Derecho Procesal Contencioso-Administrativo: Órganos, Competencias y Procedimientos

Órganos y Competencias

La distribución competencial dentro del orden jurisdiccional contencioso-administrativo se organiza de la siguiente manera:

• Juzgados de lo Contencioso-Administrativo: conocen en primera o única instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos dictados por las diferentes Administraciones, por ejemplo, los actos de las entidades locales.
• Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ): conocen de los actos y resoluciones dictados por los tribunales económico-administrativos regionales y locales que pongan fin a la vía económico-administrativa, y aquellos que, dictados por el Tribunal Económico-Administrativo Central, se refieran a tributos cedidos. En el resto de las materias, la competencia corresponderá a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
• Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo: conocen de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto, en primera o única instancia, materias de personal cuando se trate de actos dictados por ministros y secretarios de Estado, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera.
• Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN): conocerá de las disposiciones generales y actos de los ministros y de los secretarios de Estado en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de los funcionarios de carrera.
• Sala 3.ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS): conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno.

Procedimiento Abreviado

El procedimiento abreviado se caracteriza por un acortamiento de los trámites del procedimiento ordinario. Se inicia por demanda y se fundamenta esencialmente en el principio de oralidad.

• Órganos competentes: Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
• Materias:
  • Cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas.
  • Extranjería.
  • Asilo político.

Recurso de Apelación / Alzada

Se define como el procedimiento ordinario de impugnación que la ley concede a la parte que se crea perjudicada por una resolución judicial, para acudir ante el juez superior y volver a discutir con toda amplitud el caso, aun cuando la parte se limite a repetir sus argumentos de hecho y de derecho, con el fin de que todo, o en parte, sea rectificado a su favor y se haga un nuevo examen de la resolución impugnada por ese otro tribunal de superior jerarquía.

Procedencia y plazos: procede contra sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. Se interpone ante los mismos juzgados en el plazo de 15 días y lo resolverá la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ.

Efectos:

• Efecto devolutivo: habilita al órgano judicial superior para entender del asunto en todas sus vertientes.
• Efecto suspensivo: la sentencia del órgano judicial de donde procede la resolución apelada no es firme ni ejecutiva, salvo en los casos de ejecución provisional.

Medidas Cautelares

Constituyen aquella actuación administrativa que la Administración adopta, de oficio o a petición de parte, que tenga como finalidad afectar derechos o intereses patrimoniales y/o personales del sujeto administrado. Empero, es condición conditio sine qua non para que opere que se haya iniciado un procedimiento y que la autoridad competente emita una decisión motivada en la que decida de forma provisoria.

Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución definitiva o cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución.

Su concesión no se encuentra al libre albedrío o voluntad de la Administración; es necesario que la medida cautelar no cause un perjuicio de imposible reparación a los administrados, bajo apercibimiento de ser revocada, y que el sustento para su adopción se encuentre debidamente inspirado en los postulados de fumus boni iuris (apariencia de buen derecho) y periculum in mora (peligro por la demora procesal).