La Crisis de la Restauración Española y el Impacto de la Primera Guerra Mundial

1. De la Semana Trágica a la Huelga Revolucionaria

1.1. El conflicto colonial de Marruecos

A partir de 1900, España consolido su penetración en el norte de África. La Conferencia de Algeciras (1906), a la que acudieron diversos países europeos, y el posterior tratado hispanofrancés (1912), establecieron un protectorado franco-español en la zona de Marruecos. A España le correspondió el territorio del Rif, una zona montañosa del norte, con la obligación de pacificarlo y organizarlo.

El interés español por esta región venía estimado por los posibles beneficios económicos (minas, inversiones en ferrocarriles, etc.), pero sobre todo por el deseo de restaurar el prestigio del ejército, venido a menos tras el desastre de Cuba, y conseguir que España se convirtiera de nuevo en una potencia colonial. La presencia española en esta área estuvo contestada por los continuos ataques de rifeños, organizados en cabilas.

En 1909, los rifeños infligieron una importante derrota a las tropas españolas en el Barranco del Lobo, ocasionando numerosas bajas. Se decidió entonces aumentar el número de soldados en el Rif con reservistas, muchos de ellos casados y con hijos, y se dispuso que partieran algunos regimientos desde Barcelona, lo cual provocó un importante movimiento de protesta popular.

1.2. La Semana Trágica de Barcelona

La movilización contra la guerra se inició en el puerto de Barcelona el día 18 de julio, durante el embarque de tropas hacia Marruecos. El día 24 se constituyó un comité de huelga, con la participación de republicanos lerrouxistas, socialistas y anarquistas, que hizo un llamamiento a la huelga general para el día 26. Pero esa huelga derivó en una revuelta popular que desbordó el objetivo inicial de protesta contra la guerra de Marruecos y acabo siendo un estallido espontáneo de todas las tensiones sociales acumuladas.

Los incidentes en la calle se multiplicaron, se levantaron barricadas, se produjeron enfrentamientos con las fuerzas del orden público y, finalmente, explotó un fuerte sentimiento anticlerical que desembocó en el ataque e incendio de más de 80 centros religiosos. Las autoridades respondieron declarando el estado de guerra y enviando refuerzos para reprimir las manifestaciones.

El elevado número de muertos y heridos radicalizó el movimiento insurreccional, pero la falta de dirección y coordinación políticas derivó hacia la acción incontrolada de grupos que actuaban indiscriminadamente y sin objetivos claros. Los sucesos violentos fueron controlados el día 2 de agosto. La represión posterior fue muy dura por parte del gobierno de Maura:

• Los procesos penales se encomendaron a tribunales militares.
• Se celebraron 216 consejos de guerra que afectaron a 1700 personas y se dictaron 17 condenas a muerte, de las cuales solo se ejecutaron 5.

Entre estas figuraba la de Francisco Ferrer Guardia, un pedagogo anarquista fundador de la Escuela Moderna, institución pedagógica laica e innovadora. Ferrer no había intervenido en la revuelta, pero, dado el signo altamente anticlerical del levantamiento, debía ejercerse un castigo ejemplar, a juicio de las clases altas y de la Iglesia, contra aquellos que ponían en duda su dominio.

La represión de la Semana Trágica levantó una oleada de protestas por su virulencia y arbitrariedad. El gobierno conservador de Maura tuvo que enfrentarse a duras críticas y los liberales y los republicanos se unieron para exigir su dimisión. La oposición a Maura, apoyada por las campañas internacionales de denuncia de la represión bajo la fórmula común "¡Maura no!", consiguió que Alfonso XIII disolviera las Cortes y traspasara el gobierno a los liberales.

1.3. El impacto de la Gran Guerra

En el verano de 1914, estando al frente del gobierno el conservador Eduardo Dato, se produjo el estallido de la Primera Guerra Mundial, que enfrentó a los llamados imperios centrales (Alemania, Austria) con las potencias aliadas (Gran Bretaña, Francia, Rusia) y en la que intervinieron otros muchos países. Dato declaró de inmediato la neutralidad española, manteniendo al país fuera del conflicto y evitando el gran desastre que hubiera significado para la población. Esta situación supuso, además, una extraordinaria oportunidad para la economía del país.

