Consejo Consultivo de Canarias: funciones, competencias y procedimiento

El Consejo Consultivo de Canarias

Definición y Autonomía

El Consejo Consultivo de Canarias es el supremo órgano consultivo de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el mismo rango que el Diputado del Común. Es una institución independiente de los restantes poderes, instituciones u organismos de la Comunidad, ejerciendo sus funciones con autonomía. Su actuación excluye la intervención de cualquier otro organismo consultivo autonómico o estatal, y tras la emisión de su dictamen no puede intervenir en el procedimiento ninguna otra institución o cargo. La sede del Consejo se encuentra en la Casa Montañés, San Cristóbal de La Laguna.

Funciones Principales

La tarea del Consejo Consultivo viene determinada por el artículo 44 del Estatuto de Autonomía y consiste en:

• Velar por la adecuación a la Constitución y al Estatuto de los proyectos y proposiciones de Ley del Parlamento.
• Fiscalizar la actuación administrativa.
• Defender los derechos de los ciudadanos en determinados procesos administrativos.

Procedimiento y Autoridades Legitimadas

La actividad del Consejo se lleva a cabo siempre a petición de una autoridad legitimada, ya sea de forma preceptiva o facultativa. El dictamen emitido es normalmente no vinculante, salvo que la Ley expresamente disponga lo contrario. Las autoridades canarias legitimadas para solicitar dicho dictamen son:

• El Presidente del Parlamento de Canarias.
• El Presidente del Gobierno Canario.
• Los Consejeros.
• Los Presidentes de los Cabildos Insulares.
• Los Alcaldes.
• Los Rectores de las Universidades de la Comunidad.

Fundamento Legal y Jurisprudencial

El Consejo Consultivo cumple, de conformidad con nuestro Estatuto de Autonomía, con la genérica función de velar por la adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de los Proyectos y Proposiciones de Ley, y porque el sometimiento de la Administración Pública a los fines que la justifican sea pleno en los asuntos y términos que dispone nuestra Ley constitutiva, Ley 5/2002 de 3 de junio. Nuestro Tribunal Constitucional, en Sentencia 204/1992, manifestó que la función constitucional de los órganos consultivos no se agota con velar por la legalidad, sino que también garantiza la corrección de los procedimientos administrativos y la defensa de los derechos e intereses de los que son parte los mismos.