Desarrollismo y Franquismo en los Años 60: Transformaciones Sociales, Laborales y Políticas

Cambio Social

El punto de partida de las transformaciones sociales en España durante la década de 1960 fue la política marcada por el Plan de Estabilización de 1959. Este plan llevó a una profunda transformación de la estructura económica, que tuvo consecuencias en la estructura social del país. Un primer indicador de este cambio social sería la composición de la población activa: mientras que en 1960 alrededor del 50% se dedicaba al sector agrario, en 1975 este porcentaje se redujo al 25%. Es decir, el sector agrario perdió la mitad de sus activos, principalmente por el proceso de industrialización y, posteriormente, de terciarización de la economía española.

Otros indicadores del cambio social fueron las transformaciones demográficas. Se dio un importante crecimiento de la población en un lapso corto de tiempo: en 1950, la población española era de 28.000.000 de habitantes, mientras que en 1975 era de 35.000.000. Esta población, que experimentaba un crecimiento constante e intenso, llevó a cabo un desplazamiento masivo del campo a las ciudades, con un importante, brusco y acelerado proceso de éxodo rural: entre 1960 y 1975, aproximadamente unos 10.500.000 emigrantes internos. Geográficamente, este proceso de éxodo interior se produjo desde Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía o Galicia hacia los nuevos focos principales de riqueza: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Estos migrantes internos acabaron instalándose en barrios suburbiales, protagonizando experiencias duras, como el chabolismo y la marginación, habitando barrios que carecían de los servicios y equipamientos básicos. Estos barrios, con los años, pasarían a denominarse “polígonos de viviendas”. Se crearon planes de emergencia social para paliar esta situación.

En estos barrios marginales, los vecinos construyeron fuertes lazos de solidaridad de donde surgieron, a finales de los 60, las primeras asociaciones vecinales. Se desarrollaron una serie de procesos que hoy denominaríamos de “empoderamiento colectivo”, basándose en dos identidades comunes a todos esos vecinos: la identidad trabajadora y la identidad suburbial –marginación que les une–. Así, la confluencia de estas identidades acabó derivando, a finales del franquismo, en un verdadero movimiento social, el movimiento vecinal, que entrará en disputa con las autoridades municipales, extendiéndose el conflicto a la Transición.

Este proceso histórico fue muy importante para la deslegitimación social y económica de la dictadura, así como para la difusión de los valores democráticos. Pese a que parten de reivindicaciones concretas para la mejora de las condiciones de vida de sus barrios, acaban evolucionando hacia la reivindicación de derechos y de la democracia.

El Mundo Laboral en el Desarrollismo

En este caso, el punto de partida está en la industria que, si bien estaba tecnificada, todavía no lo estaba tanto como para demandar una tecnificación elevada de su mano de obra. Así, existían grandes contingentes de mano de obra rural, instalada en las periferias, disponible para un sector industrial en alto crecimiento y demanda de trabajadores. Por ello, en un principio, la industria española pudo ofrecerles empleo y absorber a una gran cantidad de mano de obra relativamente homogénea y poco tecnificada. En los años 60, España experimentó un gran despegue industrial, partiendo de la industria pesada, la metalurgia y la minería –con unos niveles muy bajos, como ya vimos–. Por ello, a mediados de los 50, no era demasiado difícil emigrar a la ciudad y conseguir trabajo en la industria, ya que los sectores de más demanda –automovilístico, químico, textil…– no exigían una formación demasiado alta.

En 1958 se produjo un cambio importante en el ámbito de las relaciones laborales que tendrá consecuencias sindicales y políticas: la aprobación de la Ley de Convenios Colectivos. La motivación de la dictadura no era mejorar los derechos de los trabajadores, sino incrementar la productividad industrial. En los años 50, la industria había comenzado a despegar, por lo que se buscó aumentar su productividad animando a los empresarios y a sus trabajadores a negociar directamente sus condiciones laborales. Estamos ante un intento de la dictadura de flexibilizar la situación del mercado laboral, con cambios como la fijación de los salarios por parte de las empresas y no por el gobierno. Sin embargo, esto no significaba la eliminación total del Estado en el mercado laboral, en tanto que las negociaciones contarían siempre con la intermediación del Sindicato Vertical.

Con todo, esta medida acabó resultando contraproducente, tanto en el plano sindical como en el político, especialmente a partir de 1962, cuando se produjo la huelga minera de Asturias, una huelga bastante importante de oposición al régimen, marcando el aumento y la conversión de la conflictividad laboral en conflictividad política. Esto se explica a partir de la propia aprobación de la Ley de Convenios Colectivos, que había permitido a los trabajadores comprobar que la conflictividad laboral, al plantearse de manera colectiva, tenía menos consecuencias para ellos. La ley permitía a los trabajadores utilizar sindicatos para elegir a los representantes que defenderían sus intereses dentro de la empresa frente a sus propietarios.

