Contrato de Leasing y Fianza Mercantil: Aspectos Jurídicos, Fiscales y Garantías en España

Contrato de leasing

Técnica de financiación muy difundida. Presupone el leasing (o arrendamiento financiero) la existencia de una operación de financiación a medio o largo plazo, mediante la cual quien necesita un bien -normalmente maquinaria o bienes de equipo- contrata con un intermediario financiero, para que este lo adquiera del fabricante con el fin de cederlo posteriormente en uso por tiempo determinado, mediante el pago de un canon periódico. Transcurrido dicho plazo, el usuario dispondrá de un derecho de opción, que le permitirá quedarse con el bien (pagando el valor residual del mismo), o no (generalmente, se concierta una nueva operación de leasing). Nada impide pactar una operación de leasing sobre inmuebles (leasing inmobiliario).

Sujetos de la operación

En cuanto a los sujetos, en virtud de la operación de financiación, un sujeto (que ha de ser un empresario, profesional, agricultor o artesano) que precisa financiación para adquirir, no tanto la propiedad del bien, sino el uso, acude a la «sociedad de leasing» (que revisten la condición de establecimientos financieros de crédito y, por tanto, de entidades de crédito en sentido amplio), que tendrá como actividad principal la realización de operaciones de leasing. Con ella concertará el contrato de leasing, que es, como tal, bilateral. En virtud del mismo, la sociedad de leasing se compromete a ceder al financiado un bien concreto, en unas condiciones y prestaciones determinadas. Se dirige a un tercero, de quien adquiere el bien siguiendo las instrucciones del financiado, para cederlo a este una vez adquirido. La sociedad de leasing continúa siendo en todo momento propietaria del bien que cede al financiado, que no llega a adquirir la propiedad del mismo (principal garantía de la que dispone la sociedad de leasing).

Este contrato da lugar a una suerte de relación a tres bandas: la relación entre financiado y sociedad de leasing, y la relación entre sociedad de leasing y tercer vendedor. Aunque el contrato de leasing, como tal, solo vincula al financiado con la sociedad de leasing, no suele llegarse a una desvinculación total entre el contrato de leasing y el contrato de compraventa.

Es indudable que el financiado acude a la sociedad de leasing buscando financiación, pero no tanto para adquirir la propiedad del bien, cuanto su uso efectivo durante el plazo normal de amortización (la «vida útil») del mismo.

Tratamiento fiscal

Se trata, además, de una operación cuyo éxito se justifica por el tratamiento fiscal que recibe, pues al usuario se le permite deducir en sus declaraciones de impuestos todo o gran parte de las cuotas satisfechas (tanto la parte correspondiente a carga financiera como la parte correspondiente a amortización, siempre que se trate de bienes amortizables) (Disp. Final 7.ª LDIEC).

Régimen jurídico y definición legal

Aunque carece de regulación jurídico-sustantiva, se trata de un contrato legalmente nominado. Así, la LDIEC, en su Disposición Final 7.ª, define el contrato como: «contratos que tengan por objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de las cuotas. Los bienes objeto de cesión deberán ser afectados por el usuario únicamente a sus explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, artesanales, de servicios o profesionales. El contrato incluirá necesariamente una opción de compra a su término en favor del usuario». La Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades, y su artículo 128, establece la duración mínima de 2 años para bienes muebles y de 10 años para inmuebles.

Vicios y defectos ocultos del objeto

Hay que tener en cuenta que el comprador es la sociedad de leasing y que el usuario no adquiere la propiedad, pero será quien sufra los vicios. Es usual que la sociedad se exonere de toda responsabilidad por la existencia de vicios. Dicha exoneración debe venir acompañada de una cesión al usuario de los derechos que aquella pudiera tener frente al vendedor. Por otra parte, es el usuario quien asume los riesgos propios de la cosa (pérdida o deterioro), razón por la cual se suele imponer la obligación de asegurarla convenientemente.

Protección de la sociedad de leasing

La protección abarca no solo ante un eventual incumplimiento por parte del usuario (falta de pago de las cuotas), sino también frente a los restantes acreedores del usuario. Aunque el leasing no es un contrato de compraventa a plazos, la LVPBM permite que los contratos de leasing que recaigan sobre bienes muebles no consumibles e identificables puedan ser inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, a fin de alcanzar la necesaria publicidad y protección registral de la sociedad de leasing (en caso de leasing inmobiliario, puede accederse al Registro de la Propiedad). Ello refuerza la protección de la sociedad de leasing ante posibles embargos trabados contra los bienes cedidos, a cargo de otros acreedores del usuario, permitiéndole interponer la correspondiente tercería de dominio. La cuestión ha dado lugar a pronunciamientos contradictorios en la jurisprudencia. En casos en que se aprecia que el contrato de leasing encubría en realidad una compraventa a plazos, la jurisprudencia ha desestimado la tercería de dominio por entender que no se encontraba inscrita la correspondiente cláusula de reserva de dominio.

El contrato de fianza

Características y régimen de la fianza mercantil

La especialidad más notable de la fianza mercantil consiste en el carácter formal de la misma, al advertir el Código de Comercio que «deberá constar por escrito, sin lo cual no tendrá valor ni efecto» (art. 440).

La fianza mercantil será gratuita, salvo pacto en contrario (art. 441 C. de Co.). En los casos en que se hubiera pactado remuneración, siendo la fianza por tiempo indefinido, la misma subsistirá hasta que, por terminación completa del contrato, se cancelen definitivamente las obligaciones que nazcan del mismo (art. 442 C. de Co.).

Al margen de los escasos preceptos del Código de Comercio, la fianza mercantil participa de las características propias de esta figura, tal y como se regula en el Código Civil. Hay que recordar que la obligación del fiador es accesoria y subsidiaria de la principal. Como consecuencia, la fianza no puede existir sin una obligación válida (art. 1.824 C.C.); el fiador no puede obligarse a más que el deudor principal (art. 1.826 C.C.); y si la obligación garantizada por cualquier causa deja de existir, también lo hará la del fiador (ex arts. 1.847 C.C.).

En cuanto a los efectos del pago por el fiador, este se subroga en la posición del acreedor contra el deudor afianzado (art. 1.838 C.C.). En el caso de cofiadores, el que pagó la totalidad de la deuda solo podrá reclamar de los demás cofiadores la parte correspondiente a cada uno (art. 1.844 C.C.).

Las nuevas formas de garantía personal

A partir del esquema de la fianza solidaria han aparecido toda una serie de nuevas modalidades de garantía personal. Se trata de figuras que no aparecen reguladas en el Código Civil, pero que gozan de gran difusión. En estos casos, se trata de figuras que cabe encajar sin grandes dificultades en el molde de la fianza, lo que ocurre con los denominados «avales bancarios».

En virtud de este contrato, el banco garante se compromete a atender el pago en cuanto sea le sea exigido por el beneficiario, normalmente contra la presentación de ciertos documentos, sin entrar a discutir el grado de cumplimiento o incumplimiento por parte del deudor garantizado. La obligación asumida por el garante adquiere el carácter de abstracta e independiente. El límite de la obligación se sitúa en el dolo del beneficiario: en casos de exigencias manifiestamente abusivas o realizadas con la intención de perjudicar al garante.