La Competencia de los Órganos Jurisdiccionales: Conexión, Litispendencia, Partes y Procedimiento Civil en Venezuela
La competencia de los órganos jurisdiccionales
El ejercicio de la función jurisdiccional que corresponde al Estado tiene que realizarse a través de cierto ente, el cual está confinado por la Constitución y por la ley.
Los entes que obran en nombre del Estado para administrar justicia, que garantiza la Constitución, son los órganos jurisdiccionales. Estos pueden hablarse en dos sentidos:
- Sentido objetivo: se basa en la esfera de poderes y deberes objetivamente preestablecidos por la ley para el ejercicio de la función jurisdiccional.
- Sentido subjetivo: es la persona física que obra en nombre del tribunal para el ejercicio de dicha función.
Los jueces son los órganos jurisdiccionales por excelencia.
Clasificación
En el derecho positivo venezolano distinguimos varios tipos de órganos jurisdiccionales, atendiendo a distintos criterios:
- Atendiendo a su número: el tribunal puede ser único de un cierto tipo existente o uno de los diversos órganos del mismo tipo. Así, el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) es único, por ser el más alto tribunal de la República.
- Atendiendo a la duración del órgano: el tribunal es permanente o temporal. Son permanentes los tribunales que forman parte constante del ordenamiento jurídico creado por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
- Atendiendo a la estructura interna del tribunal: se dividen en unipersonales y colegiados.
- Atendiendo al grado de jurisdicción que ejercen: los tribunales son superiores e inferiores.
El juez
Es el funcionario público investido de autoridad para ejercer la función jurisdiccional. La competencia es de orden privada y se encuentra socialmente en las relaciones que pueden darse entre dos o más causas y en la economía procesal.
Para ello es necesario examinar previamente dichas relaciones entre causas y, después, el tratamiento concreto que les da el nuevo Código.
Relaciones entre causas
La litispendencia
La litispendencia es la relación más estricta que puede darse entre dos o más causas: la identidad absoluta.
Esta relación se da cuando las causas tienen en común los tres elementos indicados: los sujetos, el objeto y el título. Es decir, no se habla de dos o más causas idénticas, sino de la misma causa propuesta ante dos autoridades judiciales competentes.
Ejemplo: el caso en que un mismo acreedor proponga contemporáneamente, contra los mismos deudores, la misma causa de cobro de crédito ante dos jueces diversos.
Otro ejemplo: A propone la demanda de servidumbre de paso contra B, propietario del fundo, ante el juez del lugar en que se encuentran ambos fundos; y B propone la negatoria de la demanda de servidumbre para acreditar la no existencia del gravamen ante el tribunal de domicilio de este, que es distinto al de aquel.
La continencia
Otra relación entre causas es la denominada continencia o litispendencia parcial.
Se da cuando una causa más amplia, llamada causa continente, comprende y absorbe a una causa menos amplia, llamada causa contenida.
Ejemplo: el acreedor pide al deudor el pago de intereses de un préstamo ante el juez del domicilio del deudor y, después, ante el juez del lugar donde debe ejecutarse la obligación.
La conexión genérica
Entre dos o más causas existe la relación de conexión cuando diversas causas tienen en común uno o dos de sus elementos. La conexión genérica se diferencia de la litispendencia porque esta exige la comunidad de los tres elementos: sujetos, objeto y título; y de la continencia.
La conexión específica
Está contemplada en los artículos 48, 49 y 50 del CPC, donde se produce el desplazamiento de la competencia de uno o varios jueces en beneficio de otro.
La característica de estos procesos litisconsorciales es la unidad de la relación jurídica procesal y la autonomía de los sujetos procesales que la constituyen, en forma tal que los actos de uno u otro no aprovechan ni perjudican a los otros.
La accesoriedad
Es la relación de conexión que se da entre dos causas, una de las cuales, llamada causa accesoria, aparece subordinada y dependiente del título de la otra, llamada causa principal.
La diferencia esencial entre accesoriedad y continencia: en la continencia, la decisión de la causa continente envuelve necesariamente a la decisión contenida; en la accesoriedad, la decisión de la causa accesoria presupone la decisión de la causa principal, es decir, no está implícita.
La garantía o fianza
Están tratadas en nuestro Código al igual que las accesorias. Se basa en que aquel que figura como demandado en la causa principal figura, a la vez, como actor (garantizado) en la causa de garantía y como demandado (garante), un sujeto distinto que debe garantizar si el patrimonio del deudor no es suficiente para satisfacer la obligación.
La prejudicialidad
Es la relación de conexión que se da entre la causa principal y la causa prejudicial. Esta se origina cuando, para la decisión de una causa, es necesario decidir también con efecto de cosa juzgada.
En nuestro proceso solo se consideran cuestiones prejudiciales aquellas que deben resolverse en un proceso distinto del proceso principal y constituyen una cuestión previa, cuyo efecto no es paralizar el proceso, sino el de continuar su curso hasta llegar a la sentencia.
En muchos casos, para llegar el juez a la decisión final sobre el mérito de la causa, tiene que examinar y resolver ciertas cuestiones surgidas en el curso del proceso, que aparecen como antecedentes lógicos de su decisión final.
La compensación
Es un modo de extinción de la obligación cuando dos personas son recíprocamente deudoras, y se verifica entre una de ellas la compensación, que extingue las dos deudas por las cantidades concurrentes. Como la compensación se resuelve en una recíproca liberación de las partes, esta constituye también un derecho: el derecho de no cumplir, por la cuantía correspondiente, la obligación contraída con el integrante del compromiso de no poder la prestación que se nos debe.
