Derecho a la Integridad Física y Moral: Marco Constitucional y Límites

Protección Constitucional de la Integridad Física y Moral

El artículo 15 de la Constitución Española (CE) protege el derecho de «todos» a la integridad física y moral, estableciendo que «en ningún caso podrán ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».

Alcance y Definición del Derecho

Este derecho garantiza la inviolabilidad de la persona contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, así como contra cualquier intervención en dichos bienes que carezca del consentimiento de su titular (STC 120/1990). Asimismo, se protege el derecho a la incolumidad corporal, entendido como el derecho a no sufrir lesión, menoscabo o intervención alguna en el cuerpo o en la apariencia externa sin autorización.

Consideraciones sobre la vulneración del derecho

Para que se considere vulnerado este derecho, no es necesario que exista un riesgo o daño efectivo para la salud (como ocurre en los análisis de sangre, orina, pelos o uñas). Se descartan como causas de lesión las inspecciones y registros corporales realizados sin menoscabo físico, sin perjuicio de que puedan afectar al derecho a la intimidad si recaen sobre partes íntimas o inciden en la privacidad.

También se ven afectadas aquellas actuaciones que generan un peligro grave para la salud, tales como conductas de acoso moral en el ámbito laboral, las cuales pueden incidir en la integridad moral y afectar la dignidad profesional del individuo.

Requisitos para Intervenciones Corporales no Voluntarias

Para que una intervención corporal no voluntaria sea conforme a la Constitución, debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Fin constitucionalmente legítimo.
• Principio de legalidad: necesidad de una previsión legal específica.
• Jurisdiccionalidad: la práctica de diligencias limitativas requiere decisión judicial, salvo en casos leves autorizados por ley a la policía judicial por razones de urgencia y necesidad.
• Principio de proporcionalidad: la medida debe ser adecuada, necesaria y proporcional en sentido estricto. Esta se quiebra si la medida supone un riesgo para la salud.
• Respeto a la dignidad de la persona y prohibición de infligir tratos inhumanos.
• Intervención de personal sanitario para la ejecución de las diligencias.

Protección de la Salud y Autonomía Personal

En relación con las actuaciones dirigidas a la protección de la salud, el derecho a la integridad física y moral no consiente que se imponga a una persona una asistencia médica en contra de su voluntad, independientemente de los motivos de dicha negativa. Este derecho está íntimamente conectado con la dignidad de la persona y el valor superior de la libertad.