La Constitución Española de 1978: Rasgos Generales, Transición y Discurso de Juan Carlos I

La Constitución de 1978: rasgos generales de la nueva democracia española

La nueva democracia española quedó definida por la Constitución de 6 de diciembre de 1978, cuya elaboración fue la principal tarea del nuevo gobierno que formó Suárez, como primer Congreso de los Diputados elegido tras las elecciones de junio de 1977. Tras ser larga y debatidamente discutida en las Cortes, la Constitución fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 por una amplia mayoría de votos, excepto en el País Vasco, donde el llamamiento del PNV a la abstención y al voto negativo del nacionalismo más radical provocó que solo una minoría del electorado aprobase la Constitución.

La nueva Constitución definía a España como un "Estado social y democrático de Derecho", cuya forma política es la monarquía parlamentaria. Reconocía y garantizaba el derecho a la autonomía de las "nacionalidades" y regiones. Daba rango constitucional a sindicatos y partidos políticos. Reconocía y garantizaba todas las libertades democráticas, abolía la pena de muerte y fijaba la mayoría de edad en los dieciocho años.

No reconocía religión estatal, pero declaraba que el Estado debía tener en cuenta la religiosidad de los españoles y el significado de la Iglesia católica en España. Abría la puerta al divorcio; proclamaba la libertad de enseñanza; reconocía la libertad de empresa y la economía de mercado.

La Constitución limitaba el papel del Rey al de poder moderador del sistema. Establecía un sistema parlamentario bicameral con un Congreso de los Diputados de 350 miembros, elegido por sufragio universal y voto proporcional corregido por el llamado sistema D'Hondt, y un Senado, cámara de representación territorial con cuatro senadores por provincia (excepto en los archipiélagos, donde la base territorial era la isla), también elegidos por sufragio universal.

Finalmente, la Constitución regulaba de forma restrictiva los mecanismos de confianza y censura al Gobierno —se exige que haya un presidente alternativo al censurado— a fin de favorecer la estabilidad de los gobiernos.

El proceso de elaboración: un contexto de tensiones

El proceso de elaboración y los problemas sociales e históricos que el Parlamento, que iban a elegir los ciudadanos libremente por primera vez en 41 años, tenía como objetivo prioritario: elaborar una Constitución. La Constitución no iba a escapar a la improvisación, las negociaciones secretas, los malentendidos, los cambios de estrategia y los momentos dramáticos que impregnaron toda la Transición.

Al mismo tiempo que se abordaba la redacción de la Constitución, era imprescindible hacer frente a dos problemas muy graves:

• La situación económica, con la presión de una crisis económica internacional que producía el cierre masivo de empresas y una inflación superior al 20% anual, lo que provocaba constantes exigencias de los trabajadores de incrementos salariales para no perder poder adquisitivo. Se buscó solución a través de un acuerdo de los grupos parlamentarios más importantes (UCD, PSOE, PC, AP y minoría catalana), llamado "Pacto de la Moncloa", al que se adhirieron los centrales sindicales mayoritarias CC.OO. y UGT. A cambio de aceptar crecimientos de los salarios por debajo de la subida de los precios, se prometía reactivar la economía y frenar el crecimiento del paro. El resultado real fue el control de la inflación, pero continuó la destrucción de puestos de trabajo. El capitalismo español había iniciado su proceso de adaptación a la crisis económica a costa de empeorar las condiciones de vida de los trabajadores.
• La actuación de los grupos terroristas, entre los que sobresalía ETA, que durante todo este periodo lanzaría una ofensiva muy sangrienta.

Y, finalmente, la constante amenaza de golpe de Estado militar alentado por la extrema derecha. La alarma cundió entre los sectores militares más reaccionarios, la banca, el gran capital y la Iglesia católica: se admitía el término "nacionalidades", se dejaba abierta la puerta al divorcio, no se explicitaba la obligación de los poderes públicos de subvencionar los centros de enseñanza privados, se esbozaba una posible intervención del Estado en la marcha de las empresas y no se ponían prácticamente límites a los derechos sindicales o a la huelga.

La reacción de los llamados "poderes fácticos" —el ejército, la Iglesia y el capital— fue inmediata, provocando la modificación del texto en los siguientes aspectos:

Las nacionalidades

Uno de los temas más polémicos y pliegues de la futura Constitución sería el de la estructura del Estado y el encaje de las autonomías. El uso del término "nacionalidades", exigido por la minoría vasca y catalana, respaldado también por la izquierda y aceptado por los representantes de la UCD en la comisión, fue uno de los que más revuelo levantó: chocaba con las concepciones fuertemente centralistas de los militares y de buena parte de los propios diputados de la UCD. En el punto en el que no se llegó a ningún acuerdo fue en el del tratamiento del País Vasco, pues los representantes del PNV exigían el pleno restablecimiento de los fueros, como pacto entre Euzkadi y la Corona, lo que suponía admitir una fuente de soberanía propia ya para el País Vasco: ni el PSOE, ni la UCD, ni Alianza Popular estaban dispuestos a admitirlo. El precio fue la abstención del PNV, y que, como se ha indicado más arriba, la Constitución no tuviese el respaldo mayoritario de los vascos.