La guerra generalizada en Europa permitió exportar productos industriales y agrarios, de los que los combatientes tenían una enorme necesidad y por los cuales estaban dispuestos a pagar altos precios. Los industriales, especialmente catalanes y vascos, hicieron grandes negocios. Sin embargo, al dedicarse gran parte de la producción a la exportación, los precios interiores experimentaron alzas desorbitadas, que no fueron acompañadas de subidas de salarios.

La carestía de vida se convirtió en un problema para las clases populares: se encarecieron notablemente los productos básicos como el pan, el arroz, el bacalao y los combustibles. El conflicto social, a causa del empeoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la población, fue creciendo de manera inexorable y las organizaciones obreras encabezaron una protesta cada vez mayor que desembocó en el movimiento huelguístico del verano de 1917.

1.4. La crisis de 1917

En 1917 se produjeron conflictos sociales y políticos en gran parte de Europa. En febrero había caído el zarismo en Rusia y en octubre se producía la revolución bolchevique. En este contexto revolucionario, en España, la coincidencia entre las graves dificultades del sistema político de la Restauración (crisis del turnismo, necesidad de reformas...), el descontento militar y la conflictividad social provocaron una protesta generalizada de carácter antigubernamental en la que se vieron implicados los partidos situados al margen del turno dinástico, los militares y las organizaciones obreras.

La protesta militar

El ejército español, como consecuencia de las guerras coloniales, presentaba un número excesivo de oficiales en relación al de soldados. El hecho de que los ascensos se obtuvieran mayoritariamente por méritos de guerra, lo cual beneficiaba a los militares africanistas en detrimento de los peninsulares, agravaba la situación. Además, la inflación había hecho disminuir el valor real de los ya bajos salarios militares. El fuerte descontento entre los oficiales de baja y media graduación desembocó en la formación de las llamadas Juntas de Defensa, asociaciones de militares —la primera nacida en Barcelona—, que se extendieron por la mayoría de las guarniciones peninsulares.

Las juntas reclamaban un aumento salarial y se oponían a los ascensos por méritos de guerra, reivindicando la antigüedad como único criterio. El manifiesto de junio de 1917 culpaba al gobierno de los males del ejército y del país, y hacía un llamamiento a la renovación política utilizando para ello un cierto lenguaje regeneracionista. Ante la situación, el gobierno cedió a las demandas de las juntas, cuya actividad fue tolerada. El manifiesto hizo crecer en ciertos sectores de la oposición las esperanzas de que el ejército podría sumarse a un movimiento que exigiese una renovación de la política nacional.

Pero los acontecimientos demostraron que las reivindicaciones de las juntas tenían poco que ver con las de los otros sectores sociales y que estas eran básicamente un grupo de presión al servicio de sus intereses profesionales.

La crisis política

La situación política no era menos grave. El gobierno conservador de Dato había sido sustituido, en 1916, por un gabinete liberal presidido por el conde de Romanones, que continuó con las viejas prácticas de corrupción política y, ante las quejas, decidió cerrar las Cortes en julio de 1916. En abril de 1917, Dato volvió a asumir la jefatura del gobierno y, a mediados del mes de junio, una representación de diputados de la oposición (nacionalistas, republicanos, etc.) reclamó enérgicamente al gobierno la reapertura de las Cortes. El gobierno se negó y, además, declaró el estado de excepción y aumentó la censura de prensa.

Como reacción, y aprovechando la situación de crisis creada por la protesta militar, a iniciativa de la Lliga Regionalista se organizó en Barcelona una Asamblea de Parlamentarios catalanes (5 de julio de 1917), que exigió la formación de un gobierno provisional que convocara Cortes constituyentes para reformar el sistema político y descentralizar el Estado. Desde la Asamblea se convocó una reunión de todos los diputados y senadores españoles, pero de los 760 citados tan solo acudieron 71, mayoritariamente catalanistas, republicanos y socialistas.

