Decreto ley, decreto legislativo, prescripción extintiva y caducidad: diferencias y regulación
DECRETO LEY Y DECRETO LEGISLATIVO: El Art. 82 CE permite que las Cortes Generales deleguen en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias que no estén reservadas a la ley orgánica. La función legislativa corresponde a las Cortes Generales en el marco de sus competencias. Dado que el Art. 82.3 CE exige que la delegación otorgue:
- De forma expresa para una materia concreta
- Con fijación del plazo para su ejercicio.
La finalidad de la delegación legislativa puede consistir en la formación de un texto articulado, que se otorgará mediante una ley de bases, o en la refundición de varios textos legales preexistentes, mediante una ley ordinaria, según establece el Art. 82.2 CE. En ambos casos, la disposición normativa dictada finalmente por el Poder Ejecutivo recibirá el nombre de decreto legislativo.
Decreto ley: el Ejecutivo no recibe ni asume delegación alguna del Legislativo. Es la propia CE la que habilita al Gobierno para dictar disposiciones normativas con rango de ley en casos de extraordinaria y urgente necesidad. La Constitución configura los decretos-leyes como disposiciones legislativas provisionales, para evitar que los gobiernos gobiernen a espaldas de las instituciones parlamentarias. Una vez promulgados, deben someterse al control del Congreso de los Diputados antes de que transcurra el plazo de 30 días, para que dicho órgano se pronuncie sobre su convalidación o derogación.
PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA: es el derecho de un titular que tiene la posibilidad de ejercitar las potestades que su derecho le confiere en un plazo de tiempo determinado.
Interrupción
El titular del derecho que permanece inactivo puede ejercitar su derecho mientras no venza el plazo de prescripción. Cuando cualquier acto del ejercicio del derecho se produce dentro del plazo, entonces el discurrir de este cesa, recomenzando desde el principio otra vez, lo que significa que tras ese acto de ejercicio comienza una nueva etapa de inactividad.
También se interrumpe la prescripción por los medios recogidos en el Art. 1973 CC:
- Reclamación extrajudicial
- Reclamación ante juzgado
- Cualquier acto de reconocimiento de la deuda que haga el deudor.
Suspensión
También puede darse la suspensión de la prescripción, en la que la producción de algún acontecimiento hace que deje de correr el plazo de prescripción, pero sin que se reinicie desde el principio. Una vez pasadas las circunstancias que provocaron la suspensión, se retoma el cómputo en el momento en que había quedado suspendido el tiempo.
Alegabilidad y renuncia
El efecto de la prescripción es hacer inexigible al sujeto pasivo del derecho la observancia de la conducta que podría serle impuesta por el titular. Al producirse un beneficio para el sujeto pasivo sometido al derecho subjetivo, se produce a la misma vez un provecho en principio no inspirado. Por ello, la ley considera que ese beneficio que se obtiene y que sirve en concreto al interés subjetivo del sujeto pasivo debe dejarse en manos del propio interesado.
En consecuencia, la prescripción operará si el beneficiado la alega. Si no la alega, entonces podrá ser condenado a cumplir a pesar de la prescripción. Los tribunales de Justicia no pueden apreciar de oficio el transcurso del plazo de prescripción.
CADUCIDAD: para determinados derechos que la ley considera que se deben ejercitar en un tiempo predeterminado, se fija un plazo de caducidad. Este plazo limita temporalmente la posibilidad de ejercicio del derecho o facultad de que se trate, extinguiéndose ambos a la llegada del plazo y sin que quede posibilidad de interrupción.
La caducidad suele limitar temporalmente la facultad que algunas personas tienen para impugnar una situación jurídica preexistente. Con mucha frecuencia, la ley no se preocupa de determinar si el plazo de ejercicio de los derechos o acciones es de prescripción o caducidad. El intérprete deberá determinarlo atendiendo a las circunstancias, desempeñando un papel en esta materia la doctrina sentada por la jurisprudencia.
La diferencia entre prescripción y caducidad es que esta última puede ser apreciada de oficio por los tribunales y no se puede interrumpir. Tiene un origen legal o convencional, se da para algunos tipos de derechos que tienen un plazo más corto que la prescripción.