Monarquía o república

El viejo problema sobre la "forma del Estado" se resolvió mediante la fórmula "monarquía parlamentaria como forma política del Estado español", propuesta por Miquel Roca de la minoría catalana y rápidamente aceptada por el PC, que anunció que no presentaría enmienda a favor de la república, y por el PSOE, que se limitaría a una primera enmienda testimonial sobre este asunto.

La cuestión religiosa

La Iglesia católica era consciente de que la Constitución no podía ser confesional, pero no estaba dispuesta a que fuese una Constitución laica, como lo habían sido las constituciones republicanas anteriores. El otro problema fue el relativo a la financiación de los centros privados de enseñanza, en su mayoría dependientes de la Iglesia. Se resolvió remitiendo a los tratados y acuerdos internacionales ya firmados por España, manera de referirse indirectamente al Concordato con el Vaticano, en el que este aspecto estaba sobradamente garantizado.

Los aspectos sociales y económicos

Las organizaciones patronales se opusieron vivamente a que la Constitución recogiese ninguna formulación que limitase la plena capacidad empresarial para dirigir sus empresas, ni siquiera cuando un interés general superior lo requiriese. Se movilizaron contra el primer redactado, y si bien la Constitución reconoce ampliamente los derechos sindicales, no hay ningún precepto que pueda considerarse como una lesión al neocapitalismo.

El Estado de las autonomías

Como ya se ha señalado, la forma de reconocer la pluralidad cultural, histórica y lingüística que caracteriza a España era una de las cuestiones más importantes que tenía por delante el proceso de transición a la democracia. La Constitución lo pretende resolver mediante el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, previsto en el artículo 2 y desarrollado en el Título VIII. La realidad demostró que tal solución no sirvió a los propósitos de quienes la propusieron, sino que en la práctica puso en marcha un proceso de afirmación de nuevas entidades nacionales o regionales que hasta entonces no habían aparecido en primer plano.

Las preautonomías

Antes de la redacción de la Constitución, el gobierno de la UCD intentó resolver los problemas más imperiosos: el catalán y el vasco. En el primer caso se restituyó la institución de la Generalitat en la persona de su presidente en el exilio, Josep Tarradellas. El caso vasco era más complicado. El sentimiento nacionalista o regionalista se extendió rápidamente por todas las comunidades.

Los procesos de armonización autonómica

El fracasado golpe de Estado de Tejero de 1981 fue interpretado por la UCD y el PSOE como un aviso del sentimiento fuertemente antiautonomista que había entre los militares, que había sido usado por la extrema derecha para afirmar que la unidad de España estaba en peligro. Por último, Canarias, que también accedió a la autonomía por la vía lenta del artículo 143, pero que tenía reconocida en la Constitución sus específicas peculiaridades históricas: los cabildos insulares con un notable peso económico y autonomía fiscal y un régimen económico-fiscal diferenciado, y en los que se había desarrollado un nuevo nacionalismo, al que se intentó asimilar, sobre todo por los riesgos que suponía, tras la conversión de Canarias en área fronteriza después del abandono del Sáhara Occidental.

En nuestros días, la articulación de la diversidad cultural, histórica, política y económica de las comunidades autónomas, que aparecen ya como realidades consolidadas, sigue siendo uno de los retos más importantes que están planteados. Desde la grave situación que se da en el País Vasco, que a veintisiete años de la muerte del dictador Franco sigue sin encontrar vías para la pacificación, a los constantes problemas con la financiación de las comunidades, o a los choques competenciales con el Estado central, cuando no la simple incomprensión cultural, sigue planteando la necesidad de buscar formas para resolver esta cuestión.

Discurso de Juan Carlos I ante las Cortes (22 de noviembre de 1975)

El texto objeto de comentario, de naturaleza política, es un extracto del discurso que pronunció el rey Juan Carlos I el 22 de noviembre de 1975, con motivo de su juramento como jefe de Estado, bajo las Leyes Fundamentales franquistas. Este discurso tuvo lugar en las Cortes españolas, dos días después del fallecimiento del Generalísimo Franco, quien nombró al autor del discurso, Juan Carlos, como su sucesor en la jefatura del Estado a título de rey, con la intención de confirmar la continuidad de su régimen.

Con este discurso, Juan Carlos I se dirige, de forma directa, a los procuradores de las Cortes españolas, los consejeros del Reino (Consejo del Reino) y al Gobierno de Arias Navarro, tanto a ellos como a todos los presentes. De forma indirecta se refiere a la oposición democrática y, con carácter general, al pueblo español. En este acto, el rey, y jefe del Estado a partir de ese mismo día, jura fidelidad a las Leyes Fundamentales franquistas y a los principios del Movimiento Nacional y, por lo tanto, este es el acto de instauración de la monarquía autoritaria conforme a los designios o la voluntad del propio Franco.