En cuanto a estos sindicatos, existían unas elecciones –ficción de la democracia orgánica– donde los trabajadores podían elegir sus representantes, pero no solía ser de su interés porque la negociación era inexistente. Sin embargo, con la nueva ley, surgió el interés por estas elecciones y comenzó a practicarse el entrismo, es decir, colocar a verdaderos representantes de los trabajadores en las instituciones sindicales del régimen. En este proceso fueron muy importantes las Comisiones Obreras, que partieron de pequeñas comisiones de trabajadores ubicadas en cada fábrica, aunque al poco tiempo pasaron a estar bajo la dependencia del Partido Comunista. Como podemos observar, el propio régimen, sin querer, estaba facilitando una protesta organizada de los trabajadores.

Así, en las candidaturas sindicales solía haber una candidatura oficialista, aquella que beneficiaba a la empresa, junto con varias entristas, en beneficio de los trabajadores. Progresivamente, desde los 60, aumentó la presencia de representantes entristas y, de hecho, en las elecciones sindicales de 1975 arrasaron las Comisiones Obreras. Con el tiempo, se produjo algo parecido al desarrollo del movimiento vecinal: las huelgas, que partían de reivindicaciones laborales, pasaron a desarrollar, progresivamente, un carácter político. Aunque parten de un cuestionamiento de las normas de la empresa en la que trabajan, acaban contagiándose de un sector a otro y, ante la masificación, intervienen las fuerzas del orden público.

Es importante entender la evolución de estas reivindicaciones obreras, en tanto que parten de una reivindicación material, como un incremento del salario o de la seguridad laboral, avanzando progresivamente hacia una reivindicación política, que lleva a un cuestionamiento total del sindicalismo vertical –demandando elecciones libres–, de la legislación laboral del franquismo y, en consecuencia, de las propias estructuras políticas de la dictadura. Así, en un país donde la huelga estaba prohibida y considerada un delito grave, entre 1966 y 1975 se perdieron entre 67 y 74 millones de horas de trabajo, convirtiéndose España, una dictadura, en uno de los países de Europa occidental con mayor conflictividad laboral.

Todo el proceso mencionado provocó una dinámica conflictiva, de litigios permanentes entre trabajadores, representantes sindicales y la dictadura. En consecuencia, durante el desarrollismo se fue conformando un sindicalismo maduro, se experimentó en la lucha de clases, en la lucha contra la empresa… que será fundamental tanto en la erosión política de la dictadura en sus años finales como en la apertura del sistema político durante la Transición.

Otra cuestión importante es que este sindicalismo estuvo protagonizado por una nueva clase obrera: eran más jóvenes, estaban mejor integrados en la sociedad, se beneficiaron –progresivamente– del mayor acceso a bienes de consumo y de cultura, estando mejores formados y con mejores condiciones de vida. Es una clase obrera más pragmática que la anterior, vive una renovación generacional muy importante de sus integrantes, que ya no están tan atados a las ideologías obreristas previas a la Guerra Civil y a la intransigencia del movimiento obrero español del primer tercio del siglo XX: los nuevos obreros irán hacia metas más concretas, desafiando el sistema político.

Desarrollismo y Tecnocracia

El desarrollismo, desde el punto de vista político, se caracterizó por una nueva familia política dentro del bloque de poder de la dictadura: los tecnócratas. Estos formaban parte de las élites del Opus Dei, con unas formas de cooptación y objetivos diferentes de los nacionalcatólicos, que habían sido predominantes hasta los 50. Aunque los tecnócratas también eran católicos, no lo eran de la misma manera que los anteriores: eran jóvenes y tenían formación, normalmente adquirida en el extranjero.

Esta nueva élite apareció con la reforma gubernamental de 1957, con perfiles como Alberto Ullastres, Navarro Rubio o Laureano López Rodó, que fueron ministros bajo la protección de Carrero Blanco, presidente en los 60, asesinado por ETA en 1973. Este gobierno surgió a raíz de una crisis política provocada por el intento de Arrese, ministro secretario general del movimiento, de institucionalizar la Falange. Las primeras medidas de los tecnócratas fueron, fundamentalmente, de carácter económico, destacando su capacidad para convencer a Franco de aprobar el Plan de Estabilización de 1959. Una de sus primeras medidas fueron una serie de reformas legales que pretendían racionalizar y modernizar la administración del Estado, que estaba muy politizada y era muy deficiente. La importancia de esta reforma, en parte, estaba en que la burocracia estaba bajo el control de la Falange, siendo su gran estructura la OSE, resistente a la política de modernización.

En esta situación, los tecnócratas fueron contra esa burocracia y se plantearon una cuestión que todavía nadie había planteado: Franco comenzaba a estar enfermo y a mostrar los problemas típicos de la edad, siendo necesario establecer la institucionalización política del régimen, pensar qué pasaría después de la muerte de Franco. Así, desarrollaron una institucionalización del régimen a su medida:

1. Subordinaron a FET-JONS a la presidencia del gobierno y la jefatura del Estado. Dejaron claro a la Falange que, políticamente, se acabaron sus intentos de individualizarse y de optar a un poder mayor.
2. Aprobaron la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento en 1958, domesticando definitivamente a la Falange, reduciendo el partido único a una mera “comunión entre españoles”, donde el nexo común fuese compartir los valores del franquismo. Es decir, desnaturalizar el partido.
3. Promulgaron la Ley Orgánica del Estado en 1966.

