¿Qué diferencia hay entre una demanda principal y una accesoria?

La demanda principal tiene existencia propia y vale por sí sola. La accesoria no puede existir sin la principal y, si la principal se declara infundada, la accesoria sigue la misma suerte.

¿Cómo se clasifica una demanda según su cuantía?

Es sumarísima si no excede de 100 URP, abreviada si es mayor de 100 y no excede de 1000 URP, y de conocimiento si la estimación patrimonial excede de 1000 URP.

¿Puede firmar la demanda una persona que no sabe leer?

Sí. Si el demandante es iletrado, la firma puede sustituirse por su huella digital, que será calificada por el auxiliar jurisdiccional respectivo.

Clasificación y requisitos de las demandas en el proceso civil

Resumen

El documento explica cómo se clasifican las demandas en el proceso civil según su forma, extensión, sujeto, objeto, procedimiento y cuantía. También detalla el contenido que debe tener una demanda, incluyendo la forma de los escritos, la firma y la autorización por un letrado.

Puntos clave

Las demandas se clasifican por su forma (orales o escritas), extensión (principales o accesorias), sujeto (personales, reales o mixtas), objeto (mobiliarias o inmobiliarias), procedimiento (contenciosas o no contenciosas) y cuantía.
Las demandas accesorias no pueden existir sin la principal y no pueden declararse fundadas si la principal es infundada.
Las demandas personalísimas solo pueden hacerlas valer el titular del derecho, a diferencia de las personales, que son transmisibles.
Según la cuantía, una demanda es sumarísima si no excede de 100 URP, abreviada si supera 100 y no excede 1000 URP, y de conocimiento si excede 1000 URP.
Los escritos deben presentarse en máquina de escribir u otro medio técnico, a un solo lado y a doble espacio, con márgenes mínimos de tres centímetros a la izquierda y dos a la derecha.
Cuando existen tres o más abogados en ejercicio en la localidad (defensa cautiva), los escritos deben estar autorizados por un abogado colegiado.

Ponte a prueba

Clasificación de las Demandas en el Proceso Civil

Por su Forma

Orales: Son competencia de los jueces de paz, quienes las tramitarán de acuerdo a su propio reglamento, haciendo constar en actas escritas todas las actuaciones que realicen en el desempeño de su función de juez conciliador.
Escritas: Son competencia de los jueces de paz letrados y jueces especializados en lo civil, de acuerdo a su competencia. Las tramitarán observando la vía procedimental de los procesos sumarísimos, abreviados o de conocimiento.

Por su Extensión

Principales: Tienen existencia propia, valen por sí solas.
Accesorias: No pueden existir sin las principales, porque si se declaran infundadas las demandas principales, las accesorias siguen la misma suerte. Otras veces pueden declararse fundadas las demandas principales e infundadas las accesorias, y al contrario. Ninguna demanda accesoria puede declararse fundada cuando la demanda principal ha sido declarada infundada.

Por el Sujeto

Personales: Se ejercitan pretensiones personales que se refieren a los derechos de las personas, de familia y de obligaciones. Las demandas personales no deben confundirse con las personalísimas. Las primeras son transmisibles por actos inter vivos o mortis causa; mientras que las personalísimas solamente pueden hacerlas valer el titular del derecho.
Reales: Son aquellas en las que se hacen valer pretensiones referentes a los derechos reales, a los contratos.
Mixtas: Son aquellas que tienen que ver con los derechos reales, de las personas, contratos o sucesiones.

Por el Objeto

Mobiliarias: Son aquellas que protegen las pretensiones relativas a los bienes muebles.
Inmobiliarias: Son aquellas que protegen las pretensiones relativas a los bienes inmuebles.

Por el Procedimiento

Contenciosas: Son aquellas donde intervienen obligatoriamente dos partes, esto es, que existe un derecho de acción y de contradicción.
No Contenciosas: Son aquellas en las que, si bien es cierto existen dos partes, una de ellas es el Ministerio Público, cuya intervención se limita a ser estrictamente ilustrativa.

Por la Cuantía

De Conocimiento: Cuando la estimación patrimonial del petitorio excede de 1000 URP.
Abreviadas: Cuando es mayor de 100 y no excede de 1000 URP.
Sumarísimas: Cuando no excede de 100 URP.

Contenido de la Demanda

1. La Demanda debe Presentarse por Escrito

A. Forma de los Escritos (Artículos 130 a 135 del Código Procesal Civil)

El escrito se presenta en máquina de escribir u otro medio técnico. Se mantiene en blanco un espacio de no menos de tres centímetros en el margen izquierdo y dos en el derecho. Es redactado por un solo lado y a doble espacio. Cada interesado numerará correlativamente sus escritos. Se sumillará el pedido en la parte superior derecha. Si el escrito tiene anexos, éstos serán identificados con el número del escrito seguido con una letra. Se usa el idioma castellano, salvo que la ley o el juez, a pedido de las partes, autoricen el uso del quechua o del aymara. La redacción será clara, breve, precisa y dirigida al juez del proceso. Si el contenido contiene otrosíes o fórmulas similares, estos deben contener pedidos independientes del principal.

B. Firma de los Escritos

Si el demandante es una persona letrada, toda demanda debe ser firmada, debajo de la fecha a fin de que se responsabilice de la pretensión que se está haciendo valer. Si el demandante es iletrado, la firma puede sustituirse por su huella digital, la que será calificada por el auxiliar jurisdiccional respectivo. La demanda puede ser firmada por el tercero legitimado o su abogado que lo presenta ejercitando en algunos casos la representación procesal.

C. Autorización de la Demanda por un Letrado

Cuando la defensa sea cautiva, esto es, cuando existan tres o más abogados en ejercicio, no se dará trámite a los escritos que no estén autorizados por un abogado, con su nombre en caracteres legibles, el número de su registro en el Colegio de Abogados y su firma en originales. Para ejercer la abogacía y autorizar una demanda se debe cumplir los siguientes requisitos:

Tener el título de abogado.
Hallarse en el ejercicio de sus derechos civiles.
Estar inscrito y habilitado por el Colegio de Abogados correspondiente.