Clasificación y protección jurídica de los derechos de la personalidad

Resumen

El documento describe los tipos de derechos de la personalidad, agrupados en vida e integridad física, libertades, integridad moral (honor, intimidad y propia imagen) y derecho al nombre. Explica las medidas de protección frente a vulneraciones, las garantías constitucionales y la tutela judicial, incluido el recurso de amparo, así como el concepto de daño moral y su resarcimiento.

Puntos clave

Los derechos de la personalidad se agrupan en vida e integridad física, libertades, integridad moral y esfera reservada, y derecho al nombre.
El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen tiene un plazo de caducidad de 4 años para su ejercicio.
Ante una vulneración se pueden pedir el cese de la intromisión, el restablecimiento del derecho, la prevención de nuevas intromisiones, la difusión de la sentencia y una indemnización.
Los derechos fundamentales pueden ejercitarse ante los tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario.
Tras agotar los recursos ordinarios, el titular puede acudir al Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo.
La lesión de estos derechos se identifica tradicionalmente con el daño moral, que debe ser resarcido por su causante.

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Tipos de derechos de la personalidad

Los derechos subjetivos de la personalidad poseen una naturaleza diversa, lo que ha generado controversias al establecer criterios de clasificación. Estos derechos se agrupan principalmente en las siguientes categorías:

Vida e integridad física.
Libertades.
Integridad moral y esfera reservada de la persona: abarca el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.
Derecho al nombre.

Protección de los derechos subjetivos fundamentales

En relación con la protección de los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen, la legitimación activa que corresponde al titular del derecho tiene un plazo de caducidad de 4 años. Ante una vulneración, se podrán adoptar las siguientes medidas:

Cese de la intromisión.
Restablecimiento del derecho lesionado.
Prevención de ulteriores intromisiones.
Difusión de la sentencia.
Derecho a la indemnización de los perjuicios causados.

Todos los derechos subjetivos de los ciudadanos se encuentran especialmente garantizados constitucionalmente, ya que solo podrán ser regulados por ley.

Garantías constitucionales y tutela judicial

Según la Constitución Española, los derechos fundamentales gozan de una peculiar garantía: su reconocimiento y respeto puede ejercitarse “ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad”, lo que supone un juicio con trámites abreviados y de mayor agilidad que los normales.

En el caso de que cualquiera de los derechos subjetivos fundamentales haya sido vulnerado en un proceso judicial, una vez agotados los recursos ordinarios, su titular podrá solicitar la tutela del Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo.

El daño moral

La lesión de los derechos subjetivos de la personalidad se ha identificado tradicionalmente con la idea de daño moral. Dado que los derechos de la personalidad tienen naturaleza extramatrimonial, las consecuencias de su violación no deberían ser de carácter patrimonial, sino de orden moral. En la actualidad, el concepto de daño moral es plenamente aceptado por la legislación y la jurisprudencia; por tanto, aunque la lesión quede reducida a un daño moral, este deberá ser resarcido por su causante.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el plazo para ejercer la acción de protección del derecho al honor, la intimidad o la propia imagen?

La legitimación activa del titular tiene un plazo de caducidad de 4 años. Transcurrido ese plazo, la acción no puede ejercitarse.

¿Qué medidas se pueden adoptar si se vulneran estos derechos?

Se pueden adoptar el cese de la intromisión, el restablecimiento del derecho lesionado, la prevención de ulteriores intromisiones, la difusión de la sentencia y el derecho a indemnización de los perjuicios causados.

¿Qué es el recurso de amparo?

Es el recurso que puede solicitar el titular de un derecho fundamental vulnerado, una vez agotados los recursos ordinarios, para obtener la tutela del Tribunal Constitucional.