Derecho Penitenciario: Cuestiones Clave sobre Permisos, Sanciones e Indultos

Cuestiones Fundamentales de Derecho Penitenciario

1. Finalidad Social de los Permisos Ordinarios de Salida

Su finalidad es contribuir a la reinserción social del interno, preparándolo para la vida en libertad. El objetivo es que el interno pueda mantener o, en su caso, establecer vínculos sociales y romper con el efecto negativo de la privación de libertad continuada.

En concreto, la finalidad esencial es que el interno mantenga contactos periódicos con el exterior (a través de relaciones familiares, laborales, de amistad, con instituciones públicas o privadas, etc.) y, al mismo tiempo, que los equipos técnicos puedan comprobar y valorar el uso que el interno hace de los mismos, lo que aporta elementos de juicio que pueden ser decisivos a la hora de formular las propuestas de progresión de grado o de libertad condicional.

2. Órgano Autorizado para la Intervención de Comunicaciones

El director del centro penitenciario, quien ha de dar cuenta a la autoridad judicial de la intervención, salvo en el caso de comunicaciones entre internos con los abogados defensores o con los abogados expresamente llamados en relación con asuntos penales o con los procuradores que los representen.

En estos últimos casos, las comunicaciones solo podrán ser intervenidas por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.

3. Consideración de la Sanción de Aislamiento en Celda

De acuerdo con el Tribunal Constitucional, no es una sanción privativa de libertad, sino una modificación de las condiciones de estancia en la prisión, esto es, una restricción en las condiciones de vida de quienes están ya privados de libertad en virtud de sentencia firme.

En el supuesto de que se considerara sanción privativa de libertad, tal sanción sería inconstitucional pues vulneraría lo dispuesto en el artículo 25.3 de la Constitución, que prohíbe a la administración civil imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad.

4. Función y Naturaleza de los Medios Coercitivos

La función de estas medidas es restablecer la normalidad en casos de alteraciones del orden que precisen la actuación urgente de la administración penitenciaria. Por esta razón, estas medidas no podrán prolongarse más allá del tiempo estrictamente necesario para el restablecimiento de la normalidad.

La naturaleza de estas medidas es preventiva y no represiva, esto es, no tienen carácter sancionador, sino que su finalidad es preventiva: restablecer el orden siempre que se dé una situación de urgencia. Además, la normativa penitenciaria prohíbe a los funcionarios penitenciarios el uso de armas de fuego en el ejercicio de sus funciones de mantenimiento de la seguridad.

5. Aplicación del Indulto Particular en Condenas Acumuladas

El artículo 206 del Reglamento Penitenciario establece que la Junta de Tratamiento, previa propuesta del equipo técnico, podrá solicitar del juez de vigilancia la tramitación de un indulto particular, en la cuantía que aconsejen las circunstancias, para las penas en las que concurra, de modo continuado durante un tiempo mínimo de 2 años y en un grado que se pueda calificar de extraordinario, todas y cada una de las siguientes circunstancias:

• Buena conducta.
• Desempeño de una actividad laboral normal, bien en el establecimiento o en el exterior, que se pueda considerar útil para su preparación para la vida en libertad.
• Participación en las actividades de reeducación y reinserción social.

Así pues, a diferencia del beneficio del adelantamiento de la libertad condicional, el indulto particular no establece límites de aplicación por razón del delito cometido.

Ahora bien, si al interno le es aplicable el Código Penal de 1995, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2003, se le impondrán los límites establecidos en el artículo 78 del Código Penal. De manera que, si la suma total de las penas impuestas es de 100 años, pero el máximo de pena a cumplir es de 40 años (artículos 76.1.d y 76.2 del Código Penal) y, por tanto, inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, lo que significa que el indulto o indultos que se le concedan al interno deberán descontarse de los 100 años de condena, sin que en este caso exista posibilidad alguna de reconsideración.