Constitución Española: Propiedad Privada, Libertad de Empresa y Protección del Consumidor
Constitución Española
La Constitución es la norma suprema que regula las relaciones sociales de España. A continuación, se hace especial referencia a aquellas normas constitucionales que regulan las relaciones económicas, en concreto la propiedad privada, reconocida como un derecho constitucional en el artículo 33 de la Constitución.
La propiedad privada
La propiedad está llamada a desempeñar una función social, lo que significa que el derecho se concede no solo en interés exclusivo del titular, sino también para satisfacer otros intereses generales, enlazando los intereses del propietario con los que la comunidad pueda tener en determinadas categorías de cosas. Sin embargo, el conjunto de condicionamientos, cargas y limitaciones que se imponen a los propietarios no pueden quitarle toda rentabilidad a la cosa ni tener la decisión en el destino que se le asigna.
La expropiación de los bienes solo se podrá realizar por causa justificada y abonando la correspondiente indemnización.
La libertad de empresa
Dentro de las directrices fundamentales en materia económica en nuestra Constitución ocupa un lugar primordial el derecho a la libertad de empresa, reconocido en el artículo 39 de la misma. El derecho de libertad de empresa permite a las personas escoger la actividad económica que quieran desarrollar. Como es lógico, este derecho no es absoluto y puede tener limitaciones por parte de la Administración en consideración a los bienes generales.
Ejemplo: si queremos explotar un canal de radio o televisión, solamente se podrá hacer si se cuenta con la pertinente autorización administrativa.
Principios rectores de la política social y económica
El Capítulo 3 de la Constitución se denomina «De los principios rectores de la política social y económica». Así, el artículo 40 establece la potestad del Estado para intervenir en la economía en aras del bienestar general. Concretamente, establece que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para la distribución de la renta personal y regional más equitativa en el marco de la política de estabilidad económica y, de manera especial, realizará la política orientada al pleno empleo.
En el párrafo 2 añade que los poderes públicos fomentarán la política que garantice la formación y readaptación de profesionales, velarán por la seguridad en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
Si bien en otros preceptos el legislador parece inclinarse por la visión liberal de la economía, en este artículo se hace hincapié en la intervención de la Administración para garantizar el proceso económico.
Protección de los consumidores y usuarios
El artículo 51 establece un importante principio de protección a los consumidores y usuarios. En su apartado 1 dispone que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
El párrafo 2 de este artículo dispone que los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a estos en cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que la ley establezca. Y, por último, en el apartado 3 dispone que, en el marco de lo dispuesto en los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.
Al ser la Constitución moderna, contempla expresamente la protección de los consumidores. Los derechos de estos comenzaron a tenerse en cuenta a partir de la década de los 60, y se puede ver cómo un avance es la consagración específica de la defensa de consumidores y usuarios reconocida por la Constitución y desarrollada a través de diversas normas hasta la actualidad.
Otras normas
La ley
La ley es aquella norma expresa y emanada del poder público conforme a determinadas solemnidades y que regularmente se da a conocer por escrito. En nuestro sistema normativo, la ley es la categoría formal y entrógena.
- Formal: es la forma que adopta la normativa del Parlamento, cualquiera que sea su contenido. De ello se derivan dos consecuencias:
- La obligada preferencia de la ley como norma primaria en la regulación de cualquier materia.
- La condición subordinada o inferior del reglamento.
- Entrógena: salvo principio y finalidad, si no se dispone lo contrario, las leyes duran indefinidamente. Así se desprende del artículo 2, párrafo 2, del Código Civil, que dice que las leyes solo se derogan por otras posteriores.
Tipos básicos de leyes estatales
En primer lugar, las leyes ordinarias:
- Constituyen el tipo genérico y común de todas las disposiciones legislativas, la ley por excelencia.
- Emanan de las Cortes Generales y se aprueban por mayoría simple.
- Pueden regular cualquier tipo de materia no reservada a otro tipo de ley.
En segundo lugar, las leyes orgánicas:
- Son las leyes relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, que aprueban los estatutos de autonomía, el régimen electoral general, así como las demás previstas en la Constitución.
- Se caracterizan por su aprobación, modificación o derogación, que exigirán mayoría absoluta del Congreso en la votación final sobre el conjunto del proyecto.
Estas leyes, previstas en el artículo 81 de la Constitución, se definen en función de dos peculiaridades: el ámbito material, ya que determinadas materias, por razón de su importancia, deben ser reguladas por ley orgánica; y el aspecto formal, al seguir un proceso de elaboración más agravado que el de las leyes ordinarias.