La Constitución de 1812: Origen y Legado de la Pepa

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La Constitución de 1812: Contexto y Origen

La Constitución de 1812 se redactó en el marco de la Guerra de la Independencia española, un conflicto bélico desarrollado entre 1808 y 1814 que enfrentó a las potencias aliadas de España (Reino Unido y Portugal) contra el Primer Imperio francés.

España quedó dividida en dos bandos:

  • Los seguidores de José I Bonaparte (apoyados por los afrancesados).
  • Las Juntas, partidarias de Fernando VII, que hicieron frente a los franceses.

La formación de las Cortes de Cádiz

Las Juntas de cada territorio decidieron enviar representantes para crear la Junta Central Suprema, posteriormente sustituida por el Consejo de Regencia. Sus objetivos fueron:

  • Organizar el ejército.
  • Asumir la dirección de la guerra.
  • Convocar las Cortes en Cádiz.

Cádiz fue elegida por ser un lugar no ocupado por las tropas francesas, donde se concentraron burgueses liberales, ilustrados e intelectuales, lo que explica el predominio de los liberales frente a los absolutistas.

La Revolución Liberal

Nada más constituirse, las Cortes se autoproclamaron Cortes Constituyentes con el objetivo de redactar una constitución. Para ello, asumieron la soberanía nacional, proclamaron la igualdad de derechos para todos los ciudadanos y pusieron en marcha la Revolución Liberal en España.

La Constitución se aprobó el 19 de marzo de 1812, por lo que es conocida popularmente como “La Pepa”. Fue la primera Constitución liberal española y ejerció una gran influencia en América. Es un texto extenso, compuesto por 384 artículos, ya que reguló detalladamente todas las cuestiones relacionadas con la vida política y los derechos de los ciudadanos.

Características esenciales

  • Soberanía nacional: Las Cortes (unicamerales, formadas por diputados como representantes de la Nación) se otorgaron la exclusividad de la representación, a pesar de la oposición de los absolutistas, quienes negaban dicha potestad y la hacían recaer en el rey.
  • División de poderes: Fernando VII perdió el poder absoluto que hasta entonces había detentado. Al someterse a la Nación, surgió una monarquía constitucional. El rey mantuvo amplias prerrogativas como jefe del ejecutivo y capacidad para compartir el poder legislativo con las Cortes.

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