El gobierno prohibió la convocatoria, pero acabo celebrándose el 19 de julio, y fue disuelta finalmente por la Guardia Civil. El movimiento parlamentario no tuvo continuidad y desapareció sin haber conseguido la reforma constitucional:

• Las fuerzas monárquicas no lo apoyaron.
• Las diferencias entre los regionalistas y los grupos de izquierda hacían imposible un acuerdo.
• Las Juntas de Defensa se mostraron contrarias a la iniciativa parlamentaria.
• El movimiento huelguístico que se desató en agosto inhibió a las fuerzas burguesas ante el temor de un estallido revolucionario de mayores dimensiones que la reforma constitucional planteada.

La huelga general revolucionaria

En 1916 ya se había producido un importante movimiento huelguístico y, en marzo de 1917, las centrales sindicales CNT y UGT acordaron firmar un manifiesto conjunto en el que se instaba al gobierno a intervenir para contener los precios bajo la amenaza de convocar una huelga general. La tensión estalló en agosto de 1917, a raíz de un conflicto ferroviario en Valencia, y la UGT, con el apoyo del PSOE, decidió llamar a la huelga general.

La protesta adhirió un carácter político y revolucionario porque las fuerzas obreras convocantes reclamaban el fin de la monarquía, la formación de un gobierno provisional que convocara Cortes constituyentes y el paso a un sistema republicano. La huelga tuvo una incidencia muy desigual, porque apenas contó con la participación de los sectores campesinos. Se produjeron incidentes importantes en muchos puntos del país, como Madrid, Barcelona, el País Vasco y Asturias, donde se llegó a paralizar la vida ciudadana.

La reacción del gobierno fue básicamente represiva: se declaró la ley marcial y se envió al ejército a aplacar el movimiento. El balance fue de más de setenta muertos, dos centenares de heridos y aproximadamente dos mil detenidos. La huelga general fracasó y no consiguió contar con el apoyo de amplios sectores, pero tuvo unas enormes consecuencias: debilitó aun más al régimen, que demostró su brutalidad, y radicalizó a la oposición. En los años siguientes, el sistema político de la Restauración entró en su crisis definitiva.

2. La Descomposición del Sistema (1917-1923)

2.1. La descomposición política

El régimen de la Restauración entró en una progresiva descomposición a causa de los nulos deseos de renovación política de los dirigentes dinásticos y de la fuerte heterogeneidad y debilidad de la oposición, que no consiguió vincular una alternativa conjunta. Los partidos dinásticos, sin líderes claros, se fragmentaron en grupos encabezados por diferentes políticos, con lo cual no era posible reunir mayorías parlamentarias suficientes para constituir gobiernos estables. Desde 1917 se recurrió con frecuencia a la solución de los gobiernos de concentración.

El más relevante fue el llamado gobierno nacional, impulsado por Maura en 1918, que configuró un gabinete con la participación de los líderes dinásticos (conservadores y liberales) y de los regionalistas catalanes (Lliga Regionalista). Las diferencias entre los coaligados imposibilitó al gobierno llevar a cabo reformas, contener los precios y restablecer el orden social. Fracasados los gobiernos de concentración, se volvió al turno dinástico: entre 1918 y 1923, el país conoció, en total, 10 cambios de gobierno, y ninguno de ellos alcanzó un año de vida. Los conservadores gobernaron entre 1919 y 1922 y después, de nuevo, los liberales.

A pesar de recurrir al fraude electoral, ningún partido dinástico reunió la mayoría parlamentaria necesaria para gobernar y fue constante el recurso a medidas de excepción, a la suspensión de las garantías constitucionales y a la clausura del Parlamento.

2.2. Conflictividad obrera y pistolerismo

Los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial fueron de gran conflictividad en toda Europa. El triunfo de la revolución bolchevique y el establecimiento del Estado soviético en Rusia dieron alas y esperanzas a todos los grupos revolucionarios. En España, el final del conflicto europeo propició un cambio brusco de las condiciones económicas: la producción descendió, aumentó el paro y subieron los precios, lo cual provocó de nuevo la movilización obrera y un espectacular crecimiento del sindicalismo.

