Costumbre, principios generales del derecho y jurisprudencia en el ordenamiento jurídico español

La costumbre y principios generales del Estado

La costumbre (o norma consuetudinaria) es una norma jurídica creada por una determinada colectividad social (ya sea territorial, profesional o de otro tipo) mediante la observancia de una conducta generalizada, uniforme y continuada en el tiempo, con la convicción de estar realizando una conducta obligatoria. Este último dato permite diferenciar a la costumbre, entendida como norma jurídica, de otros usos y costumbres de carácter meramente social.

La importancia de la costumbre hoy en día es mucho menor que la que tuvo en otros tiempos, aunque sigue teniendo cierta relevancia en determinados sectores (p. ej., en el ámbito rural y en el mundo de los negocios y las relaciones entre empresas).

La costumbre como fuente

La costumbre es fuente supletoria de primer grado, ya que sólo cabe recurrir a ella cuando no haya ley aplicable al caso, siempre que se den los requisitos que establece el art. 1.3 CC: «La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada».

Esta última exigencia constituye la diferencia importante respecto a la ley, ya que el contenido de ésta no debe ser probado, pues los tribunales la aplican; en cambio, quien pretenda que un tribunal resuelva un asunto aplicando la costumbre debe probar ante él la existencia, contenido y vigencia de la misma.

Los principios generales del derecho

Los principios generales del derecho son reglas básicas o fundamentales que se inducen de la observación del ordenamiento en su conjunto y que, según los casos, responden a criterios de justicia o a criterios de carácter esencialmente técnico. En ocasiones, los principios generales han sido expresamente formulados en normas escritas (p. ej., el principio de buena fe), pero otras veces no (p. ej., el principio que proíbe el enriquecimiento sin causa).

Su papel en el ordenamiento jurídico es doble:

• Por un lado, son fuente supletoria de segundo grado, lo que significa que los tribunales habrán de resolver aplicando los principios generales cuando no haya ni ley ni costumbre aplicables al caso concreto.
• Por otro, tienen carácter informador del ordenamiento jurídico, lo que significa que los tribunales deben tener presentes los principios generales a la hora de interpretar y aplicar las leyes y las costumbres, con objeto de dar a éstas su verdadero significado.

Así se deduce del art. 1.4 CC, cuando establece: «Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico».

La jurisprudencia

La jurisprudencia es el conjunto de criterios mantenidos de forma reiterada por los tribunales de justicia al aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho en la resolución de los asuntos sometidos a su consideración.

La jurisprudencia no es fuente del derecho, ya que los tribunales no tienen por misión crear normas, sino aplicarlas al caso concreto. Por eso, la jurisprudencia no tiene carácter obligatorio o vinculante, ni para los tribunales inferiores, ni para el propio tribunal que la ha desarrollado, ya que -como ha establecido el Tribunal Constitucional- un tribunal puede en cualquier momento modificar su jurisprudencia anterior, siempre que lo motive adecuadamente (para no infringir el principio de igualdad ante la ley).

No obstante, es indudable que la jurisprudencia tiene una extraordinaria importancia práctica, ya que lo cierto es que los tribunales no suelen apartarse de su propia jurisprudencia ni de la de los tribunales superiores. La mayor o menor importancia de la jurisprudencia depende, lógicamente, del tribunal del que proceda. En España resulta especialmente importante la que emana del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de ciertos tribunales internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

A la jurisprudencia del TS, especialmente importante en el derecho privado, se refiere el art. 1.6 CC: «La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho».