lugar a una sociedad multicultural y pone en cuestión el modelo clásico de Estado-nación, basado en una identidad común más o menos homogénea.

Crisis del concepto clásico de identidad

La historia, la lengua, la religión, las costumbres y los valores compartidos son los elementos que forman el nexo de unión común entre los ciudadanos de un mismo territorio. Esto tiene una nueva dimensión con la incorporación rápida y masiva de grandes contingentes de población inmigrante a nuestra sociedad. Estos cambios sociales tan bruscos plantean conflictos y preguntas con respecto a la identidad y pertenencia. Se mezclan sentimientos (identidad y pertenencia), valores (igualdad, justicia y libertad) y estatus jurídicos (ciudadano, extranjero, inmigrante).

Del monoculturalismo a la interculturalidad

Una manera de tratar la diversidad cultural en una misma sociedad es optar por suprimirla. Así se consigue que los recién llegados adopten las pautas culturales dominantes en la sociedad receptora (monoculturalismo asimilacionista). Otros consideran este valor hasta el punto de considerar indeseable cualquier intento de integrar comunidades culturales distintas dentro de un mismo espacio (monoculturalismo diferencialista), que da prioridad a la defensa de las identidades grupales ante la creación de una identidad común y compartida. Cada persona exalta su identidad propia. La agregación de particularismos consiste en que cada comunidad cultural tiene derecho a preservar sus características propias y a organizarse como quiera, con el único límite del respeto a la legalidad. Ninguna cultura es un bloque monolítico e invariable.

Modelo de integración respetuoso con las diferencias

La apuesta de futuro es plantear un nuevo modelo que permita la integración de todos los grupos culturales en una misma sociedad, sin que esto signifique tener que renunciar a los rasgos de identidad propios de cada persona. Hay que pasar de una identidad única y cerrada a otra múltiple y abierta (interculturalidad), que trate de conciliar el respeto a la diferencia con la igualdad política y social. De la diversidad viene la riqueza.

Para tener este modelo se necesita tener mucha tolerancia y respeto hacia los demás. Una educación universalista que apueste por destacar lo que nos une como seres humanos, sin menospreciar las particularidades, es un factor clave para este proyecto de convivencia. Además, la defensa de la democracia y del Estado de derecho como garantía de la libertad y la igualdad para todos, sin menospreciarlos por su origen.

De la polis a la cosmópolis, postnacional

Desde los griegos hasta el siglo XX, el ideal de ciudadanía se ha basado en la pertenencia a una comunidad política concreta y diferenciada del resto. Este estatus se ha ido extendiendo a colectivos que estaban marginados (mujeres, minorías étnicas, trabajadores). Todavía hay inmigrantes, apátridas, refugiados... que no gozan plenamente de sus derechos. La ciudadanía tiene como requisito principal la posesión de la nacionalidad. Pero las cosas están cambiando muy rápido: estamos en un mal momento del modelo político que ha regido el mundo durante los últimos siglos (Estado nacional). La creciente interdependencia entre las distintas regiones del planeta, la influencia de los grandes agentes económicos, el aumento de la movilidad y la creación de redes globales de información son los que forman los fundamentos del Estado que dan paso a la era postnacional (Habermas). Aunque seguimos viviendo en un mundo formado por naciones independientes, en verdad su soberanía se reduce por arriba como por abajo, y los gobiernos estatales ven cómo su influencia disminuye. Si nos enfrentamos a retos de dimensión global, las respuestas también lo serán. Esto requiere la creación de un nuevo gobierno mundial.

Ciudadanos del mundo

Raíces del cosmopolitismo

Desde los estoicos hasta Kant, la idea de ciudadanía cosmopolita ha sido una de las utopías más anheladas por las personas. La primera aproximación a la idea de cosmopolitismo apareció con el estoicismo hace unos 2.000 años: los estoicos defendían que, además de la comunidad particular a la que pertenece cada individuo, hay otra comunidad universal que nos une a todos por ser seres racionales. La pertenencia a esta comunidad nos iguala a todos y nos da los mismos derechos, vivamos en el lugar donde vivamos. Más de 20 siglos después, la Declaración de 1948 recuperó este llamamiento a la razón común como fundamento de la igualdad y el hermanamiento entre todos los seres humanos. El cosmopolitismo estoico tuvo continuidad en la época romana e influyó en el emperador Marco Aurelio.

El cristianismo fue, después de los estoicos, el que dio su aproximación, con la reivindicación de la igualdad y la fraternidad universal. El logos común se convierte en la ley natural, inscrita por Dios en la conciencia de cada persona, en una comunidad espiritual. Estas ideas inspiraron a los ilustrados del siglo XVIII, que redactaron las primeras declaraciones de derechos. El ideal cosmopolita avanza y se empieza a ver la posible asociación de naciones unidas en defensa de la paz y los derechos de las personas.

Federación de paz a Naciones Unidas

Kant dio la primera aproximación realista al proyecto de construir una federación de Estados de alcance mundial. Según él, el motor de esta construcción es el antagonismo que hay entre los pueblos: los pueblos están condenados a entenderse y a unirse en una federación de la paz bajo la vigilancia del derecho internacional. Insociable sociabilidad. Después de la Primera Guerra Mundial se formó la primera Sociedad de Naciones, con el propósito de fomentar la paz entre los pueblos (1919), pero no impidió que más tarde fuera la Segunda Guerra Mundial. Estas guerras aumentaron la sensación de vulnerabilidad de la Humanidad. Por eso se construyeron las Naciones Unidas (1945) con el objetivo de fomentar la paz, la justicia y la solidaridad. La Carta de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos hacen referencia a la fraternidad universal. Las Naciones Unidas no forman un verdadero gobierno mundial, por lo que no existen los mismos derechos en todo el mundo: estos dependen del lugar en el que se viva.

Democracia global

Gobierno mundial

En los principios del siglo XXI, la noción de ciudadanía está en el cruce entre la concepción republicana (defensa de la democracia), la liberal (introduce el Estado y el derecho) y la cosmopolita (intenta extender la democracia y los derechos humanos a todo el mundo). La globalización da oportunidades, pero tiene riesgos. Muchas personas empiezan a plantear que es conveniente apostar por un gobierno mundial verdaderamente democrático y representativo de todos los pueblos y no solo de los más ricos.

Nuevas instituciones para el orden mundial

Es necesario modificar las estructuras de gobierno existentes. Tendría que democratizarse el funcionamiento de las Naciones Unidas para convertirla en una especie de Parlamento mundial donde estuvieran representadas todas las personas. Otro paso sería elaborar una constitución universal que elevase al puesto de ley la actual declaración de los derechos humanos. También velar por el cumplimiento de la constitución mediante un tribunal internacional vinculante para todos los países y con poder sancionador (Corte Penal Internacional). Hay que añadir un orden económico y social más justo que permita que todo el mundo pueda disponer de los bienes necesarios para vivir en condiciones dignas.