Juan Carlos I, hijo de Juan de Borbón, entonces titular de los derechos dinásticos, nació en Roma y siguió a sus padres a Portugal, donde finalmente se exiliaron. A los diez años, el actual rey volvió a España y aquí continuó su formación, gracias al acuerdo realizado entre su padre y Franco. Franco declaró a España como reino (Ley de Sucesión, 1947) y estableció las facultades del jefe del Estado (Ley Orgánica del Estado, 1967). Muchas de esas facultades fueron asumidas por Juan Carlos I en 1975. El rey aceptó la designación como sucesor de Franco en la jefatura del Estado a título de rey en las Cortes españolas. La institucionalización de la monarquía del Movimiento Nacional se concreta el 22 de noviembre de 1975.

El discurso tiene, en un principio, carácter continuista con el régimen dictatorial, estando justificado por la cercanía del rey a Franco. Por otro lado, en ese momento aún dominan en el Estado y en el Gobierno las posiciones aperturistas, como es el caso de Arias Navarro, y, además, la resistencia del búnker aún es fuerte. Podemos apreciar el carácter continuista del discurso en algunos momentos en los que se alude al paso que se produce con la muerte de Franco y la alusión a la necesidad de fundamentar el futuro político del país entre todos, entre otros tantos.

Juan Carlos I, al principio, fue rechazado por la oposición democrática, que quería llegar a la democracia a través de la ruptura y se oponían a que los franquistas, incluido el rey, llevaran al país a la democracia mediante la reforma franquista. En el párrafo 4 se alude al poder "arbitral" que la Corona puede y debe asumir en la vida política, contrario al caso propio de la monarquía parlamentaria. Hay una referencia equívoca a la salvaguarda del "sistema constitucional", ya que no es así porque el régimen franquista no es constitucional puesto que no se basa ni en la limitación del poder ni en la soberanía popular. En el párrafo 5, el rey alude a la unidad española, aunque reconoce la pluralidad de "regiones", aunque no hay ninguna referencia a la existencia de nacionalidades en España, justificado por la tradición centralista del franquismo.

Por otro lado, el rey defiende el importante papel que debe seguir desempeñando el ejército, institución que había apoyado al franquismo hasta la muerte de Franco y que ahora mantendrá con el rey por voluntad del dictador en su testamento. A medida que pasa el tiempo, el ejército empezará a ver con recelo el camino reformista seguido por el monarca y por el presidente, Adolfo Suárez. En el penúltimo párrafo, hay una referencia retórica a la justicia social. En el último párrafo se reconoce el carácter católico de la institución monárquica española, que se vincula a la situación de confesionalidad que tenía aún el Estado franquista en ese momento.

En conclusión, se trata de un discurso que apenas apunta los planes reformistas que Juan Carlos I va a desarrollar en los mismos siguientes. Cabe destacar que el párrafo más aplaudido por los procuradores fue el que elogiaba a Franco. El primer acto oficial de Juan Carlos como jefe del Estado fue visitar la capilla ardiente de Franco. Poco después de su proclamación, el rey confirmó a Arias Navarro como presidente del Gobierno, pero forzó un cambio orientativo más reformista y, además, logró el nombramiento de Torcuato Fernández-Miranda como presidente de las Cortes. La reforma avanzaba, pero con lentitud. Por otro lado, en julio de 1976, el rey logró la dimisión de Arias Navarro como presidente del Gobierno y lo sustituyó por Adolfo Suárez quien, junto con Fernández-Miranda, logró la aprobación de la Ley para la Reforma Política, con la que quedaban derogadas todas las Leyes Fundamentales anteriores y se fijaban las bases para la celebración de unas elecciones democráticas. La ley se ratificó por referéndum.

Tras la legalización de todos los partidos políticos, en junio de 1977 se celebran las primeras elecciones democráticas desde la II República. Las Cortes electorales elaboraron y aprobaron una Constitución de consenso, que realmente era un punto de encuentro entre los reformistas del régimen y los rupturistas de la oposición democrática. La Constitución fue ratificada por el pueblo español y, en ella, se reconoce la monarquía parlamentaria, con pleno sometimiento de la Corona como institución a la soberanía popular, y se supera la instaurada por Franco, la monarquía del Movimiento Nacional. El rey gozaba ya de la legitimidad histórica que en su momento no había respetado Franco al designarlo como sucesor a título de rey. En la actualidad disfrutamos de la monarquía parlamentaria y de la democracia, cosa que fue bastante difícil de ejecutar, ya que iría en contra del juramento de fidelidad que hizo el rey a las Leyes Fundamentales franquistas. El tránsito de la dictadura a la democracia fue efectuado mediante la reforma que tan solo podía llevar a cabo un reformista con una amplia visión de futuro, como es el caso de Adolfo Suárez. Tras el intento de llevar a cabo esta reforma, sin éxito, bajo el mandato de Arias Navarro, el rey dictaminó que no podía concluirse la reforma a manos de un aperturista y mucho menos del búnker, por lo que los únicos candidatos eran los reformistas. Tras la aprobación de la Constitución de 1978, el rey renuncia a ejercer la monarquía autoritaria y acepta el papel que desempeñará dentro de la monarquía parlamentaria e incluso, reflejado en la Constitución, cabe la posibilidad de implantar la república en un futuro.