El movimiento huelguístico afectó a un buen número de regiones industriales, pero fue en Barcelona donde alcanzó mayores dimensiones. En 1919 se inició una huelga en la Canadiense —empresa que suministraba electricidad a la mayor parte de Barcelona—, que consiguió la paralización del 70 % de la industria local. La huelga duró un mes y medio y finalizó con un acuerdo por el cual la patronal aceptaba la readmisión de los despedidos, aumentos salariales y la jornada de 8 horas. Pero el incumplimiento de la promesa de liberar a los detenidos hizo reanudar la huelga y la patronal respondió con el cierre de empresas y una durísima represión contra los sindicatos.

En Andalucía, la situación de miseria del campesinado, reforzada por el aumento de los precios, dio paso al trienio bolchevique (1918-1921). Los anarquistas, y en menor medida los socialistas, impulsaron revueltas campesinas motivadas tanto por el "hambre de tierras" como por el deterioro de los salarios y de las condiciones de vida. Se quemaron cosechas, se ocuparon tierras y muchos municipios llegaron a estar controlados por los comités de huelga. Córdoba, con 23 huelgas agrarias y más de 30 000 trabajadores involucrados en ellas, se convirtió en la punta de lanza de un movimiento campesino que se extendió a otras provincias andaluzas, manchegas y extremeñas. La declaración del estado de guerra, la ilegalización de las organizaciones obreras y la detención de sus líderes pusieron fin a la rebelión.

La conflictividad laboral degeneró en una radicalización de las posiciones de los sindicatos y de la patronal, sobre todo en Cataluña:

• Para detener la fuerza sindical, los patronos instituyeron la Federación Patronal, contrataron a pistoleros a sueldo para asesinar a los dirigentes obreros y recurrieron, frecuentemente, al lockout (cierre de empresas).
• Fundaron el Sindicato Libre, que emplearon en su favor fomentando las acciones violentas contra el sindicalismo anarquista.
• Algunos grupos vinculados a la CNT respondieron a esta situación practicando también un activismo violento y atentaron contra las autoridades, los patronos y las fuerzas del orden. Entre estos grupos cabe citar a Los Solidarios, que actuaron en Barcelona y entre los cuales se hallaban Buenaventura Durruti, Juan García Oliver y Francisco Ascaso.

La Federación Patronal barcelonesa exigía medidas de fuerza, y el general Martínez Anido, gobernador civil de Barcelona, protagonizó una política de protección de los pistoleros de la patronal; ejerció una dura represión contra los sindicalistas y puso en práctica la ley de fugas, según la cual la policía podía disparar contra los detenidos en caso de intento de fuga.

Todo ello originó la época conocida como el pistolerismo (1916-1923), durante la cual tuvieron lugar más de 800 atentados en los que murieron 226 personas, entre ellas:

• Eduardo Dato, presidente del gobierno, asesinado por militantes cenetistas en 1921.
• Conocidos empresarios y dirigentes sindicales como Salvador Seguí (el "Noi del Sucre", 1923).
• El abogado laboralista Francesc Layret (1920).

Ambos fueron asesinados por pistoleros a sueldo.

2.3. El problema de Marruecos: Annual

Al comenzar la década de 1920, en la zona oriental del protectorado de Marruecos, en torno a Melilla, las tribus rifeñas hostigaban al ejército español de forma permanente. En 1921 se intentaron varias operaciones con el fin de controlar a los rebeldes, y para dirigir el ejército de la zona se nombró al general Silvestre, relacionado con el rey Alfonso XIII, partidario de atacar a las cabilas rifeñas. El general inició una ofensiva hacia el interior del territorio que acabo en un verdadero desastre.

El ejército fue derrotado en Annual, se perdió todo el territorio ocupado y se produjeron unas 13 000 bajas, incluida la de Silvestre. En 1923, con gobiernos inestables y una grave tensión social, el anuncio de que sería discutido en el Parlamento el caso de Annual y de que se iban a pedir responsabilidades que podrían implicar al propio monarca movilizó a sectores del ejército y de la derecha, que desde hacía tiempo veían la solución a la crisis en una dictadura militar.