La reconvención
Ocurre cuando el demandado no se limita a una actitud puramente defensiva contra la demanda del actor, sino que también asume el papel de contrademandante, haciendo valer en el mismo proceso una pretensión concreta.
En otras palabras, la reconvención es una nueva pretensión que tiende a la condena del actor reconvenido.
Garantías de los poderes y los jueces
La inhibición
Es un deber del juez, y no una mera facultad. Impone al funcionario que, si llega a conocer que en su persona existe algún tipo de recusación, su obligación es inhibirse. En sí, podría definirse como el acto del juez en donde se excusa voluntariamente del conocimiento de una causa concreta por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes. Se caracteriza por ser:
- Un acto judicial y no de parte, ya que lo realiza el juez y produce efectos en el proceso.
- Aunque es un deber del juez, las partes no tienen la facultad de exigir su inhibición.
- Causa un incidente en la causa concreta, cuya sola finalidad es resolver la crisis subjetiva del proceso creada con la excusación del juez del conocimiento de la causa.
Entre las causales de inhibición y recusación encontramos muchas que se hallan, en su mayoría, contempladas en el artículo 82 del CPC (parentesco, afinidad del cónyuge recusado, etc.).
Causales de inhibición y recusación
- Por parentesco de consanguinidad con alguna de las partes.
- Por parentesco de afinidad del cónyuge del recusado con cualquiera de las partes, dentro del 2º grado, si vive el cónyuge y no está divorciado.
- Por parentesco de afinidad del recusado con el cónyuge de cualquiera de las partes.
La recusación
A diferencia de la inhibición, es una facultad de las partes orientada a provocar la exclusión del juez cuando este no ha dado cumplimiento al deber de inhibirse. Podría definirse como el acto de la parte por el cual exige la exclusión del juez del conocimiento de la causa por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de esta, y no haber dado cumplimiento a su deber de inhibición.
La recusación tiene en común con la inhibición que origina un incidente en la causa concreta sometida al conocimiento del juez recusado.
La recusación tiene los mismos límites subjetivos y objetivos que la inhibición, ya que está referida a los funcionarios judiciales, ordinarios o especiales.
Forma de la recusación
La forma de proponerla es por diligencia ante el juez, exponiendo las causas de esta (art. 92 CPC).
En cuanto al número de recusaciones, la ley ha querido poner un límite, a fin de evitar la proliferación de estas incidencias: las partes no podrán intentar más de dos recusaciones en la misma instancia, bien sobre el asunto principal o sobre alguna incidencia.
Las partes
El concepto de parte no es exclusivo del proceso, sino que es una de aquellas nociones que encontramos usadas en diversos campos del derecho y en el lenguaje común con diversos significados. De partes se habla en el contrato para significar los sujetos que deben prestar su consentimiento para que pueda existir la relación negocial, la cual surte efectos sino entre las partes.
El concepto de parte no es pacífico en el derecho procesal civil, sino que está entre los más discutidos, y sobre él se ha desarrollado una vastísima literatura. Según Calamandrei, “las partes son el sujeto activo y el sujeto pasivo de la demanda judicial”.
La capacidad de ser parte
En el derecho moderno, la capacidad jurídica es la regla: la tienen todas las personas naturales y jurídicas, por lo que solo el hecho de existir. No se concibe en el derecho moderno a una persona que no pueda ser sujeto de relaciones jurídicas. Hoy, en el derecho moderno, la personalidad o capacidad jurídica la adquieren las personas naturales por el simple hecho de nacer vivas, y las personas jurídicas o morales, públicas o privadas, mediante reconocimiento por la ley o protocolización o registro de su acta constitutiva.
La capacidad procesal
Distinta a la capacidad de ser parte, la capacidad procesal corresponde solamente a las personas que tienen el libre ejercicio de sus derechos, es decir, la capacidad de obrar o de ejercicio del derecho civil.
El artículo 136 regula la capacidad procesal y establece: “Son capaces para obrar en juicio las personas que tengan libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionar por sí mismas o por medio de apoderados, salvo las limitaciones establecidas por ley”.
La pluralidad de las partes
En todo proceso deben existir al menos dos partes: quien hace valer la pretensión (parte actora) y aquel contra quien se hace valer (parte demandada). No se concibe un proceso con una sola parte.
En general, se dice que el proceso con pluralidad de partes origina la figura procesal del litisconsorcio; sin embargo, la doctrina moderna distingue ambas situaciones: no toda pluralidad de partes constituye un litisconsorcio.
En sentido técnico, el litisconsorcio puede definirse como la situación jurídica en que se hallan diversas personas vinculadas por una relación jurídica sustancial común o por varias relaciones sustanciales conexas, que actúan conjuntamente en un proceso.
En esta definición se intenta comprender:
- Litisconsorcio activo: cuando la pluralidad de partes se tiene solo del lado de los demandantes. Hay varios demandantes y un solo demandado.
- Litisconsorcio pasivo: cuando la pluralidad de partes se tiene solamente del lado de los demandados. Hay un solo demandante y varios demandados.
- Litisconsorcio mixto: cuando hay pluralidad de partes simultáneamente de ambos lados: hay varios demandantes y varios demandados.
- Litisconsorcio necesario: se tiene cuando existe una relación sustancial o estado jurídico único para varios sujetos, en tal forma que las modificaciones de dicha relación o estado jurídico, para ser eficaces, deben operar frente a todos sus integrantes. Por ejemplo: la demanda de disolución de la comunidad de bienes, intentada por uno o varios de los partícipes contra todos los demás (art. 768 CC).