Constitución Española de 1978: Características, Estructura y Organización del Estado
La Constitución Española de 1978
La Constitución de 1978 es una constitución ambigua y contradictoria, es decir, una constitución que admite diferentes lecturas. Esta ambigüedad tiene su origen en la necesidad que hubo de ponerse de acuerdo sobre la norma fundamental a partir de políticos de ideologías muy dispares y lograr así lo que se llamó consenso constitucional. Considerada como una de las más progresistas, en potencia, ya que los poderes públicos pueden dar un contenido avanzado a estos preceptos sin necesidad de recurrir a la reforma constitucional.
"La Constitución Española de 1978 responde a un esquema del constitucionalismo clásico. Se compone de 169 artículos, reunidos en un título preliminar y 10 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria con 3 apartados y una disposición final en la que se señala que la Constitución entraría en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado, que se publicaría también en el resto de las lenguas de España.
a) El régimen político
España se declara Estado de derecho: los órganos del Estado actúan de acuerdo con el derecho, con las normas jurídicas. Las características de un Estado de derecho son: imperio de la ley, división de poderes y reconocimiento de derechos y libertades.
"Indisoluble unidad de la Nación española"; "integrada por nacionalidades y regiones", a las que se garantizaba el "derecho a la autonomía". Se reconocía la lengua oficial del Estado, el castellano, y se establecían como oficiales en sus respectivas comunidades a las "demás lenguas españolas".
La soberanía nacional reside en el pueblo español. La forma de Estado es la monarquía parlamentaria. La unidad de España es compatible con la pluralidad nacional. Esto significa que el Estado español es unitario, es decir, no es federal, pero tampoco centralista, sino autonómico.
b) La jefatura del Estado
La Constitución aprobada establecía la monarquía parlamentaria democrática, en la que el rey era reconocido como jefe del Estado; aunque sanciona y promulga las leyes, disuelve las Cortes y convoca elecciones, es inviolable y no está sujeto a responsabilidad; es decir, su figura está por encima de las leyes. Además, el monarca tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas. No tiene, sin embargo, ningún poder de intervención en el gobierno; se le confiere solo un papel de árbitro moderador.
En realidad, la Constitución española le atribuye al rey un papel inferior al que pueden tener los soberanos de otras monarquías europeas. Sin embargo, la monarquía española, en la actualidad, tiene un mayor apoyo social que en otros países y está identificada por completo con la democracia, ya que ha jugado un papel esencial en su advenimiento y en su defensa (23 de febrero).
En la jefatura del Estado se favorece al varón sobre la mujer, lo que convierte al tercer hijo de Don Juan Carlos, Felipe, en el heredero al trono. (Este principio es uno de los que se pretende cambiar en la reforma constitucional anunciada por el actual gobierno, sin que esto afecte al príncipe Felipe, ya establecido como heredero). Su cargo es vitalicio y hereditario.
c) La división de poderes
Establece también, como es lógico en una democracia parlamentaria, la división de poderes. Los títulos tercero y cuarto de la Constitución se refieren al poder legislativo y al poder ejecutivo.
El poder legislativo reside en dos cámaras (bicameral): el Congreso de los Diputados y el Senado.
Diputados y senadores se eligen cada 4 años. Sus miembros se eligen por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Las Cortes son inviolables, no pueden entrar en ellas la fuerza pública, salvo que lo requiera el presidente de la cámara. Se establece la inviolabilidad de los parlamentarios, sobre las opiniones manifestadas en ejercicio de su cargo, así como la inmunidad parlamentaria: no pueden ser detenidos ni procesados sin permiso de las cámaras.
Las Cortes controlan al gobierno a través de:
- Interpelaciones, preguntas y mociones (proposiciones no de ley). La interpelación puede llevar a la moción de censura.
- La cuestión de confianza: la plantea el gobierno.
- Moción de censura: votada por el Congreso.
- Disolución de las Cortes: la hace el gobierno cuando estas le impiden gobernar.
El Congreso tiene mayor peso en la aprobación de las leyes, mientras que el Senado prácticamente se limita a refrendarlas, pues en caso de modificarlas o no aprobarlas deberían volver otra vez al Congreso, que tendrá la última palabra. Por consiguiente, no quedaba claro cuál era la utilidad real del Senado en el proceso de elaboración de las leyes. Sin embargo, se dice que esta cámara tiene un carácter de representación territorial: en cada provincia, los ciudadanos eligen directamente a 4 senadores (excepto en las islas y Ceuta y Melilla, en las que se elige a un número menor de representantes en el Senado); por otra parte, cada comunidad autónoma designa varios senadores. Sin embargo, este carácter de cámara de representación territorial no se ejerce por el Senado.
El sistema electoral es proporcional atenuado en el Congreso (Ley d'Hondt) y mayoritario en el Senado; es decir, en este se favorece la candidatura vencedora en cada provincia. Gracias al convencimiento de la izquierda se mantuvo la existencia del referéndum, pero solo con un carácter consultivo y no decisorio.
Un rasgo muy característico de la Constitución de 1978 es la existencia de las llamadas «leyes orgánicas», que exigen para su aprobación un número de votos equivalente a la mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos). Con ello se pretendía acercar perdurar en el futuro el consenso constitucional en determinadas materias.
El poder ejecutivo reside en el gobierno, formado por presidente, vicepresidentes y ministros. En primer lugar, el presidente del gobierno es elegido por el Congreso, en primera votación por mayoría absoluta y en segunda, por mayoría simple. Este nombra libremente al resto del gobierno: vicepresidentes, ministros, directores generales, etc. El gobierno está formado por miembros del partido político mayoritario en el Congreso o, en caso de estar en minoría, con suficientes aliados para conseguir los votos necesarios para la aprobación de las leyes, sobre todo la de presupuestos del Estado. El poder ejecutivo dirige la política interior y exterior.
Las funciones del presidente del gobierno son:
- Nombrar ministros y sustituirlos.
- Convocar el Consejo de Ministros y presidirlo.
- Proponer al rey el programa legislativo del gobierno.
- Presentar al rey las leyes aprobadas por las Cortes, proponer la disolución de las Cortes, proponer la convocatoria de referéndum y mantener informado al rey.
- En relación con el poder judicial: proponer el nombramiento del fiscal general del Estado y de los miembros del Tribunal Constitucional.
La UCD nunca tuvo mayoría absoluta para gobernar en solitario, con apoyos puntuales de otros partidos nacionalistas. Sí tuvo mayoría absoluta todos los primeros gobiernos del PSOE, que les permitieron gobernar en solitario durante 10 años.