Cuestionario sobre Derecho Administrativo y Ordenamiento Jurídico

1. Teoría del ordenamiento jurídico

La teoría del ordenamiento jurídico sirve para abordar, al menos, lo siguiente:

• La existencia de una pluralidad de ordenamientos y las relaciones entre distintos ordenamientos.
• La existencia de un ordenamiento jurídico y las relaciones que se producen.
• Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

2. El artículo 1.1 del Código Civil

El artículo 1.1 CC:

• Afirma que cada ordenamiento (internacional, de la UE, canónico, etc.) no tiene sus propias fuentes y vale para todos lo que dice el art. 1.1 CC.
• Enuncia las fuentes del ordenamiento jurídico español. En concreto, lo que determina son las fuentes de los distintos ordenamientos públicos españoles.
• Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

3. Principio de jerarquía normativa

La articulación entre las diversas normas de cada uno de los ordenamientos estatales se rige con frecuencia por el principio de jerarquía, que se garantiza en el art. 9.3 CE:

• Hablamos de jerarquía entre normas de distintos ordenamientos, por ejemplo, entre un reglamento estatal y uno andaluz.
• Así, dentro de cada ordenamiento, hablamos de jerarquía solo entre normas de un mismo ordenamiento.
• Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4. Consecuencias de la jerarquía normativa

La consecuencia de esa ordenación jerárquica de las normas es que:

• La norma superior puede modificar o derogar a la inferior; mientras que, por el contrario, carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior (art. 1.2 CC).
• La norma superior no puede modificar o derogar a la inferior; mientras que, por el contrario, carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior (art. 1.2 CC).
• Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

5. La costumbre en el Derecho Administrativo

En el derecho administrativo:

• El papel de la costumbre es muy limitado, mucho más que en el derecho privado. Ello se debe al singular sometimiento de la AP al principio de legalidad (vinculación positiva), según el cual la AP solo puede actuar sobre la base de potestades previamente conferidas por normas escritas y en el marco de lo establecido por ellas.
• Existen sectores del ordenamiento administrativo regidos, en mayor o menor medida, por la costumbre, si bien es verdad que cuando ello es así, lo es por expresa remisión o permisión de la ley.
• Las dos respuestas anteriores son correctas.

6. El precedente administrativo

El precedente administrativo:

• Es fuente del derecho.
• No es fuente del derecho y por eso la administración puede apartarse del precedente motivándolo.
• Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

7. Jurisprudencia y artículo 1.6 del Código Civil

El art. 1.6 CC atribuye un papel complementario a la jurisprudencia, entendida como la doctrina que de modo reiterado establezca:

• El Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, contenida al menos en dos pronunciamientos.
• El TC al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, contenida al menos en dos pronunciamientos.
• Las dos respuestas anteriores son correctas.

8. Competencias estatales (art. 149.1.18 CE)

El art. 149.1.18 CE reserva al Estado:

• La hacienda general y deuda del Estado.
• La legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las CCAA de establecer normas adicionales de protección.
• Las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las CCAA; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas.

9. Principio de legalidad

El artículo que consagra el principio de legalidad de la administración de forma expresa es:

• El art. 9.3 CE.
• El art. 9.1 CE y 9.7 CE.
• El art. 103 CE.

10. Sometimiento a la ley

El sometimiento de la administración a la ley y al derecho supone que:

• La A no puede contradecir el ordenamiento jurídico (vinculación negativa).
• La A solo pueda hacer lo que le permitan las leyes (vinculación positiva).
• Las dos respuestas son correctas.

11. Potestades regladas

Hablamos de potestades regladas:

• Cuando la norma acota y cierra exhaustivamente todos sus elementos, de modo que a la A no le queda margen o resquicio alguno de valoración o estimación subjetiva.
• Cuando la norma confiere a la A un margen de valoración subjetiva en lo que concierne a la elección de la consecuencia jurídica procedente. Por tanto, la norma permite a la A elegir entre varias soluciones todas ellas lícitas o incluso, en su caso, entre actuar y no actuar.
• Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

12. Arbitrariedad y discrecionalidad

Según dispone el artículo 9.3 CE:

• Se prohíbe la interdicción de la discrecionalidad.
• Se prohíbe la interdicción de la arbitrariedad.
• Arbitrariedad y discrecionalidad son sinónimos.

13. Desviación de poder

La desviación de poder es, según establece el art. 70.2 LJCA:

• El ejercicio de potestades administrativas para fines distintos a los fijados por el ordenamiento.
• Constituye un vicio que puede afectar tanto a las potestades regladas como a las discrecionales.
• Las dos respuestas son correctas.

14. Motivación de los actos administrativos

Muchos actos administrativos deben contener una motivación, según se desprende del art. 35.1 i) LPAC. Entre ellos destacan:

• Los que se dicten en el ejercicio de las potestades discrecionales.
• Los que se dicten en el ejercicio de las potestades regladas.
• Ninguna de las respuestas anteriores es correcta, los actos administrativos no deben contener motivación.

15. Facultades de los órganos jurisdiccionales

Según establece el art. 71.2 LJCA, los órganos jurisdiccionales:

• Podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularan, pero sí podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados.
• No podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen, ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados.
• Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

16. La autotutela

La autotutela:

• Es la prerrogativa o exorbitancia más ostensible y significativa de la administración.
• Es la prerrogativa o exorbitancia más ostensible y significativa de los sujetos privados.
• No se atribuye a la administración, sino a la heterotutela.