En 1969, tuvo lugar la proclamación del príncipe Juan Carlos como sucesor de Franco, instaurando así el retorno de España al reino tras la muerte de Franco. Estas decisiones reflejan una dictadura que intenta modernizar sus estructuras productivas y las costumbres sociales, pero que busca una continuidad y un inmovilismo dentro de la política. Desde el punto de vista del discurso público, si en sus orígenes, la legitimidad de la dictadura se basaba en la victoria militar, a partir de los 60 los tecnócratas intentaron basarla en el desenvolvimiento económico, la existencia de una burocracia eficaz, un Estado que administra el nuevo bienestar social y material de los españoles…

En 1963 se aprobó también la Ley de Bases de la Seguridad Social, con el objetivo último de despolitizar al máximo posible la sociedad española. Si en la posguerra se consiguió esa despolitización a través del miedo, ahora buscaron despolitizar a los súbditos consiguiendo que confiaran en la eficacia de la gestión pública y en el gobierno, porque la dictadura estaba ofreciendo mejoras y esperando que la población se conformara. Las mejoras económicas y el acceso colectivo al consumo habían terminado por actuar como un sustitutivo de la democratización de la sociedad y el sistema político, generando cierto consenso pasivo. Además, a esto se sumó el temor transversal de buena parte de la sociedad a que la ausencia de Franco pudiese llevar a una nueva etapa de enfrentamiento político y violencia. Esta suma de factores, la legitimidad de gestión del franquismo y el recuerdo traumático de la Guerra Civil y la posguerra condicionaron el proceso de la transición a la democracia.

Los Intentos de Reforma de la Falange

Durante los 60, la Falange no se conformó con ese proyecto tecnocrático del régimen, intentando resistirse a la domesticación que los tecnócratas pretendían para el partido único. Por ello, intentaron mantener cierta autonomía, intentando revitalizar el partido y el movimiento con reformas que consiguiesen atraer a sectores más amplios de la sociedad: intentaron que sus estructuras pareciesen más representativas y abiertas para que, en consecuencia, una parte más amplia de la sociedad se sintiese representada. Se trataba de un proyecto complicado, en tanto que el Partido Único del franquismo nunca llegó a asimilarse al partido único de otros fascismos, nunca llegó a convertirse en una estructura de movilización de masas como el partido fascista o el nazi, reduciéndose en el caso franquista a una movilización bastante episódica. De hecho, este elemento está en el centro del debate sobre si el franquismo es o no es un régimen fascista, en tanto que se debate sobre si este buscaba el consenso activo de la población.

Para lograr abrirse a la sociedad, utilizaron su estructura institucional más potente: la OSE (Organización Sindical Española). Así, intentaron reformar la OSE y animar un cierto asociacionismo político, tutelado y limitado por el partido. Es decir, que pretendieron sindicalizar el Partido Único, utilizar su estructura y darle una “nueva vida” a partir de un asociacionismo controlado que pudiese servir para contrarrestar el poder de los tecnócratas. Estaban buscando crear una oposición interna, oficialista, moderada… dentro del propio régimen, que se estructurase frente a la iniciativa tecnócrata. Sin embargo, Carrero Blanco y López Rodó paralizaron este intento, en tanto que lo entendían como un desafío directo hacia los tecnócratas, consiguiendo que Franco cesara a Solís Ruiz de su cargo en 1969. Además, cabe destacar que este desafío falangista tampoco llegó a contar con el apoyo de las demás familias políticas del régimen, en tanto que eran contrarios a cualquier cuestión que pudiese recordar a un pluralismo político, porque solía vincularse a sistemas políticos liberales, siendo el liberalismo una corriente política e ideológica demonizada por el franquismo.

Con todo, los siguientes ministros-secretarios generales de FET-JONS intentaron conseguir la concesión de una mayor significación a las asociaciones políticas, llegando hasta 1974, bajo el gobierno de Arias Navarro, con la aprobación de un Nuevo Decreto de Asociaciones Políticas, aunque todas las que llegaron a aprobarse estuvieron estrictamente controladas por el movimiento nacional y por el gobierno.

Dentro de las tentativas reformistas de finales de la dictadura, destaca la nueva Ley de Prensa de 1966, promovida por el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga. Esta ley fomentaba la autocensura de los medios de comunicación, que podían publicar “libremente”, pero si los directores optaban por publicar información que el régimen considerase inapropiada, eran sancionados. Además, el régimen tenía la posibilidad de secuestrar las publicaciones si estas eran “políticamente inaceptables”. Esto provocaba, en consecuencia, la aplicación real de la autocensura por parte de los medios. Con todo, esta ley permitió una relativa transformación del panorama informativo, surgiendo revistas que generaron cierta apertura –muy moderada– en los debates sobre temas políticos o sociales.

En 1969, Carrero Blanco logró convencer a Franco de transformar el gobierno –de ahí la caída de Solís–, consiguiendo el dominio de los tecnócratas y de personajes afines a Carrero, estando este al frente del gobierno.