17. Manifestaciones de la autotutela

La autotutela:

• Está consagrada por ley, pero no como tal, sino que se proclaman sus manifestaciones concretas y se enuncian en los arts. 38, 39.1, 98.1 y 99 LPAC.
• De la LPAC se desprenden tres reglas: presunción de validez, la ejecutividad y la ejecución forzosa administrativa.
• Las dos respuestas anteriores son correctas.

18. Validez de los actos administrativos

Según el art. 39 LPAC, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo:

• Se presumirán válidos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
• Producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
• Las dos respuestas anteriores son correctas.

19. Ejecución forzosa

Según dispone el art. 99 LPAC, las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso:

• Podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de un órgano judicial.
• No podrán proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que exista la intervención de un órgano judicial.
• Las dos respuestas son correctas.

20. Orden jurisdiccional contencioso-administrativo

En España, hay unos tribunales específicamente dedicados a resolver los litigios de la A:

• Un orden jurisdiccional, el contencioso-administrativo, que, como los demás, tiene su cúspide en el TS (art. 123.1 CE), que está integrado por jueces y magistrados que forman un cuerpo único (art. 122.1 CE), tienen un estatuto común (art. 117.2 CE) y está sometido al gobierno del CGPJ.
• Un orden jurisdiccional que, como los demás, tiene su cúspide en el TC (art. 123.1 CE), que está integrado por jueces y magistrados que forman un cuerpo único (art. 122.1 CE), tienen un estatuto común (art. 117.2 CE) y está sometido al gobierno del CGPJ.
• Las dos respuestas anteriores son correctas.

21. Capacidad de obrar

A los efectos previstos en la LPAC, tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles:

• Por tanto, hay una remisión general a las normas civiles sobre capacidad.
• A pesar de lo anterior, el DA puede modificar esas reglas generales con excepciones más o menos amplias y encontramos constancia de ello en la LPAC. Así, el art. 3 LPAC admite que puedan tener capacidad de obrar ante la A entes sin personalidad jurídica si así lo establece una norma con rango de ley, e igual sucede con los menores en el art. 3 b) LPAC.
• Las dos respuestas anteriores son correctas.

22. Tipos de administrados

En DA, es tradicional la distinción entre dos tipos de administrados, ciudadanos:

• Por un lado, los que se encuentran en una relación de sujeción general con la A, el ciudadano está integrado o vinculado…
• Por un lado, los que se encuentran en una relación de sujeción general con la A, es una relación genérica del ciudadano con la A, sin que exista ninguna integración…
• Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

23. Interesados en el procedimiento

Según dispone el art. 4 LPAC, se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

• Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
• Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
• Las dos respuestas anteriores son correctas.

24. Interés legítimo colectivo

El interés legítimo colectivo, según dispone el art. 4.2 LPAC, supone que:

• Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán los titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca.
• Permite actuar a cualquier persona para defender la legalidad sin necesidad de acreditar ningún género de interés legítimo.
• Las dos respuestas anteriores son correctas.

25. Publicidad activa

La publicidad activa implica:

• Una obligación para los poderes públicos sujetos a la ley de difundir determinada información por propia iniciativa, sin ninguna petición de nadie. Debe ofrecerse en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web de manera clara, estructurada y entendible y ser periódicamente actualizada.
• Según el art. 5 de la Ley de Transparencia, debe incluir la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.
• Las dos respuestas anteriores son correctas.

26. Derecho de acceso a la información pública

El derecho de acceso a la información pública recogido en los arts. 12 y 13 LPAC:

• Es un derecho que corresponde a todas las personas y se deriva del art. 105 CE.
• Es un derecho que corresponde solo a los interesados en el procedimiento administrativo (art. 4 LPAC).
• Es un derecho que corresponde solo a los legitimados en el proceso contencioso-administrativo.

27. Ejercicio del derecho de acceso

Según dispone el art. 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:

• El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información.
• El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información.
• Las dos respuestas anteriores son correctas.

28. Causas de inadmisión

Según prevé el artículo 18 de la Ley de Transparencia, serán causa de inadmisión de las solicitudes:

• Las que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general y las relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.
• Las que se refieran a información que tenga carácter auxiliar.
• Las dos respuestas anteriores son correctas.

29. Motivación de las resoluciones

Las resoluciones que denieguen el acceso, las que conceden el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero, según dispone el art. 20 de la Ley de Transparencia:

• No requieren motivación.
• Serán motivadas.
• Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

30. Plazos y silencio administrativo

Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, en los procedimientos para el ejercicio del derecho de acceso, según dispone el art. 20 de la Ley de Transparencia:

• Se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.
• Se entenderá que la solicitud ha sido estimada.
• Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

31. Forma de acceso a la información

Según dispone el art. 22 de la Ley de Transparencia, el acceso a la información se realizará:

• Preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio y será gratuito.
• Será mediante escrito dirigido al órgano competente y podrá exigirse el pago de la tasa correspondiente.
• Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

32. Régimen de impugnación

La Ley de Transparencia recoge un régimen de impugnación específico en los arts. 23 y 24. Frente a las resoluciones de acceso a la información cabe interponer:

• Un recurso administrativo potestativo, previo al c-a, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
• Un recurso ante la jurisdicción c-a.
• Las dos respuestas anteriores son correctas.